El proyecto de reforma educacional, que sigue en análisis, hace que se centren las miradas en los colegios particulares subvencionados, entidades que pueden o no tener lucro. En Calama existen en total 25, pero sólo 12 imparten educación básica y media. De este número la mitad no tiene fines de lucro y son los establecimientos con un proyecto educativo con mirada valórica o religiosa.
Si bien esta reforma apunta a los que sí reciben utilidades por el ejercicio de la educación, en Calama la mayoría de estos establecimientos se vería perjudicado por el cambio, precisamente por el nivel de copago que deben cancelar los apoderados.
AcciónEducar, fundación que tiene como propósito contribuir con evidencia, análisis y opinión al debate de las políticas públicas en educación, realizó un estudio respecto al rol que cumplen los colegios particulares subvencionados en Chile y los resultados obtenidos son precisamente que han sido un aliado del Estado.
En el contexto de los con fines de lucro, el director ejecutivo de la fundación, Raúl Figueroa, precisó que la reforma en uno de sus ejes ha presentado terminar o prohibir que los colegios particulares subvencionados puedan organizarse como sociedades de este tipo, pero "para eso hay que analizar si esta política apunta o no a mejorar la calidad de la educación y para eso es necesario ver cómo se distribuyen y qué aportan al sistema chileno".
Agregó que es evidente que se necesita mejorar la calidad, pero para ello es fundamental contar con buenos sostenedores "y cortar con el lucro es una idea que no tiene gran respaldo con la evidencia ni tampoco coincide con lo que se observa en Chile".
En este sentido, Figueroa precisó que de acuerdo a lo analizado, los resultados de aprendizaje son al menos igual a los del resto del sistema, "entonces no se pude pensar que con acabar el lucro mejorará la educación, pero sí genera efectos negativos, porque le pone muchas trabas para seguir operando a colegios que hoy funcionan bien".
San Nicolás
En el marco de la reforma, argumentó que no considera que se ajuste a las necesidades que la educación tiene en este momento. "Creo que lo principal es mejorar la calidad, no ir en contra de aquellos que con esfuerzo hemos tratado de dar a la comunidad un buen proyecto educativo, de generar rendimientos, tanto en el Simce como en la PSU, al nivel de colegios particulares pagados".
Lee criticó el enfoque de este proyecto, recalcando que finalmente sólo les dieron dos opciones de futuro, "una es el cierre y la otra pasar a particular pagado, porque optar por el camino de la corporación o la fundación educacional es como trabajar para el Estado, porque en algún momento comprarán el colegio y quedaremos como un administrador o un empleado púbico".
Sin fines de lucro
Agregó que como iglesia y sostenedores de los colegios Juan Pablo II e Instituto Obispo Silva Lezaeta, están de acuerdo en eliminar la inequidad, la selección y el lucro, pero "estamos en desacuerdo de la forma en cómo se están llevando a cabo los argumentos de peso y de fondo para hacer estas modificaciones. Se habla de calidad pero el proyecto no lo menciona, se entra por el lado del financiamiento y de la ideología".
Respecto a los cambios que traería esta reforma y basándose principalmente en el tema del financiamiento, Molina explicó que con lo establecido por el Gobierno sería prácticamente inviable seguir con los proyectos educativos.
"Al estar dentro de los 600 con más copago, hay un punto de inflexión, que son 38 mil pesos, los que tienen menos les es indiferente continuar como colegio de financiamiento 100% estatal o seguir con el compartido. El problema está cuando este monto es mayor. Si bien se dijo que sería una restitución peso a peso, el ministro de Educación, lo rectificó diciendo que es por Unidades de Fomento, por lo que no necesariamente se entregarán los recursos que el colegio está percibiendo y ese es el punto, si es factible o no seguir. No tan sólo con los nuestros, sino los que están en la misma situación".
Explicó que actualmente reciben en promedio por niño 60 mil pesos por subvención, y 63 mil pesos por el copago. "De lo que entrega el Estado está considerado incorporar otros ítems, que es por la gratuidad y una subvención especial, que en el mejor de los casos llegará a 15 mil pesos. Lo más probable es que no recibamos los 63 mil pesos por estudiante".
En este escenario, Molina dijo que al tener menos copago deberán buscar el equilibrio y esto pasaría por hacer ajustes y "si no lo podemos conseguir está claro lo que hay que hacer, pasar a colegio particular o cerrar, porque la tercera opción, de quedar con el financiamiento del Estado es inviable".
El tema de la reforma se sigue discutiendo y a pesar que continúa recibiendo fuertes críticas por los sostenedores de la mayoría de los colegios particulares subvencionados, estos deberán seguir a la espera de los acuerdos que llegue el Estado para decidir cuáles serán sus lineamientos y finalmente optar por pasar a particular, convertirse en fundación o definitivamente cerrar sus establecimientos.
