La salud es una prioridad y necesidad para todos los chilenos, independiente del estrato social y nivel económico al que pertenezca. Todos tenemos el derecho a recibir una buena atención, digna y oportuna en razón a las reales necesidades de la gente.

Por ello, como ha sido publicado en este mismo medio de comunicación el día de ayer, me reuní con el presidente del directorio de Codelco, Oscar Landerretche, para plantearle que el hospital del Cobre abra sus puertas a pacientes beneficiarios de Fonasa, especialmente para los casos más críticos, urgentes y vulnerables; esto en el marco de la crisis que afecta al Carlos Cisternas.

Creo, que si todos aportamos con un granito de arena para que la salud pueda mejorar y ser más expedita, estamos entregando una señal muy positiva y una muestra de que siempre se puede tender una mano a aquel que es más vulnerable, aquel que más lo necesita.

Por ello, hoy he querido recalcar y reiterar este tema tan sensible para la población de nuestra ciudad, debido a la demora del nuevo recinto de salud y en las soluciones parche que se han planteado.

Esta solicitud se hace con la más clara intención de no afectar el funcionamiento del hospital del Cobre, el trabajo de los médicos y asistentes de la salud, pero protegiendo a las personas vulnerables que hoy están sin atención pública, y que ven a lo lejos una atención digna en el hospital Carlos Cisternas.

Por ello, hago un nuevo llamado al presidente del directorio de Codelco para que estudie con celeridad la propuesta, y se abra la posibilidad de atender de urgencia en dicho recinto a nuestra gente, sin la necesidad de tener que ser trasladados a Antofagasta.

La gente necesita soluciones concretas, principalmente en materias de salud. Por ello, espero esta solicitud se concrete en el más corto plazo.

Las informaciones que llegan desde Bolivia consignan que las autoridades han detectado que cerca de 30 mil vehículos indocumentados han ingresado por la frontera con Chile en los últimos tres años. En su mayoría no están en las mejores condiciones y tanto en nuestro país como en otros estarían en la categoría de chatarra, pero que aún son usados especialmente en la zona cocalera.

Estas cifras dejan al descubierto las facilidades que existen para que automóviles indocumentados traspasen las fronteras, convirtiendo esta realidad en un verdadero negocio para bandas criminales.

En Calama esta situación es largamente conocida. A diario desaparecen vehículos, antes la preferencia eran los modelos todo terreno por su valor y facilidad para transarlos con narcotraficantes, pero en la actualidad no hay mucha discriminación por parte de los delincuentes.

Lo que preocupa es la violencia que está surgiendo en estas bandas para lograr su objetivo. Ya no esperan en estacionamientos para cometer el robo. Hoy arma en mano amenazan a los conductores los golpean y se roban el vehículo, sin que mucho se pueda hacer para repelerlos.

Según estadísticas de Carabineros en lo que va del año este delito ha crecido en un 30 por ciento y 455 vehículos fueron sustraídos a sus dueños.

Si bien un buen porcentaje es recuperado no son menos los que traspasan la frontera y son vendidos, cambiados por drogas o reacondicionados para fines de trabajo, y luego transitan sin mayores problemas en el vecino país. Entonces, las posibilidades de éxito para los asaltantes son altas, cuando cuentan con muchos aspectos a su favor como es la extensa frontera, incalculables pasos inhabilitados y la facilidad para negociarlos tras las fronteras.

Los planes Vigía y Frontera Norte han tenido un grado de disuasión, pero no el suficiente para disminuir este delito, por lo que se requiere nuevamente mayor seguridad para los dueños de vehículos.

Todo parte en el autocuidado, en la labor de los policías, pero también en lo que hagan las relaciones exteriores para que haya un trabajo en conjunto contra el crimen organizado. Antes que la situación sea incontrolable.