Falta de claridad en los procesos, problemas de transparencia y graves errores son las calificaciones que entregaron los concejales José Mardones (PC) y José Astudillo (RN) a la gestión de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (Comdes), frente a una serie de situaciones, entre las que se destacan la ley SEP, la subvención Junji y el pago de beneficios a las jefaturas.

Las declaraciones fueron vertidas luego que se diera a conocer un informe emanado de la Contraloría Regional de Antofagasta, que fue solicitado por Mardones, donde se aclaran las rendiciones de cuenta y saldos sin ejecutar de la ley SEP, en el que se incluyen los casos de las escuelas E-51 y Andrés Bello, el arriendo de seis vehículos por más de 113 millones de pesos por 36 meses, la asignación de bonos al personal directivo, la eventual omisión en la preparación de balances y conciliaciones bancarias y la eventual falta de percepción de ingresos provenientes de la subvención otorgada por la Junji.

Si bien la Contraloría en el tema de la entrega de bonos se mantuvo al margen por precisar que era competencia de la dirección del Trabajo, los concejales criticaron la diferencia que existe entre los beneficios de los trabajadores y la jefatura.

De acuerdo a la investigación, hubo una negociación que benefició a las direcciones Ejecutiva, Gestión Económica y Recursos Humanos y a las jefaturas de la unidad de Control Interno, de Planificación, Finanzas, Informática y Administración con un aumento en el sueldo base de un 1,5% efectivo los meses de mayo de cada año, un bono de responsabilidad entre 80 mil y 130 mil pesos, dependiendo de antigüedad, un bono de otoño de 200 mil pesos pagadero en marzo, un bono de verano por la misma cantidad, pero imponible, cancelado en enero, asignación mensual de movilización de 80 mil pesos y de colación por 70 mil pesos. Todos estos reajustables cada año.

Mardones dijo que no está en contra de los beneficios sino de la manera en que se entregaron, pues no se sabe si hubo un proceso de negociación de por medio, además "a los trabajadores se les hacen reajustes cada tres años y los bonos son menores, por lo que correspondería que si ellos ganan un peso la jefatura reciba lo mismo. Además no es comparable el reajuste en el sueldo de un trabajador que recibe 500 mil pesos a uno de dos o tres millones de pesos".

En tanto, Astudillo enfatizó que existe una inconsecuencia, porque por un lado insisten que no hay dineros en la Comdes y "por otro se aumentan los sueldos, esta situación es incómoda, porque negocian con ellos mismos. El alcalde dice que todo está bien, pero nuestra apreciación es que no es cierto y se deben regular estas situaciones".

En el presupuesto, la Comdes solicitó más de 1.500 millones de pesos para asumir las negociaciones colectivas de sus sindicatos, hecho que también fue reprochado, aunque no era parte del informe. "En este caso que negocien con la municipalidad, además si les estás dando a ellos, también dale a tus funcionarios y a los de Salud, que igual están pidiendo reajustes", comentó Mardones.

Con respecto a la ley SEP el informe manifestó que hay una diferencia de 267 millones de pesos entre el saldo sin ejecutar y lo que existen en las cuentas corrientes de los establecimientos, "solicitándose que una vez entregado este informe tienen 30 días para justificarlos", explicó Mardones.

Mientras que en la subvención de la Junji "quedó de manifiesto que no hay anomalías, eventualmente porque la información la entregó la Comdes, pero no se dice de qué manera pagaron los montos que no habían sido justificados, porque si no pudieron demostrar su gasto, de dónde sacaron dinero para devolverlo, eso no queda claro", recalcó.

Alcalde

Por su parte, el alcalde Esteban Velásquez dijo que hoy entregarán un informe con respecto a la respuesta de la Contraloría, pero recalcó que "siempre lo hemos hecho bien y ese ha sido el mensaje, son otros los que dijeron situaciones que no se acercaban a la realidad".

Respecto a los bonos, aseguró que ellos nivelan para arriba dentro de las atribuciones que les corresponden a los funcionarios, "porque hay jerarquías, pero siempre hemos buscado recursos para entregar mejoras económicas y no hay diferencias entre unos y otros".

El ministerio de Justicia, a través de la seremi Alejandra Pozo, entregó una placa memorial para recordar a las víctimas de la Caravana de la Muerte por su paso por Calama a la Agrupación de Ejecutados y Detenidos Desaparecidos, como una manera de renovar el compromiso del Gobierno con la verdad y los derechos humanos.

La placa fue colocada en el memorial que se ubica en el kilómetro 13 del camino a San Pedro de Atacama donde encontraron restos de los 26 ejecutados.

La seremi de Justicia destacó que esta es la primera vez que el Gobierno regional realiza "un reconocimiento de los lugares históricos que evocan la memoria de nuestro país".

Explicó que esta actividad se enmarcó en el compromiso de la Presidenta Michelle Bachelet en materia de derechos humanos y reconoció la incansable labor desarrollada por las familias, agrupaciones y "de todos aquellos que ven en los derechos humanos el espacio donde reencontrarnos y respetarnos, para que nunca más en Chile sucedan estos hechos". Asimismo insistió en la importancia de mantener la memoria histórica a través "de la identificación de los lugares dónde chilenas y chilenos perdieron la vida por defender un ideal".

Por su parte, la presidenta de la agrupación, Violeta Berríos, agradeció la placa, y dijo que "es darle valor y reconocer que realmente eran trabajadores y no delincuentes como muchas veces se ha querido decir. Si lo hace el ministerio es porque eran importantes a la comunidad".

En tanto, dijo que este tema sigue vigente, pues la búsqueda de la verdad continúa con el reconocimiento de más restos.

"Están en la selección de huesitos que puedan servir para analizar el ADN, estos serían enviados a Austria y no sabemos cuánto se pueda demorar el resultado, porque la última vez fue de un año y 8 meses.", comentó Berríos.