Los concejales de Providencia Manuel José Monckeberg (RN) y Rodrigo García Márquez (Ind.) enviaron un requerimiento a la Contraloría General de la República para que evalúe el actuar de la alcaldesa de dicha comuna, Josefa Errázuriz, y aplique sanciones por el uso del edificio municipal.

El requerimiento de los concejales llega luego de que el contralor municipal, Guillermo Risopatrón, rechazara haber autorizado que Errázuriz utilizara el Palacio Falabella, que es el recinto que ocupa la municipalidad, para el matrimonio civil de su sobrino.

La jefa municipal aseguró que "yo solicité el permiso a la Contraloría municipal y fue obtenido (...). Fueron dos horas y media donde sólo se usó mi oficina y el tercer piso".

Según publicó El Mercurio, el concejal García Márquez le envió un mail al contralor municipal pidiéndole que le aclarara lo dicho por la alcaldesa, a lo que el jefe del ente fiscalizador respondió que "en el contexto de una conversación informal, la Sra. alcaldesa consultó al suscrito la posibilidad de utilizar los salones de la Sede Consistorial para efectos de realizar una reunión familiar privada (matrimonio civil), a lo cual respondí que no era posible (...). Sin embargo, le mencioné, que podría eventualmente, ocupar su oficina privada, después de la jornada laboral (...). Finalmente, no tuve conocimiento si el evento se llevó a cabo".

De cara al ingreso del primero proyecto del Gobierno en el marco de la reforma laboral, han surgido críticas a la iniciativa. Desde la Alianza, los presidentes de RN, Cristián Monckeberg, y de la UDI, Ernesto Silva, realizaron ayer un duro análisis de la gestión del Ejecutivo y pidieron que le deje de tener miedo a la CUT y al PC.

El proyecto ingresará el próximo lunes y el líder gremialista criticó que éste no se centra en la creación de empleos. "Somos partidarios de avanzar en reformas labores, pero en reformas laborales que beneficien a los trabajadores, no a la CUT. Esta es una reforma hecha a gusto y placer de la CUT y de algunos dirigentes sindicales. Somos partidarios de fortalecer el trabajo de los sindicatos, de fortalecer el diálogo en la empresa, pero primero somos partidarios de que haya más trabajo y trabajo más digno", dijo Silva.

Monckeberg señaló que "lo que pasa es que la reforma laboral está absolutamente ideologizada, siempre van a ser necesarias las reformas laborales, todos los gobiernos las llevan adelante, unas más profundas y otras menos, yo me pregunto si esta reforma laboral se preocupa de los principal, que es generar empleos, claramente no".

Desde el Gobierno, el ministro secretario general de Gobierno, Alvaro Elizalde, salió al camino de los dichos de los líderes de la Alianza y afirmó que las duras críticas se explican porque "a los sectores duros de la oposición les molesta un gobierno que está impulsando iniciativas para resolver problemas que se han postergado durante mucho tiempo".

Elizalde dijo que a los sectores de la oposición "les molesta, por ejemplo, que se haya puesto fin a la preexistencia para las mujeres que ingresan a una isapre. Les molesta, asimismo, que todos los recursos que el Estado destina a la educación terminen en la sala de clases y no se desvíen con una finalidad distinta. Les molesta que estemos resolviendo problemas que se han postergado durante mucho tiempo y que mejoran la vida de los chilenos, porque se acostumbraran al gobierno de la letra chica, un gobierno con letra grande que lleva adelante sus iniciativas de cara a la ciudadanía para mejorar la vida de todos".

Los empresarios

El gremio de los empresarios también criticó la iniciativa del Gobierno, señalando que el proyecto está enfocado en los sindicatos y no en la generación de nuevos empleos.

"Lo que conocemos a la fecha no va en la dirección correcta y no va a contar con nuestro acuerdo", afirmó ayer el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Andrés Santa Cruz.

"Es un mal proyecto, y lamentablemente seguimos en presencia de malos proyectos que no le hacen ningún bien al país", sentenció el dirigente.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Patricio Crespo, expresó: "Espero y aspiro a que la Presidenta escuche y mire el contexto del país y esté a la altura de las circunstancias".

El dirigente explicó que el desacuerdo se da porque el proyecto "produce incertezas en el sector privado, alimenta apetitos indebidos en algunos actores y no se condice con el momento actual que vive la economía".