El diputado radical, Marcos Espinosa, manifestó que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) está analizando todos los antecedentes del proyecto del nuevo hospital de Calama para determinar si hubo daño patrimonial, pero también las responsabilidades que recaen en cada uno de los actores, en este caso los que actuaron como mandantes y responsables de las obras.

'Partiendo por el exministro de Salud Jaime Mañalich. No tengo antecedentes de una situación como ésta, pero indudablemente si el consejo acredita que hubo dolo, negligencia y notable abandono de funciones, al menos hay una sanción ética', dijo el parlamentario.

Espinosa mencionó que las obras que se encuentran prácticamente abandonadas costaron 42 mil millones de pesos, los que se sumarían a los 35 mil millones que deberán inyectarse para terminar el 28% restante.

'La cantidad de soluciones habitacionales que alcanzaríamos, tenemos un déficit catastrado de más de 4 mil 500 viviendas, con esto podríamos cubrir por lo menos el 50%', reprochó.

Edificio

En el informe que entregó la Contraloría General de la República al diputado Espinosa se detalló una serie de irregularidades que presenta el proyecto, lo que generaría una distorsión entre el diseño y lo construido.

'El grosor de los muros, la asimetría de los marcos de las ventanas, los radiéres mal emplazados y la canalización eléctrica no correspondían de acuerdo al plano original. Todo eso nos permite concluir que efectivamente el presupuesto de esta comisión técnica para evaluar el costo del 28% restante de la construcción del hospital es lo que corresponde. Prácticamente, el nivel de desajuste que hay entre lo construido y lo planificado en el diseño corresponde a esa cifra', comentó el congresista.

Precisó que todos estos errores son de responsabilidad del demandante, partiendo por el Ministerio, la Subsecretaría y el Servicio de Salud, 'esto fue muy desafortunado, porque (este último) no tiene las competencias técnicas ni menos los equipos profesionales para fiscalizar una obra de esta envergadura y los resultados están a la vista'.

Una lamentable situación protagoniza una familia loína, luego que el 29 de septiembre en medio de una cesárea practicada en el hospital Carlos Cisternas el bebé que esperaban falleciera. Este hecho los llevó a presentar una denuncia ante la Fiscalía por daños y perjuicios.

Según explicó la afectada, Pamela Bruna Villanueva, sólo busca saber qué pasó durante el parto, pues hasta la fecha no encuentra respuestas certeras por parte del recinto. 'Me da rabia, era mi primer hijo, la ilusión y me lo quitaron de repente'.

Comentó que tenía siete meses de gestación cuando fue al hospital por un alza de presión, por lo que quedó hospitalizada y con tratamiento.

'Entré el 24 de septiembre hasta el 28, que me dieron el alta. La doctora que me atendió me lo dijo, pero recién a las seis de la tarde me pude ir, porque faltaba su firma y pagar la atención. Durante ese día sólo recibí el primer control de la mañana', dijo.

Cuatro horas más tarde volvió al recinto con un fuerte dolor estomacal y con la presión elevada, pero según una ecografía el bebé estaba en perfectas condiciones.

'Me dijeron que no había ningún problema, pero que me harían una cesárea de urgencia. Ya era cerca de la medianoche cuando me pasaron a pabellón. Cuando desperté estaba en otra sala con mi familia y mi pareja tenía mi guagüita muerta en los brazos. En ese momento la doctora me dijo que había fallecido', contó.

Luego de esto, ella comenzó con una serie de malestares físicos, por lo que estuvo cerca de diez días en la Unidad de Tratamientos Intensivos. 'Ahí empecé con la odisea de saber qué pasó. La doctora dijo que tenía latidos umbilicales, por lo que da a entender que estaba vivo, pero después no sabemos qué ocurrió, no entendemos porque ocultar la verdad'.

Argumentó que recurrieron ante el Consejo de Defensa del Estado y ahora ante la Fiscalía pues no descansarán hasta saber si se hizo mal un procedimiento, el que le habría costado la vida a su hijo.

En tanto, se trató de obtener la versión del hospital pero no hubo respuesta.

En los próximos dos años, el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet se comprometió a ejecutar tres proyectos inmobiliarios que demandarán la inyección de alrededor de 29.220 millones de pesos en 1.136 viviendas sociales.

Esta información la dio a conocer la seremi de Gobierno, Stefanía Carvajal, a un grupo de líderes sociales de Calama, con quienes se reunió para dar a conocer los avances que existen en esta materia y en otras, como salud y migración.

Proyectos

La autoridad regional enfatizó que durante esta administración llevaran a cabo estos macro proyectos considerando la importancia que tienen luego que 'durante cuatro años no se construyeran viviendas sociales en Calama, situación que se replicó en Taltal'.

Carvajal detalló que uno de los proyectos se emplazará en el sector Inés de Suárez, que consta de tres etapas, la primera en ejecutarse será entre 2014 y 2015 con 275 casas, beneficiando a tres comités con subsidio y tendrá una inversión que ascenderá a 301.217 Unidades de Fomento (UF), la segunda es de 399 viviendas para ejecutarse entre 2015 y 2016, demandando 410 mil UF, mientras que la tercera es entre los mismos años, pero serán 140 departamentos que requieren 150 UF para su construcción.

En cuanto a los otros dos conjuntos habitacionales, comentó que en 'Sol y Cobre se edificarán 118 casas para tres comités con subsidios, se ejecutará entre 2014 y 2015 y costará 114.946 UF y en Las Vegas serán 204 departamentos para diez comités con subsidios y demandarán 240 mil UF aproximadamente'.

La seremi precisó que se entregó este detalle y se asumió el compromiso con fechas, porque 'en esta administración y como constantemente lo hemos dicho, queremos recuperar la confianza de la comunidad, además no queremos prometer cosas y no cumplirlas'.

Agregó que 'vamos a terminar de construir estas viviendas porque hay un gran número de comités habitacionales y personas que viven en campamentos'.

Reunión

La autoridad regional de Gobierno se reunió con más de 50 personas de distintas organizaciones sociales para informar acerca de este tema y de otros de interés gubernamental, como las reformas.

'Volveré el 29 de julio, porque queremos hacer un acompañamiento constante y ser más informativos, porque lo que ellos requieren y que encontraron muy favorable es que el Gobierno se acercara y no al revés', argumentó.

Carvajal comentó que a través de esta instancia también es posible conocer las problemáticas que afectan a la sociedad y 'los fundamentales de Calama son salud, vivienda y migración, hecho que se repite en las demás comunas'.

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