La ministra del Trabajo, Javiera Blanco, sostuvo que no hay aceleración ni retraso en la agenda laboral, luego de que representantes de las pymes, multigremiales y el Partido Comunista cuestionaran su celeridad tras el anuncio del Gobierno de despachar la ley el 31 de diciembre.

Las entidades empresariales también manifestaron que fueron excluidos de la discusión acerca de la reforma.

Ante la polémica, la secretaria de Estado respondió que "con los pequeños y medianos empresarios y con la CPC (Confederación de la Producción y el Comercio) hemos tenido ya reuniones y las vamos a seguir teniendo y la fecha ha sido siempre de público conocimiento para todos, aquí no se está adelantando ni retrasando".

"Hay que recordar que en el contexto de lo que fue la discusión del salario mínimo, me tocó firmar junto al ministro de Hacienda un compromiso de presentación de agenda laboral antes del 31 de diciembre. Lo único que estamos haciendo es dar cumplimiento a este compromiso que ya era público y conocido", manifestó Blanco.

Además, la titular de Trabajo añadió que "si las personas quieren seguir dialogando nosotros lo vamos a seguir haciendo, por eso las reuniones que vamos a sostener esta semana".

La ministra recibió ayer el respaldo del vocero de Gobierno, Álvaro Elizalde, quien criticó a los empresarios y entidades gremiales que acusan una exclusión en el diálogo acerca de la agenda laboral.

"Siempre los que se oponen a los cambios buscan todo tipo de excusas, excusas que a veces son sumamente creativas pero son infundadas, porque cuando se subscribió el acuerdo con la CUT para modificar el salario mínimo, el Gobierno explicitó que se iba a iniciar la implementación de la agenda laboral antes de fin de año", enfatizó el ministro.

Elizalde agregó que "lo que hemos hecho el viernes es informar la decisión del Gobierno que se enmarca dentro de los compromisos subscritos que se hicieron públicos hace varios meses atrás".

nueva legislación

La ministra Blanco participó en un acto por la conmemoración del día nacional de las trabajadoras de casa particular. En la ocasión, se destacaron los avances en materia de derechos de las asesoras del hogar.

La nueva legislación, que entrará en vigencia el 1 de enero del próximo año, considera una reducción de la jornada laboral (de 72 a 45 horas semanales) y el respeto por los días de descanso.

El anuncio del Gobierno de despachar la reforma laboral este 31 de diciembre causó rechazo en la oposición. En declaraciones a radio Biobío, el diputado y presidente de la UDI, Ernesto Silva, criticó la reforma impulsada por el Ejecutivo y sostuvo que La Moneda no debería presentar un paquete de medidas en este sentido. "Un Gobierno que en solo ocho meses ha destruido más de 150 mil puestos de trabajos a familias de clase media no tiene derecho a impulsar una agenda laboral que va a generar más daño", indicó el timonel del gremialismo.

Miles de personas se reunieron ayer en la Plaza Italia de Santiago para manifestarse a favor de una asamblea constituyente para la redacción de una nueva Constitución.

Carabineros cifró en 3.500 la cantidad de asistentes, entre los cuales figuraron el ex candidato presidencial del Partido Progresista (PRO), Marco Enríquez-Ominami y los diputados (RD) Giorgio Jackson, (PC) Camila Vallejo, (PS) Maya Fernández, (PL) Vlado Mirosevic y (PS) Daniel Melo.

El coordinador nacional de Marca AC, Genaro Cuadros, aseguró que "es bueno que de nuevo la demanda por la asamblea constituyente se ha vuelto a levantar".

El dirigente del movimiento Poder Social Constituyente y uno de los convocantes a la marcha, Álvaro Ramis, dijo esperar que "la marcha sirva para exigir al Gobierno que dé un pronunciamiento claro respecto de los mecanismos de cambio constitucional, debido a que la promesa de la Presidenta Bachelet fue acerca de una nueva Constitución".

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, (PPD) Jorge Tarud, llamó al Gobierno a solicitar la intervención del embajador de Chile en México para aclarar la detención del ciudadano chileno Laurence Maxwell.

El sociólogo de 47 años fue detenido por la policía de dicho país durante la protesta en el Distrito Federal por la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala.

El parlamentario destacó que los testimonios de los compañeros de Maxwell, quienes acusaron irregularidades en su detención y denunciaron su trasladado a una cárcel de alta seguridad, amerita la intervención del embajador Ricardo Núñez.

"Esto sobrepasa las prerrogativas consulares que se han efectuado hasta el momento y que se realizan siempre en caso de todo chileno que este en esta situación", argumentó el legislador.

Tarud aseguró que "las palabras que escuchamos hace un par de días del Presidente de México, en el sentido de que aplicará mano dura ante las protestas legítimas por la desaparición de 43 estudiantes, nos dan a entender de que estas acciones que se han tomado en contra de nuestro compatriota pretenden ser una advertencia del Gobierno mexicano para todo aquel que proteste".

protesta de familiares

En Santiago, un grupo de familiares y amigos de Maxwell realizaron una manifestación frente a la embajada de México en Chile, ubicada en la comuna de Las Condes.

Andrés Mena, amigo y profesor del chileno detenido, expresó a radio Cooperativa que "es sorprendente y preocupante por el contexto mexicano actual. Lo conozco hace más de 20 años, es una persona muy productiva en término intelectuales, ha escrito varias novelas". "Tenemos la confianza de que el Gobierno asuma una posición clara y queremos revelar que se trata de una acusación que no tiene ningún asidero", puntualizó Mena.