Un proyecto de 512 millones de pesos para la compra de equipamiento para el hospital Carlos Cisternas podría ser rechazado si la ministra de Salud, Helia Molina, no se reúne con los consejeros regionales, autoridades que precisan que no aprobarán iniciativas si no existe un convenio de programación con la cartera, para que ambos sectores contribuyan con recursos para mejorar la problemática que existe en Calama.

Este hecho fue considerado como inadecuado, incorrecto e insensible por el intendente Valentín Volta, quien precisó que la salud es el tema prioritario a resolver. "Creo que es un muy mal proceder por parte del consejo e insto a que particularmente los de El Loa lo aprueben".

El consejero, Luis Garrido, mencionó que el aplazamiento de la votación se enmarcó en que por un lado aún están a la espera del detalle del equipamiento que había sido adquirido para el nuevo recinto de salud loíno y "del que aún no tenemos respuesta, porque se sabía que se habían comprado equipos, pero su destino era desconocido. Entonces cómo podemos aprobar la compra de por ejemplo mamógrafos si es probable que ya se hayan adquirido para el nuevo hospital y estén guardados".

Dijo que como Consejo Regional están dispuestos a entregar recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), pero con un convenio de programación, "es decir, que la ministra nos exponga cuántos recursos demanda el problema de la salud en la región y de estos que se hagan parte ellos y nosotros, para que en un par de años podamos avanzar y conseguir una solución".

Por su parte, la también consejera de El Loa, Sandra Pastenes, agregó que "en su minuto se acordó que no se aprobaría ningún proyecto de salud que no viniera de un convenio de programación, considerando esto, se decidió posponer la votación, esperando sobre todo la respuesta de una petición que se hizo hace tiempo a la ministra, para que nos recibiera para conversar el tema de la salud en la región".

Enfatizó que este proyecto se puede aprobar, "siempre y cuando la ministra responda, porque la petición que nos recibiera fue hace muchos meses".

"Pedimos que la ministra se juntara con nosotros, donde quisiera, pero la primera respuesta fue que nos reuniéramos con la subsecretaria de Redes Asistenciales, Angélica Verdugo, siendo que nosotros queríamos con ella, pues pretendemos ser parte de la solución en conjunto", puntualizó Garrido

El 70% de los colegios particulares subvencionados de Calama, pertenecientes a la Conacep, cerrarían si se aprueba la reforma educacional, postura que asumieron luego de una reunión que congregó a más de 14 sostenedores.

El coordinador de este gremio en la comuna, Rodrigo Vega Espinoza, comentó que esta cifra podría incrementarse pues "acá no hay tema de querer hacer un negocio sino de entregar educación, además si todos decidiéramos ser particulares pagados colapsaríamos el sistema".

"Considero que el tema no es subir los aranceles a tal punto de satisfacer las planillas con diez alumnos, sino que pasa por algo bien sencillo y es que la máquina está diseñada de una forma para funcionar y trabajar, cumpliendo con todos los requerimientos", agregó.

Respecto a cuándo podrían cerrar sus aulas, dijo que esto dependerá exclusivamente del momento en que el Gobierno los obligue a definirse.

"Se dice que estamos implantando la ley del terror y no es así, en la medida que se apruebe la reforma y nos digan que debemos funcionar de cierta manera a contar de una fecha determinada, ese día cerramos".

Precisó que lamentablemente, esta reforma sólo afecta a la clase media, "pues está atacando la única subvención directa que les entrega el Estado".

FIDE

"A ellos no les afectaba esta ley mientras estuviera considerando el arriendo, pero este artículo se cayó, no fue considerado y ahora sí se ven complicados. En la reunión manifestaron que se sumaban a las movilizaciones, aun cuando su estructura es distinta, porque algunos ya son fundaciones o corporaciones".

En tanto, Vega argumentó que como particulares subvencionados siguen teniendo el mismo dejo de tristeza, "pues no existe comprensión por parte del Gobierno, sino todo lo contrario, aumentando la violencia. Pondremos en el Senado nuestra esperanza, esperamos que entiendan que el proyecto no es viable, que tiene atisbos inconstitucionales, que incluso nos puede llevar a hacer reclamos a autoridades internacionales con respecto a los derechos humanos que se están pisoteando".

A fines de 2016 el Gobierno estima que el nuevo hospital Carlos Cisternas de Calama esté comenzando su marcha blanca, pero sobre el escenario que la Contraloría General de la República, en donde se está analizando el finiquito de las obras, dé la autorización y las acciones judiciales culminen.

El senador, Pedro Araya, precisó que en la comisión de Presupuesto el ministerio de Salud entregó el calendario, en el que en términos generales confirman que "saliendo la liquidación se licitará la obra y el reinicio para el segundo trimestre del próximo, es decir, de marzo en adelante y el término para el último trimestre de 2016".

Dijo que esto es el mejor contexto, ya que el ministerio ya puso en conocimiento el finiquito de las obras y "esta deberá validar el nuevo estado en el que quedó el hospital, los pagos que se realizaron y autorice a hacer un nuevo llamado de licitación por el saldo de la obra". En cuanto a la demanda que hizo el consorcio Comsa Pilasi, expresó que esto es un tema que se resolverá exclusivamente en tribunales.

En este contexto argumentó que la actual administración no puede responder por los acuerdos o negociaciones que realizó el gobierno anterior y solamente se están enmarcando en lo que establece la ley de procedimiento administrativo, "que en el fondo es liquidar el contrato con la Contraloría, solicitar la autorización para la nueva licitación y si hay demanda judicial, habrá juicio, nada más".

El parlamentario dijo que analizando las dos partes, el escenario es más complicado para la empresa, porque "en el fondo ellos tendrán que demostrar que hubo incumplimiento por parte del ministerio de Salud de las obligaciones contractuales y en el decreto por el que se les quitó la concesión están convocadas las propias causales que el contrato establece para termina de pleno derecho.".

Araya dijo que hasta el momento la Contraloría no se ha pronunciado, pero dada la envergadura de este tema se derivó de la regional a la General.