Por 10 votos a favor y tres abstenciones, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados aprobó en general ayer el proyecto de ley que buscar crear la figura de administrador provisional para intervenir en instituciones de educación superior en casos de crisis.

La iniciativa fue presentada por el Ministerio de Educación, que agregó indicaciones al proyecto ayer justo antes de que fuera votado en la Cámara. Las modificaciones añadidas responden a los cuestionamientos de algunos artículos del proyecto durante su primer debate frente a las facultades del interventor para revocar los contratos suscritos por las instituciones de educación con terceros.

Las críticas

Esto, luego de las duras críticas realizadas el lunes por representantes de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), rectores de casas de estudios y específicamente por el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, quienes asistieron a una reunión con la comisión de la Cámara Baja.

En esa instancia, Peña argumentó que pese a estar bien redactado, el proyecto atentaba con la Constitución al tener elementos 'expropiatorios'. El rector argumentó que la iniciativa podría afectar la autonomía de las instituciones de educación superior, lo que está consagrado a través de leyes de rango orgánico constitucional.

'No es posible instituir a un administrador provisional que pueda tomar bienes que no le pertenecen a la institución en el interés de los estudiantes. Jurídicamente eso no es admisible en el derecho vigente en Chile', argumentó Peña el lunes, asegurando que si se aprobaba el proyecto tal como estaba, se estaba incurriendo en un hecho inconstitucional.

La necesidad de incluir mejoras al proyecto fue secundada por el presidente de la CNA, Matko Koljatic, que se mostró a favor de aprobar la medida del Gobierno.

La iniciativa fue aprobada por los 10 diputados de la Nueva Mayoría de la comisión y con los votos de Romilio Gutiérrez (RN) y el independiente Felipe Kast (Evópoli). Las tres abstenciones fueron de parlamentarios de la UDI.

La iniciativa cuenta con suma urgencia y luego de pasar su primera instancia deberá ser votada en particular su articulado, para luego ser discutida en la Comisión de Hacienda, votada por el pleno de la Cámara de Diputados y luego por el Senado.