Análisis que realizaron laboratorios a muestras del hormigón con que construyó el nuevo hospital de Calama dejaron en evidencia que presentaban un porcentaje menor de resistencia a lo requerido, lo que generó incertidumbre en las condiciones en que se encuentra todo el edificio y si esto es subsanable o la vía más factible es su demolición. Situación que además generaría dudas en si los plazos entregados por el Gobierno se mantendrán.

Este hecho fue dado a conocer en una exposición que hizo el Servicio de Salud de Antofagasta (SSA) ante la Comisión Investigadora de infraestructura hospitalaria de la Cámara de Diputados, en donde se explicó que tras una visita realizada por funcionarios de la Contraloría regional se detectaron algunos problemas de manera visual, por lo que se pidieron los análisis del laboratorio.

'A raíz de esta fiscalización visual, se solicitaron análisis técnicos sobre la resistencia del hormigón. Fue así como la muestra y la contramuestra realizadas por distintos laboratorios indicaron que los testigos- cilindros sometidos a carga- presentan un porcentaje menor de resistencia de hormigón al establecido por el proyecto original', explicó el subdirector administrativo del SSA, Luis Cerda ante la comisión.

Frente a esto, el diputado Marcos Espinosa planteó que esta información sólo agrava lo que ya se conocía y que fue emitido por un informe entregado por la Contraloría el año pasado, en que 'se reveló anomalías en la administración del contrato, una inadecuada fiscalización de los inspectores de obra e irregularidades en la infraestructura. Pero ahora conocemos, además, que existen análisis técnicos de resistencia del hormigón que están bajo la norma presentada en el proyecto original'.

Además, recalcó que 'tendremos que esperar que los expertos determinen si se refuerza la infraestructura de las obras del nuevo hospital o se comienza con la demolición y se construye un recinto nuevo. Además, debemos considerar que lo ya construido presenta una inversión de 31 mil millones de pesos y que el 23 % restante representaría un gasto de 32 mil millones de pesos más'.

Senador

Por su parte, el senador Pedro Araya, enfatizó que esta 'es una situación de extrema gravedad y estamos analizando dos vías, una que la Contraloría General de la República haga un sumario respecto a los funcionarios públicos que participaron en el proceso de licitación, como en el control de la obra y lo segundo es que no descartamos recurrir al Consejo de Defensa del Estado porque eventualmente podemos estar en presencia del delito de fraude al Fisco, porque se pagaron dineros por obras no ejecutadas'.

Agregó que esta semana se reunirá con las autoridades de Salud, pues este análisis cambiaría absolutamente toda la situación del hospital, además 'tiene que haber una explicación técnica para ver en qué se traduce la menor calidad del cemento que se utilizó en la obra. A raíz de este informe, tengo fundadas dudas respecto a la calidad y el estado real del edificio que está construido en Calama'.

El congresista precisó que el edificio, al ser un hospital, debe cumplir con normas técnicas respecto a su calidad y tipo de construcción, ya que no sólo debe resistir movimientos telúricos de magnitud, sino también responder al equipamiento que posee, por lo que este informe abrió 'una duda razonable y finalmente si los plazos que se puso la autoridad sanitaria se van a cumplir. Tengo la impresión que dado el costo de terminar lo que falta, será más barato colocar recursos para la demolición'.

A partir de estos análisis, que si bien son muestras y no se refieren a la resistencia estructural del edificio, la actual administración deberá asumir dos caminos, por una parte contratar una empresa externa que efectúe simulaciones de las condiciones del hormigón y por otra reunirse con el ingeniero calculista del proyecto original para analizar la pertinencia de este estudio.

Más de once mil millones de pesos demandará la segunda etapa del proyecto de ensanchamiento y mejoramiento de la avenida Balmaceda, dineros que serán entregados por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y el ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aportará de este monto más de ocho mil millones de pesos.

Según explicó la directora regional del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu), Isabel de la Vega, aún no comienzan las obras debido a que actualmente 'las bases de licitación de las obras civiles se encuentran ya en la Contraloría', organismo que deberá efectuar la toma de razón para continuar con este proceso.

Expropiaciones

Al igual que en la primera etapa, este proyecto contemplará la expropiación de algunos terrenos, pero antes de saber cómo se llevará a cabo será necesario contar con la asesoría de una empresa.

Para esto el Serviu ya está en el proceso de contratación de 'la consultoría que hará el estudio de las expropiaciones', según lo que explicó de la Vega.