Por unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que fortalece los consejos regionales, que desde 2013 son elegidos en forma directa por la ciudadanía.

Al respecto, el diputado de la Unión Demócrata Independiente, Felipe Ward, aseguró que esta iniciativa resulta fundamental ya que "poseen un alto nivel de responsabilidad, al ser quienes analizan y aprueban en el Consejo los temas claves de inversión para cada uno de las regiones".

En concreto, el parlamentario gremialista explicó que el proyecto -que fue despachado al Senado- incrementa en un 100% la dieta de los consejeros regionales, de 10 a 20 UTM, por la asistencia a la totalidad de las sesiones en el mes y con disminución proporcional a la asistencia.

Asimismo, agregó el diputado UDI, se fija una dieta superior en un 20% para el presidente del Consejo.

Además, indicó que cada consejero regional recibirá una dieta de cuatro UTM, con un máximo de doce, por asistencia a cada sesión extraordinaria.

votación

"Para efectos de la dieta y asignación adicional, no se considerarán como asistencias aquellas debidas a razones médicas o de salud acreditadas por certificado médico; por fallecimiento del cónyuge, hijo o padres; o por cometidos expresamente autorizados por el propio consejo", acotó Ward.

A juicio del legislador, la aprobación de esta iniciativa viene a hacer justicia con estas autoridades regionales, "ya que no pueden seguir trabajando con la precariedad que tienen hasta ahora, donde ni siquiera tienen la opción de presentar excusas por una ausencia obligada", concluyó.

A un año seis meses que se paralizaran las obras del nuevo hospital Carlos Cisternas (HCC), el gerente de Operaciones de la constructora Pilasi, Jaime Pilasi, enfatizó que existe desconocimiento e incapacidad política para llegar a una solución.

En este contexto dijo que las autoridades, tanto gubernamentales como parlamentarias, "intentan imponer una cortina de humo, para justificar todos los incumplimientos por parte del servicio y la incapacidad política de solucionar el problema que afecta a la ciudadanía calameña".

posición

Reiteró que el recinto podría estar terminado y en funcionamiento, "de no ser por el sinnúmero de inconsistencias cometidas por un organismo que no está para construir obras públicas, sino para ocuparse y preocuparse de la salud".

En este sentido, argumentó que con esta actitud sólo se busca desinformar a la ciudadanía, endosándoles, por medio de acusaciones infundadas, acciones que no cometieron.

"Nunca abandonamos las obras, fue el servicio quien nos expulsó y prohibió el ingreso. El término de contrato no se debe a la quiebra del consorcio, este se hizo tres meses después y por causa directa de la expulsión de las obras y la millonaria deuda que mantiene el servicio con la empresa", enfatizó.

Agregó que "el consorcio siempre tuvo los fondos para trabajar, pero el servicio no pagaba la totalidad de los trabajos ni los reajustes de acuerdo al contrato. Producto de ello se generó una cuantiosa deuda, lo que sumado a los problemas de caja que tenían no fue capaz de pagar el último estado de pago, adeudando al consorcio a junio de 2013 4.600 millones de pesos".

En cuanto a los atrasos que se les imputa, Pilasi dijo que los 512 extras obedecieron a ampliaciones de plazo que nacieron por la inconsistencia del proyecto, "indecisiones del mandante, donde el único responsable es el servicio", acotó.

dato

Precisó que existe un acuerdo firmado por la inspección técnica de obra (ITO) en el que estableció que se requerían 6.800 millones adicionales para el término de la obra, los que se sumarían los seis mil millones que quedaban y el recinto comenzaba a funcionar el 30 de octubre de 2013. "Este fue firmado el 8 de mayo de 2013, 14 días antes de la resolución arbitraria e ilegal de término de contrato".

Pilasi dijo que considerando todo lo anterior, es que decidieron entablar la demanda que aún está en tribunales, contemplando "la ilegalidad del término anticipado, las deudas que suman 4.600 millones de pesos y los daños y perjuicios a determinar al término del proceso".

Alrededor de las seis de la mañana de ayer, los profesores que se mantienen paralizados en Calama cerraron el camino que une con Chuquicamata, como una acción para recordar que se encuentran en movilizaciones debido a la inexistencia de acuerdos con el Gobierno.

Si bien el Colegio de Profesores reinició las negociaciones con el ministerio de Educación, los docentes se mantendrán en paro hasta que exista un acuerdo formal.

De acuerdo a lo que explicó la presidenta del magisterio en Calama, Agueda Rivera, "se abrieron las puertas el viernes, hoy (ayer) hubo una segunda conversación y para el jueves está establecida una reunión".

Enfatizó que pedirán que se cierren "bien los puntos de la agenda corta, que sean claros precisos y algunos tal cual como los estamos pidiendo. Terminando con esto, iniciar de manera inmediata el diálogo respecto a la carrera profesional docente".

"No hemos depuesto el paro, porque si lo hacemos quedaremos igual que al comienzo. Nos obligan a hacerlo para conseguir algo", agregó.

En tanto, dijo que mañana en la reunión se puede esperar cualquier resultado, "pero la idea es que lo que venga, con todo lo que ha pasado con los profesores, la vuelta a clases sea dependiendo del resultado de la consulta que se aplique a todos los docentes, la que será definitoria".

El paro en Calama cumplió una semana y al ser autoconvocado alberga a algunos establecimientos y de acuerdo a la decisión de cada docente.