Hoy se discute y vota en la Cámara de Diputados el proyecto que modifica el sistema educacional y termina con el lucro, la selección y el copago en términos de enseñanza.

Estoy consciente que el debate de la presente iniciativa no ha estado exento de críticas y conflictos, no obstante tengo la convicción de que es un gran avance para la educación en Chile y para los estudiantes que hasta el momento no tienen las mismas oportunidades en materia educacional.

No quisiera ahondar en los detalles del proyecto, pero no puedo dejar de destacar las principales reformas, como el principio de la no discriminación e inclusión en todos los establecimientos educacionales, el principio de la no selección en los establecimientos subvencionados por el estado y el principio de promoción de la formación laica y ciudadana en todos los establecimientos públicos.

También quisiera hacer referencia al término del copago en educación particular subvencionada, señalando especialmente a los estudiantes y apoderados que participan de esta modalidad de enseñanza, que aún cuando no pueden tener injerencia en la decisión que cada sostenedor adopte respecto del futuro de su establecimiento, pueden tener la certeza de que el Estado de Chile, a través de este proyecto, garantizará que los derechos de sus niños respecto del acceso, permanencia, calidad y no selección en los establecimientos, serán respetados.

¿Como se dará esa garantía y ese respeto? A través de todas las alternativas que esta iniciativa contempla para los colegios en el periodo de transición, como por ejemplo la opción de crear corporaciones educacionales; de mantener los establecimientos en modalidad de comodato o arrendamiento e incluso la posibilidad de endeudarse con cargo a la subvención escolar, evitando que la reforma afecte el funcionamiento actual de los colegios.

Tengo fe que este proyecto representa un progreso para el país y para la forma de impartir enseñanza, además de ser un gran desafío para el Estado, quien vuelve a tomar las riendas de la educación en Chile, la que termina su ciclo como bien de consumo para alzarse como derecho fundamental dentro del sistema democrático que hoy nos regula.