El equipo jurídico de Bolivia se encuentra detallando la respuesta que presentará hasta el próximo 12 de noviembre a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, según informó el procurador del Estado Héctor Arce.

"Nuestro equipo jurídico afina el alegato a cargo de nuestro agente (el ex presidente boliviano Eduardo Rodríguez) y los abogados extranjeros", dijo Arce. Asimismo, el procurador boliviano hizo hincapié en que Bolivia solicitó a la corte que emita un fallo obligando a Chile a sentarse en una mesa a negociar una salida al mar. "No pidió que decida una salida al mar para Bolivia, que no es lo mismo", subrayó Arce.

Chile presentó el 15 de julio pasado un recurso de excepción preliminar de competencia de la corte a la demanda boliviana.El tribunal fijó como plazo el 15 de noviembre para la respuesta legal de Bolivia.

"El gobierno de Chile ha ingresado en la estrategia de usar argumentos incorrectos sobre el proceso que alteran o tergiversan la demanda", respondió el vocero internacional de la demanda boliviana, el ex presidente Carlos Mesa, tras asegurar que Bolivia no pidió revisar los límites con Chile estipulados en el Tratado de 1904, tal como ha sido expresado por Santiago.

Luego de que la Cámara de Diputados despachara al Senado el proyecto que termina con el lucro, el copago y la selección, la Confederación de Padres y Apoderados de Colegios Particulares Subvencionados (Confepa), advirtió que tal como está planteada ahora la reforma educacional, "más de 4 mil colegios en Chile se van a cerrar".

La directiva de la organización se reunió ayer con el presidente de Renovación Nacional (RN) Cristián Monckeberg y con el secretario general del partido, Mario Desbordes, para manifestar su preocupación frente al proyecto despachado.

La presidenta de la Confepa, Erika Muñoz, manifestó que "con las condiciones que se están planteando, más de 4 mil colegios en Chile se van a cerrar. Es tremendamente preocupante".

Pese a esto Muñoz afirmó que espera que en la siguiente instancia se puedan modificar los puntos con los que están disconformes. "Esperamos que en el Senado las cosas se puedan revertir. Creemos que en el Senado puede primar la cordura y van a evitar la premura que existió en la Cámara", dijo la dirigente en la reunión.

Muñoz criticó la celeridad con la que se despachó el proyecto en la Cámara. "Creemos que los Senadores tienen la posibilidad de cambiar este proyecto de ley, que está terminando con la educación que los padres elegimos libremente", recalcó la presidenta de la organización.

El oficialismo se reunió en el comité político analizar la votación al proyecto, que provoca gran división al interior de la Nueva Mayoría. El presidente del PPD y vocero de la coalición de Gobierno, Jaime Quintana, manifestó tras la reunión que "nos vamos a centrar en las ideas fundamentales del proyecto y eso es que con recursos públicos no se puede lucrar".

Con respecto al rechazo de la indicación que permitía a los sostenedores de colegios arrendar los inmuebles de los establecimientos y la división que eso generó entre los parlamentarios, Quintana señaló que "más allá de si hubo acuerdo o no hubo acuerdo, lo concreto es que sólo el tema de los arriendos -que no estaba dentro de la propuesta original- es una indicación que el Ejecutivo ha señalado claramente que la va a intentar reponer en el debate del Senado".

Correa sutil

El residente del Tribunal Supremo de la DC, Jorge Correa Sutil, realizó ayer un llamado al Gobierno a que reconozca que debido a la reforma educacional "sí se van a cerrar colegios", como han argumentado desde la oposición.

"El Gobierno insiste en que las voces que dicen que se van a cerrar colegios son una campaña del terror. La verdad es que creo que esa afirmación es frívola", afirmó en entrevista con radio Cooperativa el ex subsecretario del Interior del Gobierno de Ricardo Lagos.

"Los colegios particulares subvencionados, en una proporción importante, están ahí porque lucran o para lucrar, o porque tienen la esperanza de lucrar. En la medida que se termine el lucro se van a cerrar y ése es un costo que a lo mejor queremos pagar. Ésa es una discusión que a mí me parece razonable", sentenció el abogado.

Diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Renovación Nacional (RN) y de Evópoli, llegaron ayer hasta La Moneda para pedirle a la Presidenta Michelle Bachelet que le solicite la renuncia al embajador de Chile en Uruguay, Eduardo Contreras (PC).

Los parlamentarios de la Alianza le hicieron llegar su solicitud a la Mandataria a través de una carta, en la que manifestaron que las acusaciones hechas por Contreras en una entrevista con el diario uruguayo La Diaria, en la afirmó: "No tengo ninguna duda de que estos actos terroristas que se han registrado son de la ultraderecha".

Los diputados de oposición le pidieron que más allá de consideraciones "orden partidista", le pida la renuncia al diplomático puesto que las declaraciones del embajador sientan "un precedente negativo" para las reciones internacionales de Chile, puesto que crean la idea de que "un embajador puede opinar de política contingente, imputar delitos a amplios sectores de la sociedad y vincular a quienes nos hemos opuesto a sus reformas con hechos terroristas como la colocación de bombas, sin ser removido de su cargo".

Tras entregar el documento en el palacio de Gobierno, el diputado RN José Manuel Edwards, afirmó que "creemos que a Chile no le conviene seguir manteniendo un embajador que ha hecho tanto mal a la credibilidad de la diplomacia chilena". "Tampoco le conviene a Chile tener un embajador que no sólo se ha inmiscuido en política interna, sino que ha imputado delitos a sectores opositores y empresariales y después de eso ha argumentado con faltas a la verdad", agregó.

Por su parte, el gremialista Gustavo Hasbún, acusó al Gobierno de convertir a la Cancillería en "activismo político".