La Corporación Nacional de Colegios Particulares (Conacep) argumentó, a través de un comunicado de prensa, que el 2 de octubre será registrado como un día "de duelo y dolor para la educación chilena, un golpe mortal, ya que se han aprobado un conjunto de normas irracionales que obligarán el cierre masivo de escuelas y colegios en todo Chile", en el marco de la votación que se realizó en la comisión de Educación por la reforma del Gobierno.

Parlamentarios

En tanto, valoraron a aquellos parlamentarios que defendieron la libertad de enseñanza y los derechos de las familias.

Enfatizaron que estas deben estar conscientes que si este proyecto no es reformulado, "la única opción posible para la gran mayoría de los padres de clase media será volver a los colegios fiscales, de los que masivamente migraron".

Precisaron que seguirán luchando y defendiendo la libertad de enseñanza y que recurrirán a todas las instancias que permite la Constitución y "los tratados internacionales sobre derechos humanos para defender la existencia de los colegios particulares subvencionados que este proyecto pretende destruir".

La Conacep apeló a que las comisiones de Hacienda y Constitución, además de la Cámara de Diputados "tienen la oportunidad de demostrar que en Chile sigue imperando la racionalidad y que los sectores moderados son más que los extremistas radicalizados que han convertido la educación en un campo de juego ideológico irresponsable".

Cuando se aborda el tema de la migración generalmente se hace desde la perspectiva de los adultos y su lucha por conseguir un mejor escenario laboral, inclusión, igualdad y si están legales o no, pero prácticamente era inexistente esta realidad a partir de lo que viven los niños, niñas y adolescentes (NNA). Cabe preguntarse qué ocurre con sus derechos a la salud, a la educación, a una nacionalidad y a ser respetados bajo cualquier hecho cuando su condición en el país siempre dependerá de la de sus padres o tutor.

A partir de lo anterior, es que organismos miembros de la Red Intersectorial de Infancia como la Sociedad Chilena de Pediatría filial El Loa, la Oficina de Protección de los Derechos de los Niños (OPD), junto a profesionales de la escuela República de Grecia, del hospital Carlos Cisternas, el Obispado y la Policía de Investigaciones comenzaron un trabajo para evaluar desde las aristas de la salud, educación, justicia y derechos, y seguridad interna a los NNA migrantes en Calama.

Salud

En este contexto dijo que a medida que hicieron el diagnóstico se dieron cuenta que son privados de atención desde el vientre, ya que las mujeres esperan hasta el último momento y llegan a los hospitales sólo a tener a sus hijos. "Encontrándonos con niños bajo en su peso y con partos de alto riesgo".

Educación

Según continuó detallando la asistente social del recinto, Francisca Godoy, del total de vulnerables, el 44% son migrantes y de los prioritarios la cifra llega a 74, "lamentablemente no son más porque es burocrático acceder a los documentos de residencia definitiva y sólo con el Rut se puede acceder a la red de beneficios".

En este contexto, la profesional dijo que estiman que entre el 60% y 70% de los NNA no tienen su situación regular y las condiciones en las que habitan no son las mejores.

"Con toda esta investigación intersectorial hemos podido determinar que los padres de estos niños no vienen a Chile a hacer grandes trabajos, sino que tienen un salario mínimo, con labores más bajas, viven en condiciones de habitabilidad y salubridad muy bajos, tienen más hermanos y de acuerdo a toda esta problemática social podemos suponer que el 100% de los niños extranjeros que tenemos son vulnerables y a lo mejor, esta misma cantidad podría ser prioritaria".

Derechos

La asistente social del área Intersectorial de la OPD, Jessica Contreras, precisó que ellos atienden a partir de dos ámbitos, el primero tiene que ver con la gestión comunitaria y es explicar y enseñar a los niños cuáles son sus derechos, esta labor se efectúa generalmente en las escuelas.

Mientras que el área de protección se acciona cuando "ya fueron vulnerados sus derechos, entonces los ingresamos como casos y se tiene un trabajo con psicólogos y asistentes sociales, enfocado tanto para los padres como para los niños".

PDI

El subcomisario, Hugo Marambio, explicó que el proceso normal de ingreso a Chile es que todo niño debe venir acompañado de un adulto responsable, ya sean sus padres o un tercero con una autorización notarial de su país. "Entran en una condición, que mayoritariamente es de turismo, no hay ninguno que ingrese con visa de trabajo o con permanencia definitiva".

Agregó que su condición en el país dependerá exclusivamente de la regularidad que tenga el adulto que lo acompaña, "es decir, si esta persona tiene una visa sujeta a contrato, temporaria o definitiva el niño accederá a la misma".

En tanto, comentó que también " hemos visto que muchos padres hacen ingresar a sus hijos en condición de turista y al vencer su visa quedan en situación irregular y si son descubiertos se denuncia al tutor legal y la gobernación determina si es expulsión o se le designa una multa, mientras se regulariza su situación".

Además de explicar la legalidad de los menores, el subcomisario destacó la labor que se está realizando, "lo que se está haciendo con este equipo intersectorial es un trabajo científico, dando cuenta en una mesa las realidades que están experimentando los niños, ya sea en condiciones tan básicas como de habitabilidad o como situaciones legislativas reglamentarias".

El diagnóstico realizado se presentará en una mesa de trabajo de la I Bienal Latinoamericana de Infancias y Juventudes que se realizará en Manizales, Colombia, entre el 17 y el 21 de noviembre. En este encuentro se abordarán estrategias formativas, deliberativas, de divulgación y proyección que permitan colectivizar saberes, relaciones y potenciar encuentros a favor de los niños, niñas y adolescentes.