El embajador de Chile en Alemania, Mariano Fernández, respondió ayer a los dichos del Presidente boliviano Evo Morales y afirmó ante la ONU que Bolivia sí tiene asegurado el acceso al mar por medio de los puertos chilenos.

Los dichos del diplomático llegan un día después de que en el marco de la II Conferencia de Naciones Unidas sobre Países en Desarrollo Sin Litoral, organizada por la ONU, Morales afirmara que Bolivia es un país "privado temporalmente" de litoral.

Fernández destacó que Chile ha cumplido con los compromisos del Programa de Acción de Almaty, en lo que se refiere a la cooperación en el transporte de tránsito de los países en desarrollo sin acceso a litoral.

El embajador señaló que Chile "ha priorizado los avances en conectividad y facilitación fronteriza para el Estado Plurinacional de Bolivia y también para la República del Paraguay, procurando consolidar regímenes de tránsito seguros y eficientes".

Con respecto al acceso de Bolivia, Fernández añadió que "este país goza de almacenamiento gratuito por un año para sus importaciones y por 60 días para sus exportaciones; además, disfruta de tarifas preferenciales para algunos servicios de uso de muelle; tarifas reducidas para el almacenamiento de cargas peligrosas y exención impositiva a todos los servicios prestados a sus cargas, entre otros. Todos los costos de estos beneficios son asumidos por el Estado de Chile".

El canciller Heraldo Muñoz, en tanto, señaló que no "se prevé ninguna sorpresa" en la respuesta de Bolivia a la impugnación de Chile a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Tras reunirse con el agente chileno ante La Haya, Felipe Bulnes, el ministro explicó que una vez que se entregue el documento, se procederá a analizarlo y que luego vendrán los alegatos orales. "Eso probablemente sea alrededor de mayo del próximo año, de modo que vamos a tener tiempo de analizar el documento, que es reservado por cierto, e informar a la Presidenta una vez que hayamos hecho ese análisis", afirmó.

El ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, aseguró que el resguardo de personal de Carabineros a los camiones de valores en entregas de grandes sumas de dinero no afectará las labores preventivas de la institución.

"Esta es una medida transitoria. Estas medidas no afectan en nada los planes y programas de seguridad que están en los lugares de nuestro país. Este es un esfuerzo adicional, que es temporal, que permite a las empresas ponerse al día con las nuevas exigencias. El esfuerzo lo estamos haciendo temporalmente, pero aquí la responsabilidad de tener un servicio que resguarde y cumpla con todas las condiciones es de las empresas privadas", afirmó el secretario de Estado.

Peñailillo firmó ayer undecreto que limita los horarios de traladados de dinero entre las 8:00 y las 21:00 horas y aumenta las exigencias en materia de seguridad a las compañías que prestan dichos servicios.

El general director de Carabineros, Gustavo González, señaló que el resguardo de ese tipo de vehículos "era necesario por el alto impacto que generan en la seguridad pública", a raíz de la gran cantidad de asaltos que se han producido en el último tiempo. González claró que la protección de Carabineros a los camiones de valores sólo se aplicará hasta el viernes 7 de noviembre.

El caso de una niña de 13 años de Carahue que está embarazada de un feto inviable, producto de haber sido violada presuntamente por un familiar, generó un debate en torno a la despenalización del aborto terapéutico.

A partir de ese hecho, el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Guido Girardi (PPD) y el diputado Marco Antonio Núñez (PPD), presidente de la instancia en la Cámara Baja, señalaron que pedirán al Gobierno que le ponga urgencia a la discusión del proyecto de aborto terapéutico.

Cardenal Ezzati

El cardenal arzobispo de Santiago, monseñor Ricardo Ezzati, comentó que "en primer lugar una gran cercanía a esta niña y un gran rechazo a lo que ella ha sufrido y ha sido víctima. Es una cosa tremenda que en nuestra sociedad una niña de 13 años sufra de esta falta a sus derechos fundamentales y que eso sea a nivel de su propia familia", dijo.

El cardenal agregó que "yo siempre creo que hay que discutir con altura los temas, y buscar verdades desde la racionalidad, y desde la dignidad de las personas lo que eso puede ser, como desarrollo social, cognitivo. Creo que nunca es bueno instrumentalizar las cosas".

El diputado Núñez se sumó al llamado de Girardi pidiendo acelerar el debate del proyecto de aborto que contempla tres casos: cuando el feto es inviable, cuando la vida de la madre está en riesgo y cuando se trata de una violación. Dos de las tres causantes se cumplen en caso de la menor que está internada en el Hospital Luis Tisné de Peñalolén.

El diputado hizo un llamado al Gobierno: "Queremos mayor compromiso, mayor actividad del punto de vista ministerial para que no sólo se presente el proyecto de ley, sino que se estimule el debate respecto de los valores que aquí están en juego", agregó.

Desde la Alianza la senadora UDI Jacqueline van Rysselberghe manifestó que no está de acuerdo con que se practique el aborto. "Hacer un aborto es pescar esa guagua, sacarla y probablemente, matarla de alguna manera, porque esa guagüita está en condiciones de vivir, aunque fallezca después", afirmó la parlamentaria gremialista.

En entrevista con Cooperativa la senadora miembro de la Comisión de Salud, dijo que un aborto no debiera practicarse "ni por el caso de violación ni por malformación congénita que sea incompatible con la vida, corresponde el aborto, porque es como ponerle un control de calidad a la raza humana".

La ministra de Salud, Helia Molina, afirmó que el caso de la menor de Carahue pone en evidencia la necesidad de legislar sobre el tema, pero que el debate depende del cronograma de La Moneda. "Estamos haciendo todo el análisis del caso. Sin dudas que sensibiliza. Estamos trabajando en la ley, pero los cronogramas del Ejecutivo los pone la Presidenta de la República", dijo la secretaria de Estado en entrevista con Cooperativa. Molina agregó que este caso "es el ejemplo máximo de lo que ocurre en las poblaciones vulnerables, niños vulnerables, falta de legislación, es un tema lamentable".

A un día del paro convocado para hoy y mañana por el Colegio de Profesores, miembros del magisterio y estudiantes secundarios de la Coordinadora Nacional Estudiantes Secundarios (Cones) se tomaron ayer las dependencias del Ministerio de Educación en la capital a eso del mediodía, para reiterar su petitorio y el llamado a paro.

Los estudiantes y profesores contaron con el apoyo de la organización Corpade (Coordinadora de Padres y Apoderados por el Derecho a la Educación) y estuvieron movilizados en el edificio en el centro de Santiago por una hora, el que luego desalojaron pacíficamente.

El Colegio de Profesores convocó a un paro de 48 horas que comenzaría hoy, con el fin de demandar una solución a un petitorio que contempla la llamada "agenda corta". Ésta consta de cinco puntos que contemplan la titularidad de los profesores a contrata, un bono de incentivo al retiro voluntario, el descongelamiento del ingreso mínimo docente, poner fin al agobio laboral que sufren los maestros y buscar una solución a la deuda histórica.

"Esta será una movilización ascendente hasta encontrar la respuesta que nosotros nos merecemos. Esa es la situación de fondo que nosotros nos merecemos a la brevedad. Si no hay respuesta de aquí al 9, nosotros el 10 iremos a un paro nacional indefinido", señaló durante la movilización el presidente regional metropolitano del Colegio de Profesores, Jorge Abedrapo.

Desde la Cones afirmaron ayer que si no se da una respuesta a las demandas, se plegarán al paro indefinido convocado por el Colegio de Profesores para el 10 de noviembre. "La única forma de lobby del movimiento social es la movilización", dijo el vocero de la organización, Ricardo Paredes.

El lunes la subsecretaria de Educación Valentina Quiroga dijo que este tipo de movilizaciones a esta altura del año "perjudica a la educación pública".