La Presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, continuaba internada ayer por un cuadro de sigmoiditis, y el último parte médico entregado indica que una vez que sea dada de alta, deberá guardar reposo por al menos diez días.

De esta forma, según informó la Casa Rosada, la Mandataria no viajará al G20 de Australia, que tendrá lugar el 15 y 16 de noviembre.

La ministra de Industria, Débora Giorgi, aseguró que Fernández "está muy bien" y que da "indicaciones" desde el sanatorio Otamendi de la ciudad de Buenos Aires, donde está internada desde el domingo pasado.

"Nos manda indicaciones a través de los correos electrónicos y mensajitos. Nos tiene a todos bien cortitos", dijo la funcionaria a radio América. Giorgi dijo que no habló con la Jefa de Estado, pero aseguró que la Presidenta "está mandando mensajes, instrucciones y todo".

Ya que Fernández no podrá asistir, el ministro de Economía, Axel Kicillof, encabezará la delegación argentina en la Cumbre del G20 que se realizará en la ciudad de Brisbane. Lo acompañará el canciller Héctor Timerman.

Un parte médico conocido la noche del miércoles indicó que la Jefa de Estado se encuentra "estable", "cumpliendo tratamiento sintomático y con antibióticos por vía endovenosa" por el cuadro de sigmoiditis, que es una inflamación o una infección en la zona del colon, llamado sigmoide.

La Mandataria permanece internada "para completar tratamiento con control evolutivo" y no se especificó cuándo saldrá del sanatorio.

El ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, fue recluido ayer en una prisión federal en el central Estado de México, como presunto autor intelectual de la muerte de seis personas y la desaparición de 43 estudiantes en septiembre, informó la Procuraduría General de la República (PGR).

La PGR (fiscalía) indicó en un comunicado que a las 17.10 hora local (23.10 GMT), el ex alcalde quedó internado en el Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en el municipio de Almoloya de Juárez.

Precisó que Abarca quedó a disposición del juez primero de distrito en materia de procesos penales federales en el estado de Tamaulipas, con sede en Matamoros, por los delitos de delincuencia organizada, secuestro y homicidio calificado, en cumplimento a la orden de aprehensión emitida en su contra el 24 de octubre de 2014.

"Esto independientemente del resultado de las investigaciones que sigue llevando esta Procuraduría sobre Abarca Velázquez", apuntó la institución.

En el caso de María de los Ángeles Pineda Villa, esposa de Abarca, "como consecuencia de las investigaciones que se realizan, hoy (ayer), del mismo modo, un juez federal especializado determinó imponerle la medida cautelar de arraigo por 40 días", puntualizó.

Abarca y Pineda fueron arrestados la madrugada del martes por agentes federales en la delegación Iztapalapa, Ciudad de México, y fueron entregados a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), en la misma capital, para ser interrogados.

Abarca y Pineda se esfumaron el pasado 30 de septiembre tras pedir él una licencia de 30 días, cuatro días después de una violenta acción coordinada por la policía local y el grupo mafioso Guerreros Unidos contra un grupo de estudiantes de una escuela rural para maestros, que se saldó con seis muertos a tiros y la desaparición de 43 jóvenes.

Ayer, decenas de miles de personas marcharon en Ciudad de México para exigir la aparición con vida de los estudiantes.

Los líderes republicanos del nuevo Congreso que EE.UU. inaugurará en enero, John Boehner (Cámara de Representantes) y Mitch McConnell (Senado), adelantaron ayer su agenda legislativa en una carta publicada en el Wall Street Journal.

Revocar la reforma sanitaria, modificar la política impositiva, enfrentar la amenaza yihadista, promover las escuelas particulares subvencionadas, y reducir la deuda pública serán las prioridades del nuevo Congreso controlado por los conservadores.

"La clase media estadounidenses está claramente frustrada por la creciente falta de oportunidades, el estancamiento de los salarios, y un Gobierno que parece incapaz de hacer las tareas más básicas", diagnosticaron los republicanos tras la rotunda derrota que su partido infligió a los demócratas en las elecciones legislativas del martes.

La reforma sanitaria de Barack Obama, aprobada cuando los demócratas controlaban ambas cámaras en 2010, es la norma de la legislatura más significativa de su Presidencia y también la que suscita una oposición más acérrima entre la oposición, conjurada ahora en buscar su retirada.

"Renovamos nuestro compromiso en revocar el Obamacare (como se conoce popularmente la reforma), que perjudica al mercado laboral y también a la atención sanitaria de los estadounidenses", subrayan en su misiva conjunta.

Asimismo, entre los "retos más acuciantes" que deberá abordar el nuevo Congreso, sitúan "los costes en Sanidad que continúan aumentando bajo una ley totalmente fallida que los estadounidenses nunca apoyaron".

En su larga carta destaca una ausencia clave: ni una sola referencia a la inmigración, tema clave de la Presidencia de Barack Obama, que no ha podido sacar adelante su prometida reforma por el bloqueo republicano en la Cámara de Representantes.

Ante el obstruccionismo de la oposición, y consciente de que el voto latino es vital para el futuro candidato demócrata de 2016, Obama ha prometido medidas unilaterales que emanarán de su poder ejecutivo para antes de que finalice el año y que cuentan con el rechazo republicano antes incluso de conocerse.

Los líderes del nuevo Congreso, ante un electorado preocupado por que las futuras generaciones vivan por primera vez peor que sus padres, aseguran que sus primeras medidas se centrarán en la economía y el empleo.

A partir de enero, Obama enfrentará sus últimos dos años en la Casa Blanca con el Congreso más hostil de su Presidencia, controlado completamente por los republicanos, que desde que comenzaron a controlar la Cámara de Representantes en 2010 le han impedido cumplir con su ambiciosa agenda legislativa.

Los republicanos aspiran ahora a aprobar leyes que en su día obstruyó el Senado controlado por los demócratas pero que, sostienen, contaban con apoyo bipartidista. Se trata de leyes que "eliminan barreras para la creación de empleo y reducen los costos energéticos para las familias", señalan. Entre esas normas destaca la autorización del controvertido oleoducto Keystone XL, para el transporte del crudo de los yacimientos de arenas bituminosas de la provincia de Alberta (Canadá) a las refinerías estadounidenses.