Directivos de colegios privados de todo el país se dieron cita recientemente en Viña del Mar para dar forma a la Asociación de Colegios Particulares de Excelencia (ACPE), instancia en la que plantean intercambiar buenas prácticas pedagógicas y metodológicas.

Elena Jofré, rectora del colegio Saint Dominic de la Ciudad Jardín, encabeza el directorio de la agrupación, que ingresa a la discusión de la reforma educacional poniendo énfasis en la carencia de fiscalización en un sistema que creció de forma inorgánica, pero también en la necesidad de eliminar el lucro con fondos estatales para proyectos educacionales.

"Este país liberalizó la educación hace muchos años. En uno de los Gobiernos de la Concertación fue donde más se liberalizó. Pero esto creció tanto que ahora no tenemos cómo echarlo para atrás. Se desreguló. El tema no fue que crecieran colegios particulares subvencionados, sino que lo hicieron a diferentes ritmos y velocidades. El problema está en que lo hicieron con platas del Estado y el proyecto, en algunas oportunidades, fue malo. Lo que faltó fue un Estado más fiscalizador. Ahora penalizar es cambiar las reglas del juego. Habría que penalizar al Estado por no haber regulado qué se hizo con su plata", afirma Jofré.

La titular de la ACPE, magister en Psicología Infantil en contextos escolares, psicóloga y profesora de Educación Diferencial, agregó que "todos los días se sube o baja una indicación, y pareciera ser que los profesores no son los protagonistas de esta reforma. Para mi gusto, los grandes ausentes de la reforma son el plano docente y la educación pública".

La asociación aglutina a siete establecimientos ubicados entre Antofagasta y Concepción, que según Jofré apuntan a hacer intercambios pedagógicos, intercambios docentes y apoyo curricular. Otro grupo de siete entidades educativas prepara su ingreso a la ACPE.

En cuanto al éxito de este tipo de colegios, la directiva afirma que se debe fundamentalmente a "un muy buen grupo de profesores, muy comprometidos con la institución". La discusión legislativa de la reforma, asegura, ha entrado en una espiral de ideologización que la vuelve confusa.

"Esta reforma debe desligarse de la ideologización. Necesitamos una reforma que beneficie a los colegios más deprimidos. La educación pública pierde 7% de matrícula anual y de lo único que estamos preocupados es del copago", agregó.

Entre las fortalezas del proyecto cree que estará el mejoramiento en el uso de los recursos. Y el que se impida el lucro. "Cuando usas platas del Estado, tienes que hacerlo en función del motivo por el cual te dieron esos recursos. Si eso es así, y te va bien porque montaste bien un negocio, entre comillas, está bien. Pero ahora van a pagar justos por pecadores", enfatizó.

Respecto de la inclusión en este tipo de establecimientos, que ha sido una de las aristas que más ha reforzado el Mineduc, Jofré asegura que "los colegios particulares somos súper obedientes. Cuando la reforma diga que no hay selección, no habrá selección".

La indicación a la reforma educacional que causó mayor controversia en la discusión en la Cámara de Diputados fue la penalización con cárcel del lucro en los establecimientos educacionales, iniciativa impulsada por la llamada "bancada estudiantil". Durante la votación realizada hace unos días, el 46,7% de los parlamentarios se manifestó a favor de la medida, mientras que el 42,5% votó en contra y el 6,67% se abstuvo, por lo que finalmente la polémica indicación fue rechazada. Seis diputados de la DC dijeron no a la penalización.

El arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, se refirió a la carta enviada por un grupo de personas al Papa Francisco, en apoyo a tres sacerdotes chilenos que expresaron abiertamente sus opiniones relacionadas con el aborto y el trato hacia los homosexuales.

"Tienen todo el derecho de presentar sus opiniones al Papa", indicó Ezzati, citado por EFE, y agregó que "esa libertad naturalmente se confronta con la sabiduría del Santo Padre, el cual sabrá dar la respuesta que él estime, pero ellos son personas libres, maduras, algunas cristianas. Lo que es importante para mí es cumplir con mi deber y creo que en eso estoy".

El pasado 21 de octubre, un grupo de personas ligadas a las artes y la política nacional defendieron la labor de Mariano Puga, José Aldunate y Felipe Berríos, cuyos antecedentes fueron entregados por el cardenal a la autoridad eclesiástica debido a algunos dichos en torno a temas valóricos.

Actores, abogados, exministros, cineastas y periodistas, entre otros, figuran entre las personalidades que firmaron dicha carta enviada al Vaticano.

En la misiva se destaca que "lo ocurrido no es un hecho aislado sino el síntoma de una grave crisis que vive nuestra Iglesia chilena en general, y la Iglesia de Santiago en particular".

"Consideramos necesario compartir una mirada objetiva de la situación, ofreciendo un testimonio de la vida sacerdotal de los hermanos cuestionados", añade el escrito.

Sobre la acusación, Ezzati reiteró que "no ha habido ninguna denuncia ni de mi parte ni de otras personas; lo que la Santa Sede ha conocido, y no porque yo se lo haya enviado, es lo que ha aparecido en los medios de comunicación, nada más que eso".

La carta surgió en rechazo al comportamiento de la Iglesia durante las últimas semanas, después de que a través de una solicitud de la Nunciatura Apostólica, Ezzati entregara antecedentes sobre las críticas de los tres sacerdotes a la postura con que la Iglesia aborda estos y otros temas relacionados con la desigualdad, los que serán analizados por la Congregación para la Doctrina de la Fe.

Los prelados denunciados cuestionaron posturas de la iglesia católica frente a la reforma educacional que promueve el Gobierno de Michelle Bachelet, así como su negativa a discutir sobre el aborto terapéutico y su rechazo al matrimonio homosexual.

En declaraciones citadas por Cooperativa el pasado miércoles, el sacerdote jesuita Felipe Berrios sostuvo que "todavía nosotros no sabemos quiénes nos acusan y de qué se nos acusan".