Bajo porcentaje de condenados cumple servicio comunitario
realidad. Sólo un 13 % de las sentencias son cumplidas por los sentenciados.
Actualmente existen 325 condenas por prestación de servicio comunitario en la ciudad, sin embargo hasta la fecha sólo 45 de ellas se ha cumplido, esto tras el convenio entre Gendarmería de Chile y la Gobernación Provincial de El Loa, que permitió a los condenados con penas sustitutivas poder realizar servicios comunitarios en Calama.
Así lo confirmó la coordinadora territorial de prestación de servicios en beneficio a la comunidad, Jocelyn Pérez. 'De todas las sentencias que han llegado hasta el 30 de junio solamente 45 han sido cumplidas, lo que se traduce que sólo esa pequeña cantidad efectivamente presto servicios comunitarios'
Agregó que quienes no cumplen con esta resolución son citados por el tribunal, quienes vuelven a poner en alerta a los condenados, sin embargo si vuelve a infringir se les revoca su beneficio y su multa debe ser cancelada en efectivo.
'Tenemos 36 personas revocadas hasta la fecha, ahora también existen casos en donde la persona sin ningún problema acepta pagar su multas, de estos casos tenemos 13 personas que aceptaron pagarla y 18 pendientes, que son personas que están cumpliendo sus pena de cárcel y la multa la pagaran cuando recuperen sus libertad', enfatizó.
servicio
Este tipo de penas responde a dos cuerpos legales distintos de la ley 20.603 que instala la prestación de servicio como una forma de cumplir a una condena y la otra forma que es el caso de multa, por ejemplo si una persona que está cumpliendo cárcel y que tenga una multa que pagar, puede solicitar que esa multa sea pagada con servicio comunitario.
'A la fecha en Calama los casos de prestación de servicio que recibidas han sido como sustitución de pago de multa y tenemos sólo 2 por sentencias como condena, proveniente del Tribunal de Garantía', aclaró Pérez.
Explicó que este tipo servicio está coordinado por un delegado de prestación de servicio, habilitado por el ministerio de Justicia y que consiste en la realización de actividades que no son remuneradas y que están a favor de personas en situación de precariedad.
En tanto, la defensora regional, Loreto Flores, comentó que 'queremos intervenir de manera positiva en los imputados ya sean adultos o adolescentes, buscamos que se comprometan a trabajar en lo que respecta a los adolescentes nos preocupamos que sigan su plan de estudios el cual está a cargo del Servicio Nacional de Menores (Sename)'.
Destacó que también ayudan al núcleo familiar del imputado como forma de motivación, además de ayudar a conseguir un trabajo estable o que retome sus estudios.