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"Les prometen un mejor nivel de vida"

Este año en las fiscalías del extremo norte de Chile han ingresado 60 denuncias por tráfico y trata de inmigrantes. Bandas organizadas cobran entre 60 y 300 dólares a extranjeros para ingresarlos clandestinamente por las fronteras de Tacna-Arica o Pisiga-Colchane. Algunos son engañados, diciéndoles que se les ayudará a entrar legalmente. En el camino se dan cuenta que todo era un truco para sacarles el poco dinero que traen encima.
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Liz ya no puede más. La altura y el frío acabaron con sus fuerzas. Está a 4.000 metros sobre el nivel del mar, rodeada de nieve y rocas. Allí fue abandonada junto con todo el grupo.

Los "coyotes" les dijeron que los esperaran, que estaban apenas a 20 minutos de Iquique así que podían llegar caminando. Los migrantes les creyeron. No sabían que en realidad se encontraban recién en la cordillera de Los Andes y que para llegar a Iquique faltaban más de 200 kilómetros de desierto.

No volvieron por ellos. Quedaron abandonados a su suerte en una tierra casi deshabitada. Caminaron por horas hasta encontrar una vivienda de pastores. Los dueños de casa no querían escucharlos. Los migrantes les imploraron que por lo menos ayudaran a Liz, "que está embarazada". La respuesta nuevamente fue negativa. "Entonces por favor denúnciennos a la policía". A eso sí accedieron.

Carabineros del Retén Cancosa los recogió y trasladó hacia su cuartel. Ahí el grupo comió y se abrigó después de varios días de haber vivido un infierno. "Fue la primera muestra de humanidad", recuerda Liz que aún agradece el trato recibido. Estuvieron cinco días en el retén porque la nieve estaba tan alta que no podían salir. En ese transcurso los carabineros encontraron a otros 17 migrantes también abandonados, en un lugar cercano al que dejaron a Liz.

El calvario de esta dominicana de 23 años había comenzado mucho antes, en su país natal. Explica que producto de una agresión de su expareja, decidió tomar rumbo a Antofagasta, Chile, donde vive su madre. Voló con un amigo hasta Ecuador y en el trayecto entre el aeropuerto y el hotel le preguntó al taxista cómo podía llegar a Chile. Éste la contacto con los "coyotes". Liz asegura no haberse dado cuenta que en realidad se trataba de una red de tráfico de personas. Incluso recibió una tarjeta de identificación andina, que resultó ser falsa.

En la frontera con Perú cayó en razón. Antes de cruzar un puente, la hicieron bajar del vehículo, obligándola a caminar durante tres horas. En Perú el viaje continuó en autobús hasta Lima y luego en otro bus hasta Tacna. De Tacna fueron llevados a Desaguadero, en la frontera entre Perú y Bolivia. Relata que en el camino fueron parados algunas veces por policías peruanos, pero mediante el pago de una coima, a cuenta siempre de los migrantes, los dejaron continuar.

En Bolivia los alojaron por tres días amontonados en un gallinero. "Allá los traficantes intentaron abusar de las mujeres y los otros dominicanos nos defendieron", cuenta Liz. Después de eso, los subieron nuevamente a un viejo vehículo y terminaron abandonados en el desierto chileno. Era mayo de 2014.

Liz actualmente se encuentra en Antofagasta y su hijo ya tiene un mes de nacido. Sobre ella pesa una sanción de expulsión que podría concretarse en cualquier momento. "Pensaba que podría más adelante traerme mis otros niños, que llegaría legal a Chile, pero nos trajeron engañados y ahora estoy de irregular".

Por la costa

Félix Corozo Cortez (61) era uno de los extranjeros más buscados por la Policía de Investigaciones de Chile. El ecuatoriano estaba acusado de tráfico de inmigrantes, un delito que hasta hace una década prácticamente no se registraba en el país austral, pero que hoy ha crecido en tal magnitud que una unidad especializada de la Fiscalía está investigando los casos.

Corozo había logrado eludir a los policías hasta mayo de este año, cuando fue detenido cruzando por la costa con dirección hacia Arica. Junto a él iban 7 colombianos que le habían pagado 100 dólares cada uno. Los había contactado unos días antes cerca del terminal de buses de Tacna. La travesía comenzó en taxis que dejaron al grupo cerca de la aduana peruana de Santa Rosa. Después de eso, caminaron hasta la costa. Ya en territorio chileno, fueron interceptados por la PDI.

La frontera entre Tacna y Arica es una de las dos con mayor número de cruces clandestinos hacia Chile, a pesar de estar en gran parte minada. Sólo en lo que va del año se han abierto 16 causas judiciales contra bandas o particulares sorprendidos ingresando extranjeros -la mayoría colombianos- por pasos no habilitados, o por el delito de trata de personas.

Las formas más comunes de ingreso clandestino son tres: caminando por la línea del tren, por la playa o en pequeños botes. Aunque también se han detectado inmigrantes siendo transportados escondidos en vehículos.

En la Fiscalía de Arica llama la atención que la cifra de denuncias por tráfico y trata de personas se haya disparado durante el 2014. De hecho, el 76% de los casos de los últimos tres años ocurrieron en lo que va del presente periodo.

Pero el primer caso judicializado -y que terminó en condena- se registró en 2012. Tres sujetos establecieron una red de tráfico de inmigrantes en Tacna. Previo cobro de dinero, cruzaban clandestinamente a los extranjeros, primero dentro de un camión y después haciéndolos caminar por el desierto. Eran llevados a Arica y posteriormente hasta el sur del país.

La banda fue capturada mientras trasladaba a 10 personas, entre ellas una embarazada y un menor de edad. A los migrantes incluso se les cobraba los gastos de las residenciales donde los alojaban.

Otro de los casos de amplia repercusión se cerró durante 2013, resultando en una condena por tres años y un día de libertad vigilada contra Cristian Pérez Vásquez, un exasistente policial de la Policía de Investigaciones que trabajaba en el complejo fronterizo de Chacalluta. Según la investigación realizada por la Fiscalía, Pérez Vásquez se aprovechaba de su cargo para ayudar a ingresar mujeres peruanas vulnerables que luego eran sometidas a explotación sexual en un domicilio de Arica.

El exfuncionario policial -que fue expulsado de la institución- incluso solicitaba favores sexuales a cambio de protección. La denuncia que terminó en su detención fue realizada por las mismas víctimas.

en un camión

42 migrantes, la mayoría de República Dominicana, fueron encontrados dentro de un camión cisterna mientras intentaban cruzar a Chile a mediados de 2013, desde Bolivia, por la aduana de Colchane. Son víctimas de una red de tráfico que incluye a ciudadanos chilenos, bolivianos, dominicanos y un colombiano.

En el caso de los migrantes dominicanos, estos habrían sido convencidos a través de la agencia de viajes de la empresaria Clara Josefina Corporán Minaya para que compraran un falso "paquete" que incluía contrato de trabajo en Chile. El viaje costaba 2 mil dólares. Una vez en Sudamérica, comenzaban las penurias para los migrantes. El fiscal jefe de Iquique, Gonzalo Guerrero, explica que algunos manifestaron en sus declaraciones que se les había dicho que pasarían legalmente, "pero después se dieron cuenta que iban por lugares inhóspitos y en la frontera se encontraban con situaciones extremas y tenían que tomar la decisión. Si no pagaban más dinero del que ya se les había pedido, podían quedar abandonados a su suerte, así que preferían pagar".

La investigación de este caso ya fue cerrada y la imputada, Clara Corporán, fue extraditada desde República Dominicana hacia Chile. El juicio oral se efectuará en enero.

Por su parte, las ONGs han alertado desde hace tiempo que el endurecimiento del ingreso en las fronteras chilenas deja en vulnerabilidad a los migrantes, quienes así se transforman en presa fácil de los "coyotes".

El padre Emilio, del Servicio Jesuita al Migrante en Tacna, explica que con frecuencia los migrantes "llegan con el dinero justo para pasar y al ser rebotados quedan sin recursos y desvalidos".

El sacerdote critica la discrecionalidad que contempla la ley chilena, la que deja a criterio del funcionario dejar o no ingresar al país, "y muchas veces teniendo los papeles que la ley contempla, son rechazados. Debiera haber seguridad jurídica para que esté claro quién puede pasar y quién no".

Según datos del Ministerio Público de la Región de Tarapacá (Iquique), en esa zona ingresaron 44 denuncias por tráfico de inmigrantes hasta octubre de este año.

Para que se dé un delito de tráfico, no sólo se debe facilitar el ingreso irregular de migrantes, sino que debe estar unido a una remuneración. Al perseguir este delito -explica el fiscal Gonzalo Guerrero- se intenta evitar que los migrantes se expongan a situaciones que puedan poner en riesgo incluso su vida, "porque se ingresa en horas de la noche, por el desierto, a muy bajas temperaturas, a mucha altura y en medios de transporte que también pueden provocar daños, como el caso del camión aljibe".

Agrega que al entrar a Chile sin recursos y sin documentos, a los extranjeros no les queda otra alternativa que trabajar sin contrato, "exponiéndose a abusos de terceros, incluso de tipo sexual".

El aumento de estos casos y el peligro al que están siendo expuestos los migrantes llevó a la creación en 2012 de la Brigada de Trata de Personas de la PDI. En agosto de este año, la brigada se instaló también en Iquique, para investigar estos delitos en toda la frontera norte.

El comisario Cristian Rojas, jefe de la brigada en esta zona, explica el modus operandi de los traficantes de personas y la labor de su unidad:

¿Cuáles son los principales modus operandi en el tráfico y trata de personas?

-En el tráfico de migrantes básicamente les ofrecen a los extranjeros traerlos a Chile a cambio de dinero, ya que en nuestro país encontrarán mejores expectativas de vida, iniciando viaje muchas veces en pésimas condiciones e incluso poniendo en riesgo su integridad física y vida, para luego llegar a las zonas fronterizas de nuestro país e ingresar ilegalmente por pasos no habilitados. En la trata de personas a las víctimas mediante intimidación, engaños o aprovechándose de alguna situación de vulnerabilidad, les prometen un mejor nivel de vida en nuestro país o en el extranjero, determinados trabajos formales y buenas remuneraciones, los que en definitiva no son tales, para finalmente amparándose en esta situación desventajosa de la víctima, explotarla.

¿Qué acciones está desarrollando la PDI para evitar este delito?

-El año 2011 creó un Grupo Especializado para investigar estos delitos; El 2012 fundó la Brigada Investigadora de Trata de Personas con cobertura nacional; mientras que el año 2014 se crea la Brigada Investigadora de Trata de Personas de Iquique, en el marco de una de las áreas estratégicas de servicio de la PDI, denominada Control Migratorio y Seguridad Internacional, la cual busca anticiparse a acciones criminales que puedan afectar la seguridad interior del país. Esto bajo la necesidad de efectuar una contención focalizada de este fenómeno, considerando que estos delitos se cometen mayoritariamente en zonas fronterizas. La unidad inició su funcionamiento en agosto del año en curso. Además, la PDI participa en distintas mesas intersectoriales de trabajo relacionadas con la materia, realiza charlas de prevención y sensibilización, e incluyó en la malla curricular de la Escuela de Investigaciones Policiales la cátedra de Trata de Personas, como asimismo en el curso para la obtención de la especialidad en Extranjería y Policía Internacional.

Ex director de Educación acusa discriminación laboral

demanda. Mario Montecinos (demandante) y la Comdes están citados el próximo martes para declarar por el no pago de bonos mientras ocupaba esa función.
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Una demanda por discriminación laboral, fue la que presentó el ex director de Educación de la Corporación Municipal de Desarrollo Social, Comdes, Mario Montecinos, en contra de dicha entidad, por el no pago de bonos de gestión y responsabilidad.

Al respecto, el actual subdirector de la escuela D-48, Presidente Balmaceda, señaló que procedió en términos legales a llevar a cabo una demanda por discriminación laboral, ya que no se le respetaron algunos pagos de dineros, a diferencia de otros funcionarios que han dejado cargos directivos o coordinadores de educación en la actualidad a los que sí se les continuaría pagando.

"Desconozco el motivo, pero hasta el momento se me adeuda dinero a partir de marzo de este año. Luego de la recopilación de antecedentes, hemos llegado a la conclusión con mi abogada que existe jurisprudencia al respecto".

Montecinos agregó que a diferencia de su caso, por ejemplo, la exgobernadora Lorenza Muñoz, recibió el pago de bonos en forma retroactiva y luego de 10 meses de haber dejado su cargo como coordinadora de educación parvularia de la Comdes.

"A mí no se me ha hecho ese procedimiento y el porqué, lo desconozco, por lo que opté por realizar esta demanda en el juzgado laboral para que se vea esta situación", dijo Montecinos, señalando además que cuando fue destituido de su cargo, el presidente de Comdes y actual alcalde de Calama, Esteban Velásquez, le dio instrucciones claras a Gladys Gárate con la frase que pone entre comillas: "Él continúa manteniendo su sueldo".

De acuerdo a la información publicada en la página de la Comdes, en el marco de la Ley de Transparencia, el sueldo de Mario Montecinos hasta febrero del 2014 ascendía a los 2 millones 978 mil 754 pesos, luego de lo cual sufrió una baja de algo más de un millón 700 mil pesos.

Al respecto, el alcalde de Calama y presidente de la Comdes, Esteban Velásquez, señaló que le sorprende la demanda, pero respeta sin embargo el derecho de cada ciudadano para hacer valer su legítimo derecho de defensa y en este sentido serán los tribunales los que tendrán que resolver.

quejas

"Según la información que Comdes me ha entregado, es que él está reclamando por algunos beneficios que habría adquirido. Cuando lo llevamos como jefe de departamento de educación a la Comdes, el ademdum de su contrato decía que determinados beneficios, que se detallan de manera muy precisa en su contrato, perdían su efecto una vez que él dejaba de prestar dichas funciones y retornaba a otras labores", señaló Velásquez.

Respecto de la situación de Lorenza Muñoz, el alcalde dijo que no conoce en detalle dicha situación, por lo que no podría referirse a aquello.

El alcalde señaló finalmente, que Mario Montecinos era quien criticaba ácidamente los pagos de ciertos bonos luego de que el funcionario directivo o coordinador dejaba su cargo. "Creo que él está reclamando por algo que no corresponde, y creo que es un acto de injusticia para cientos de profesores que siempre han criticado lo que ha ocurrido", señaló finalmente el edil.

PRO pidió que comunistas se refieran al accionar del presidente del Magisterio

paro docente. Exigió a ediles PC que den punto de vista sobre Jaime Gajardo.
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El presidente regional del Partido Progresista liderado por Marco Enríquez Ominami, y profesor, Luis Contreras, en publicación realizada a través de las redes sociales, emplazó a los concejales de la comuna de Calama, militantes del Partido Comunista, Darío Quiroga y José Mardones a que se pronuncien respecto a las actuaciones del presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, por su accionar al mando del Magisterio en período de movilizaciones.

Contreras, señaló al respecto que el objetivo es precisamente llamar a la pizarra a los dirigentes locales que comparten militancia política con un dirigente que ha llevado a cabo un proceso inconsulto con las bases, para que den a conocer su punto de vista. "La idea es saber si están de acuerdo o no con lo que se ha hecho. Necesitamos la opinión de los líderes locales".

El presidente del PRO en la región de Antofagasta, agregó que le cuesta pensar que figuras políticas que siempre opinan de todo, en esta ocasión y hasta ahora, no se hayan referido a esto. "No es sano el silencio y el no ser parte de la discusión, cuando ellos se hacen parte de casi todo y no se han pronunciado en este tema que mantiene a más de mil profesores de Calama en paro", dijo.

CONCEJAL RESPONDE

Buscando la respuesta de los concejales emplazados, este medio no se logró contactar con Darío Quiroga, pero sí se pudo conversar con el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores y concejal de Calama, José Mardones, quien dijo que no haría mayores comentarios con respecto a una situación generada por una persona de la que no se sabe a ciencia cierta siquiera si es profesor, y de la cual se desconoce cómo llegó al cargo de presidente regional de su partido político.

Mardones, se remitió a decir que en su calidad de presidente de la CUT, es respetuoso de las decisiones tomadas por todos aquellos sindicatos que son parte de la Central y que en su quehacer y actuación son absolutamente autónomos, agregando que lo que a él le corresponde hacer en representación de los trabajadores de la comuna es apoyar todas las decisiones y acciones destinadas a mejorar la calidad laboral de quienes son parte de estas organizaciones.

De este modo, el presidente del PRO en la región de Antofagasta abrió los fuegos en un tema que por estos días genera desconfianza y descontento de los profesores a nivel nacional, por lo que éstos llaman falta de liderazgo y representatividad del presidente del Magisterio, que según algunos docentes, ha llevado al movimiento a un callejón sin salida y sin soluciones concretas.