'Mire gobernador, no queremos vivir encerrados en nuestras casas ni estar con el alma en un hilo cada vez que nuestros hijos van a comprar al almacén de la esquina', me planteó una inquieta madre durante el encuentro que, junto a las policías, tuvimos con los vecinos de Cerro La Cruz.

La seguridad pública es un bien intangible que no se palpa, no se toca, no se compra en un almacén, pero cuán apreciada es para un barrio y para esa madre que anhela que sus hijos lleguen bien a casa cada vez que salen a la calle.

Para el Gobierno de la Presidenta Bachelet, tan importante como lo es dar cierta tranquilidad económica a las familias con los recaudos de la Reforma Tributaria, lo es también brindar condiciones de seguridad a las familias para que se sientan protegidas y garanticen el vivir cotidiano basado en el respeto mutuo.

Chile, comparado con sus pares de América, presenta el menor índice de violencia (3,1 casos cada 100 mil habitantes). Ahora, no vamos a tapar el sol con un dedo y minimizar el problema que afecta a Calama, donde y cómo ocurre en la región, los delitos afectan mayormente a la propiedad (81%) que a las personas (19%)

En este sentido y como lo planteó el prefecto de Carabineros al gremio de los taxistas, preocupados también por la seguridad del gremio, hemos llegado a un tope y de aquí en adelante el compromiso es a trabajar y a cuidar Calama

Las policías, haciendo el trabajo duro contra los delincuentes y microtraficantes; los vecinos, colaborando, denunciando, ocupando espacios públicos, fomentando la recreación y la práctica deportiva entre los niños. El torneo de penecas que se desarrolla en el estadio Techado, es todo un ejemplo a imitar de cómo encauzar provechosamente el tiempo libre de los escolares.

El Ministerio del Interior, por su parte, asignó un rol sustantivo a los consejos comunales de seguridad, al liderazgo de los alcaldes y ya se envió el proyecto de ley que impone pena de cárcel a los portadores de armas hechizas y cambia, de multa a prisión efectiva, a los que porten armas sin autorización. ¡La invitación entonces es a cuidar Calama!

Un tema que parece no captar la mayor atención entre los fiscalizadores y los encargados de su control es la presencia de ruidos molestos. Hoy la ciudad está llena de domicilios, empresas mal ubicadas, talleres y otras actividades que no respetan la sana convivencia y producen una contaminación acústica que se torna insoportable para quienes la sufren.

No es un mero capricho exigir el fin a la estridencia. Es una situación que está regulada por ley y más aún es un derecho constitucional que debemos hacer valer. La Constitución en vigencia, especifica claramente en el Artículo 19 Nº 8 que todas las personas tenemos el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación.

Entonces quienes padecen estas molestias deben y pueden exigir que se actúe en el marco de la ley. Primero denunciando a Carabineros para que se verifique la falta y para que determine la multa o infracción correspondiente. Y así tiene que ocurrir porque en la mayoría de los casos la falta ocurre en flagrancia.

Los municipios tienen ordenanzas que definen sectores, horarios y la cantidad de decibeles que pueden emitirse. Y los inspectores municipales también están facultados para multar y registrar a quienes no cumplen.

No obstante, en Calama la situación parece estar en tierra de nadie. Desde el municipio manifiestan que la falta de un sonómetro les dificulta las tareas de medición de ruidos. Y Carabineros primero reconviene y los infractores se comprometen a terminar con los ruidos, pero no pasan muchos minutos antes que retomen la contaminación y el regreso de los uniformados se complica ante la presencia de situaciones más complejas.

Entonces frente a esa indefensión se deben tomar medidas. Ya no es posible que se siga contra este tipo de vulneración de derechos y poco se haga al respecto.

El municipio tiene que analizar la adquisición de los equipos necesarios para cumplir una mejor labor fiscalizadora. Con ello no sólo mejorará la convivencia también tendrá una población más sana y consciente del respeto a sus derechos.