Los dirigentes del sindicato de trabajadores N° 2 de Codelco Chuquicamata, presentaron ayer en los tribunales laborales de Calama, una demanda contra la cuprífera estatal por la suspensión del bono de 'Mayor disponibilidad sobre P1' a 42 trabajadores de Mantención Mina. Dineros que junto con dejar de pagarse, fueron descontados de las liquidaciones de los trabajadores. Lo que se hizo, acusa el gremio, de forma unilateral y arbitraria.

Demanda

El presidente del organismo sindical, Jeremías Olivares explicó que una vez que la empresa determinó suspender los pagos y hacer los descuentos no hubo ninguna conversación entre la administración y los trabajadores involucrados, por lo que el sindicato se vio 'obligado a interponer esta demanda', dijo el directivo, quien se mostró confiado en que el resultado 'será favorable a los trabajadores'.

Por su parte, la directiva Liliana Ugarte dijo que el objetivo de esta acción es que la ley pueda establecer mediante un dictamen, y de manera concluyente, la figura de la discriminación, pues bajo esa figura esperan nivelar las condiciones laborales de los trabajadores nuevos en relación a los antiguos que ingresaron con anterioridad a 1 de enero de 2010 y terminar con los cuatro contratos distintos que tiene hoy la empresa.

El dirigente Carlos Díaz, quien conoce de cerca el conflicto, pues ingresó a la empresa bajo los denominados contratos precarios y que recientemente fue electo director en el sindicato Dos, agregó que esta demanda es el inicio de otras acciones judiciales colectivas.

'Los trabajadores están siendo discriminados por parte de la empresa, porque están realizando la misma práctica laboral, se contaminan de la misma forma en las áreas, pero no son reconocidos con el bono de producción', dijo el sindicalista, quien recalcó que 'éste es sólo el inicio, porque la dirigencia sindical en conjunto no descarta ir a la calle, manifestarnos, la demanda es sólo el comienzo', advirtió.

Ahorro marginal

Con cifras y datos concretos la dirigencia sindical ha logrado establecer que el ahorro que la administración de Chuquicamata ha conseguido mediante la precarización de los contratos de trabajo es marginal, contrastado con lo que pudiese economizar mejorando su gestión, asegura Liliana Ugarte.

'La administración tiene que buscar otras vías para ahorrar, las que tienen que ir por el lado de la gestión (optimizando compras y contratos) y es importante que la nueva administración reciba ese mensaje y se dé cuenta que el ahorro de Codelco y la optimización de los excedentes que queremos entregar al Estado, pasa por una alianza con los trabajadores y no por irse contra los trabajadores', dijo la directiva.

Se estima que un trabajador que ingresó a la empresa con posterioridad a diciembre de 2012 tiene un costo, entre remuneraciones y beneficios, de US$ 62 mil; mientras que los que entraron a Chuquicamata entre enero de 2010 y diciembre de 2012, alcanzan los US$ 68 mil. Muy lejos de los US$ 120 mil anuales que significa a la empresa el contrato de un trabajador antiguo que ingresó antes de enero de 2010.

En virtud de estos datos, Carlos Díaz hizo un llamado a que la Presidenta Michelle Bachelet cumpla su promesa de campaña en la que comprometió 'a igual pega, igual paga'. Aunque advirtió que 'en el intertanto nosotros nos quedaremos tranquilos, por eso en estos momentos hemos pedido fiscalizaciones a la Inspección del Trabajo y eso está en proceso, porque los trabajadores tienen las mismas responsabilidades, pero remuneraciones dispares. En Chuquicamata se abaratan costos castigando al recurso humano y ocultando la mala gestión y eso no puede continuar'.

En la misma línea, Jeremías Olivares dijo que las nuevas autoridades de Gobierno y de Codelco deben terminar con la discriminación contractual que existe con los trabajadores de Chuquicamata, donde pese a desempeñar el mismo trabajo hay diferencias en la parte remuneracional', sostuvo y agregó que 'una de las principales falencias que tenemos son las relaciones laborales, no es posible este trato, este criterio, la arbitrariedad con la que se está trabajando la administración. Esto debe ser observado', culminó.

Administración

Desde la división Chuquicamata explicaron que a partir de enero del 2010 comenzó a contratar su personal con rentas y beneficios distintos a los que tienen los trabajadores antiguos, debido a que su producción y margen de negocio se iba reduciendo drásticamente en los años siguientes, pues se acaban los minerales oxidados de Mina Sur y el rajo Chuquicamata se cierra hacia el 2019, y se comienza una operación minera subterránea.

En este contexto, agregaron en la estatal, los trabajadores contratados en nuevas condiciones tienen establecidas sus rentas y beneficios en el último Convenio Colectivo (diciembre 2012), y en estas condiciones no se considera el pago de los Bonos de Repartición de Gananciales (BRG) de las diferentes áreas de la división, sin embargo si se consideran otros bonos como el BGV y los denominados B3G para el personal indefinido.

Sobre el problema que surgió y que dio pie a la demanda, en la cuprera explicaron que producto de un pago indebido del BRG a 40 trabajadores nuevos de Mantención Mina Chuquicamata, ocurrido en agosto, septiembre y octubre 2012, la administración determinó descontar dicho pago en exceso, en 10 cuotas mensuales a partir de diciembre 2012, lo cual ya ocurrió, cesando dicho descuento en octubre 2013.

La división de Codelco, expresó además, 'siempre ha pagado a sus trabajadores y supervisores, todo lo que le corresponda, según instrumentos colectivos, contrato individual de trabajo u otros acuerdos, por ende, cuando de manera involuntaria se pagan haberes demás a un trabajador o grupo de trabajadores, se hacen los descuentos pertinentes en varias cuotas iguales sin intereses, para no perjudicar la liquidez del trabajador'.

'En estos momentos hemos pedido fiscalizaciones a la Inspección del Trabajo y eso está en proceso. En Chuqui abaratan costos castigando al recurso humano y ocultando la mala gestión, eso no puede continuar'.

La Federación de Supervisores del Cobre (Fesuc), que encabeza su presidente Ricardo Calderón, hizo un llamado a que tanto la designación del nuevo presidente ejecutivo de Codelco -cargo hoy en manos del interino Octavio Araneda- como la capitalización de la empresa, se resuelvan a la brevedad para terminar con el clima de incertidumbre en la estatal, que vive un momento crucial en la definición de su futuro productivo al alero de sus cuatro proyectos estructurales en desarrollo.

El organismo sindical que aglutina a los profesionales de la estatal, expresó a través de un comunicado, que cada vez se hace más imperiosa una definición por parte del directorio de Codelco sobre el nombramiento del nuevo timonel de la empresa, debido, y tal como lo ha señalado el presidente de dicho directorio Oscar Landerretche, a que los proyectos estructurales de la empresa necesitan ser puestos en marcha en el corto plazo, y 'no podemos perder tiempo en generar las condiciones para que ello sea posible'.

Es por esta urgencia que señala el presidente del directorio, agregaron en la Fesuc, que no se puede caer en errores ni procesos que dilaten la elección del nuevo presidente ejecutivo, y menos buscar a través de una empresa de 'Head Hunter', debido al tiempo y recursos que se perderán en el período de búsqueda, que puede alcanzar fácilmente el trimestre.

En la Federación agregaron que el nombramiento del nuevo presidente ejecutivo, es de exclusiva facultad del directorio de Codelco, y 'como Fesuc hacemos un llamado a que esto se ejecute rápidamente, y se despeje el actual escenario de incertidumbre, ya que los desafíos que tiene la empresa para los próximos años, y los recursos que se necesitan para su desarrollo en el largo plazo, no dan espacio para seguir retardando esta definición'.

Por último agregaron que 'el nuevo presidente ejecutivo debe ser minero, es decir, alguien que provenga y conozca la minería desde su etapa de exploración hasta la venta de cobre catódico; que esté convencido de su carácter 100% estatal; y que conozca la cultura y particularidades de la empresa, con el fin de establecer los mecanismos de diálogo y acuerdos'.