El directorio del sindicato de trabajadores N°2 de Chuquicamata, expresó su apoyo al directorio y al presidente ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro, pues comprende la necesidad de refundar y repotenciar Codelco, para mejorar su gestión y el negocio, pero recalcó que no permitirá "bajo ningún argumento económico, político o empresarial el que se legitime que la viabilidad del negocio implica el castigo al recurso humano".

Sobre este punto los dirigentes del gremio, el tercero más grande de Codelco, argumentaron que "el menoscabar económicamente a los trabajadores, a través de remuneraciones inferiores y supresión de beneficios establecidos en el contrato colectivo, aporta ahorros marginales para la optimización de los recursos que se requieren para cualquier proyecto estructural o inversional".

En segundo lugar, agregaron, "ningún gobierno, empresa, partido político e incluso la propia ciudadanía puede legitimar que existan trabajadores realizando la misma función, el mismo esfuerzo y el mismo sacrificio y que reciban remuneraciones distintas e inferiores, generando una discriminación arbitraria, basada exclusivamente en variables subjetivas como es una época de ingreso a la empresa".

En este contexto, dijeron que "el éxito del negocio está dado por una buena gestión productiva, con una mayor utilización de los activos (hombre-equipo), una política racional de terceros y abastecimiento, entre otras".

Completamente desmantelada y destruida en su interior quedó la sede que albergó a la Asociación Gremial de Empresarios de El Loa, tras la acción de desconocidos. Espacio, hoy en manos de Bienes Nacionales, que la Junta de Desarrollo de Puerto Seco, que integran cerca de 70 socios que dan trabajo a 800 personas, quiere administrar.

El objetivo, detalla el presidente, Pedro Vergara. Es tener un espacio que les permita desarrollar sus reuniones ordinarias y extraordinarias y además ser lugar para la capacitación, donde otras agrupaciones también tendrían una acogida.

Vergara explicó que hoy este edificio, ubicado en Luis Callejas, no está en condiciones de ser utilizado, pues sus baños, cocina y auditorio fueron saqueados y que aun así están dispuestos a reparar los daños de recibir la administración. Inquietud que le presentaron al seremi Arnaldo Gómez.

El abogado Emilio Carreño, querellante junto con Alfredo Morgado de las acciones judiciales que buscan establecer responsabilidades penales contra quienes resulten responsables de la muerte del operario de Radomiro Tomic, Nelson Barría, fallecido en 2013 tras un derrumbe; informó que el fiscal regional visó la salida del caso de Raúl Marabolí, quien solicitó restarse del proceso por haber tenido vínculos con uno de los posibles imputados, responsabilidad en el que será reemplazado por Claudio Sobarzo.

Cambio que Carreño consideró una medida "acertada, éticamente correcta y prudente de parte del fiscal, por haber tenido cierto tipo de relación o vínculo con una de las personas que es potencialmente imputable en la causa", en la que el profesional estima existen cinco responsables.

Carreño, consultado sobre el plazo que ha tomado el proceso, dijo que está dentro de lo normal considerando la complejidad del caso y agregó que espera que el Ministerio Público solicite, prontamente, una audiencia de formalización para todos los responsables, "estén o no en Codelco".

Sobre la falta de declaraciones en el caso, en el que sólo Mauricio Barría ha declarado, Carreño explicó que esto guarda relación con "uno de los principios fundamentales de lo que es el proceso penal, que es el que los imputados tienen derecho a guardar silencio. Entonces, las responsabilidades objetivas hay que establecerlas a través de los elementos de prueba correspondientes y que son indiscutibles, no con las declaraciones de quienes aparezcan potencialmente como imputados", aclaró.

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