El magistrado estadounidense Thomas P. Griesa ordenó ayer a Argentina y a sus acreedores retomar las negociaciones para buscar una solución a la disputa por la deuda incumplida que hundió a Buenos Aires en un default. En la misma audiencia, el juez dijo que las autoridades argentinas 'deben dejar' de proferir públicamente 'verdades a medias' sobre la crisis de deuda.

El regaño del juez de distrito a Argentina ocurrió durante una audiencia en Manhattan, en la que 'recordó' al Gobierno de Cristina Fernández que tiene todavía la obligación de pagar a sus acreedores en Estados Unidos que tienen bonos argentinos.

Mientras se desarrollaba la audiencia, un comité de la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA, por sus siglas en inglés) declaró el default como un 'evento crediticio' y disparó el pago de seguros contra la cesación de pagos, avaluados en aproximadamente US$ 1.000 millones.

Argentina cayó el miércoles en su segundo default en 12 , luego de que fracasaron negociaciones de última hora con los 'holdouts' para conseguir que el juez Griesa levantara un bloqueo que le impide honrar títulos emitidos bajo leyes extranjeras. Desde entonces, Argentina se encuentra en un limbo económico.

El magistrado defendió el rol del mediador judicial Daniel Pollack, al cual Argentina ha acusado de parcialidad e incompetencia, y mostró su enojo con el Gobierno argentino por haberlo acusado de ser un 'agente de los fondos buitres'.

'La República Argentina ha hecho afirmaciones en público que han sido altamente engañosas y esto tiene que parar', afirmó el magistrado de 83 años.

Durante una nueva vista celebrada en el tribunal, el abogado del Estado argentino, Jonathan Blackman, pidió al magistrado otra manera de seguir dialogando con los fondos, al considerar sus representados 'doloroso y perjudicial' para su país el último comunicado que emitió Daniel Pollack el miércoles tras la última negociación. Griesa desestimó esta petición al considerar que Pollack había 'conseguido avances en la negociación'.

Tanto la CNC como la SNA emitieron declaraciones rechazando la decisión del Gobierno de quitar a seis empresas del sector portuario su carácter estratégico, eliminándolas del registro de compañías cuyos trabajadores no pueden ir a huelga.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Ricardo Mewes, alertó que no se está garantizando la estabilidad del sistema portuario.

'Debemos perfeccionar la institucionalidad del sistema portuario y ver cómo contribuimos a respaldar el carácter estratégico que esta actividad tiene para el desarrollo del país. Creemos que esta disposición va en línea contraria a este objetivo y no ayuda a dar mayor estabilidad al sistema', indicó el líder gremial.

El representante del comercio, a su vez, añadió que 'no corresponde que se formulen distinciones, dado que la legislación dispone que las empresas que atienden servicios de utilidad pública deben incluirse en la nómina de entidades, cuyos trabajadores no pueden declararse en huelga'.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Patricio Crespo, afirmó que 'esto constituye una señal política gravísima en la medida en que se subvalora el rol que los puertos tienen para el desarrollo de la economía del país y de la agricultura de exportación en particular'.

timonel

El timonel del agro, detalló que el país mueve un volumen de comercio exterior cercano a los 150 mil millones de dólares a través de sus puertos. Sólo en exportaciones la cifra supera los 76 mil millones de dólares. De estos, más de 20 mil millones corresponden a productos agroindustriales y unos 5.000 millones de dólares corresponden a alimentos perecibles. En abril pasado, en tanto, el rubro frutícola tuvo pérdidas estimadas en más de 200 millones de dólares a causa de las paralizaciones que afectaron a los puertos.

Las paralizaciones del año pasado ya pusieron en tela de juicio nuestra seriedad como proveedores y ahora, este tipo de anuncios, no hacen más que aumentar la incertidumbre, minar nuestra imagen país y poner un grave signo de interrogación frente a la aspiración de hacer de Chile una potencia agroalimentaria', enfatizó Crespo.

El presidente de la SNA aseguró que mantener a los puertos en condición de empresas estratégicas no significa cerrar la puerta a incorporar las mejoras laborales que el sector requiere.

'Entendemos que la ley laboral que rige a los trabajadores portuarios puede ser perfeccionada pero no podemos permitir que estas mejoras se logren mediante la interrupción del servicio portuario y la puesta en jaque de otros sectores claves para la economía del país', señaló.