La seguridad es un tema sensible en toda empresa. No sólo está en juego la productividad de la organización sino principalmente la integridad y la vida de las personas. Por lo mismo cuando falla la prevención y ocurre un accidente, cualquiera sea el área productiva afectada, deben asignarse las responsabilidades correspondientes, pero de manera objetiva, clara e imparcial. Esto sólo se logra con una investigación seria y efectiva que involucre a todos los actores involucrados, sin excepción. De no ocurrir así, se estaría promoviendo el abuso, la arbitrariedad y la falta de transparencia al interior de las mismas empresas.

Peor sería aún que esas mismas organizaciones o sus trabajadores oculten los accidentes para mostrar públicamente índices que están muy alejados de la realidad que se vive en faena. Eso no sólo iría en contra de la ética empresarial y estaría en falta con la legalidad sino que también representaría una contradicción enorme con la gestión empresarial que dicen desarrollar y que está centrada en la protección de la vida, la integridad física y la salud de todos los trabajadores que aportan directamente e indirectamente a su crecimiento y productividad.

De ocurrir así, fiscalizadores en este asunto debieran ser los mismos trabajadores, sus representantes o empleadores de manera de no permitir estas dañinas licencias que, insistimos, no van en línea con la mejora continua que debe existir en toda empresa para realizar un trabajo seguro y sin riesgos que no afecte de ninguna forma al principal recurso que tiene toda organización: sus trabajadores.

La gestión en prevención no es medible con los índices de gravedad o de frecuencia, pues son sólo dos de los parámetros a medir dentro de muchos que existen. Además a veces su validez es sólo para pagar el aporte patronal a la ley de accidentes y no para medir la verdadera competitividad de una empresa.

En resumen, no debemos olvidar que no hay ninguna meta de producción o situación contingente que justifique la exposición de un trabajador a algún tipo de riesgo, cualquiera sea su tarea o status. Eso es lo primero y lo más importante de todo. Y así también lo esperan sus familias en casa.

Las ciudades deben aprender a convivir con sus sectores productivos que las rodean, pero al mismo tiempo los sectores productivos deben respetar y velar por las urbes cercanas principalmente para que tengan una buena calidad de vida.

De allí que el municipio esté gestionando cambios a la Ordenanza Medioambiental con el fin de regular el actual acceso de vehículos ligados a la minería y que han penetrado en la ciudad sin ningún tipo de restricción.

Cada vez el número de buses y camionetas aumenta, y se comienzan a percibir efectos negativos en la ciudad.

Por tal motivo se busca ordenar, restringir y readecuar el funcionamiento de muchos vehículos que trabajan en la minería, pero que irrumpen en la ciudad generando contaminación y poco respeto a las normas de tránsito de la ciudad.

Claramente, el principal conflicto lo generan las camionetas de contratistas que invaden la ciudad.

El tema se centra principalmente en el aspecto medioambiental y para ello habrá que establecer normas muy claras, con el fin de no perjudicar el sistema operativo y productivo que tienen las mineras.

Pero sí, es necesario hacer estas correcciones y poner ciertos límites al desplazamiento del transporte minero por las ciudades.

Otro aspecto es que se restringirá el tamaño de los buses que transportan personal minero, con el fin de adecuarse a la realidad de Calama.

Claramente estas nuevas disposiciones obligará a los sectores involucrados a tomar medidas y adecuarse a las normativas con el fin de contribuir efectivamente en el progreso y mejor calidad de vida de la ciudad.

Es importante avanzar en este tipo de ordenanzas que ayudan a mejorar la ciudad y que permiten que todos la puedan aprovechar de la misma manera, sin privilegios y discriminaciones.

No puede haber ningún sector excluido al momento de aplicar medidas que sólo apuntan a que toda la población tenga una mejor calidad de vida.