La oposición al Gobierno argentino pidió ayer que el vicepresidente, Amado Boudou, renuncie o pida licencia hasta que se defina su situación en la justicia, que el viernes lo procesó por los delitos de 'cohecho y negociaciones incompatibles' con su cargo.

La defensa del vicepresidente confirmó que en los próximos días apelará a la medida judicial, a la que consideró 'un cuento de hadas contado de forma fantástica para que los medios (de prensa) lo puedan reproducir'.

La gran mayoría de los dirigentes opositores al gobierno de la presidenta Cristina Fernández coincidió en la necesidad de que Boudou abandone su cargo, aunque no acordaron el modo en el que debería hacerlo: si por medio de una renuncia, un pedido de licencia o el inicio de un proceso de juicio político en el Congreso.

'Es insostenible la continuidad de Boudou en el cargo. Su procesamiento por un delito de corrupción es un hecho gravísimo que altera el normal funcionamiento de las instituciones del país y requiere una resolución contundente', expresó el diputado nacional Adrián Pérez, del bloque legislativo Frente Renovador.

La presidenta 'debe exigirle' la 'renuncia' de Boudou, o de lo contrario que el Congreso argentino promueva el 'juicio político' del vicepresidente para lograr 'su destitución', sostuvo la diputada nacional Margarita Stolbizer, del partido GEN.

La Mandataria argentina, y sus funcionarios, todavía no se habían pronunciado públicamente sobre el tema.

El viernes, el juez Ariel Lijo decidió procesar a Boudou, sin prisión preventiva. El juez consideró en su resolución que Boudou, durante su gestión el ministerio de Economía (2009-2011), intervino para salvar de la quiebra a la imprenta de billetes Ciccone Calcográfica y, luego, contribuyó a dejar en manos de supuestos allegados suyos la gestión de la empresa. La compañía fue nacionalizada tiempo después.

La decisión de magistrado convirtió a Boudou, que está en una gira oficial por Cuba, en el primer vicepresidente en funciones en la historia argentina en ser procesado en un caso de corrupción. En su dictamen, el juez dispuso, además, el embargo sobre los bienes del vicepresidente por 200.000 pesos (unos US$ 24.600).

En el fallo se destaca que Boudou no habría recibido dinero por la operación investigada sino 'el 70% de la firma Ciccone Calcográfica'. El juez dio por 'acreditado el vínculo' entre Boudou y Vandenbroele, al opinar que 'son sólidos y numerosos' los datos. Los delitos de 'cohecho' y 'negociaciones incompatibles' tienen, cada uno, una pena de uno a seis años de prisión.