El Mandatario boliviano, Evo Morales, aseguró ayer que respeta el "derecho" de la Presidenta Michelle Bachelet de no asistir a la toma de posesión de su tercer mandato, que se realizará el próximo 22 de enero.

Asimismo, Morales negó que la Jefa de Estado chilena no haya sido invitada oficialmente, como afirmó esta semana el canciller Heraldo Muñoz.

"Si (Bachelet) no quiere visitarnos, respetamos su derecho", sostuvo el gobernante, consultado en una rueda de prensa sobre la posible ausencia de Bachelet en el acto de posesión de enero próximo.

El Presidente boliviano aseguró que "los bolivianos y el Gobierno históricamente" no hicieron "ningún daño a Chile" y que las autoridades nacionales efectúan visitas oficiales a ese país pese a que desde allí se hizo "daño" a Bolivia.

Respuesta al canciller

Morales también dijo que es "falso que digan que no hay invitación" a las autoridades chilenas para su toma de juramento, ya que, según dijo, la invitación fue efectuada "casi un mes atrás" mediante los consulados de Chile y Bolivia en cada país.

De esta forma, el Mandatario altiplánico respondió al canciller Heraldo Muñoz, quien aseguró que "no he visto ninguna invitación" a la ceremonia del 22 de enero.

"Puede haber llegado, no lo sé, pero por mi escritorio no ha llegado ninguna invitación y la participación de la Presidenta depende de su disponibilidad", sostuvo el jefe diplomático.

Además, Muñoz sostuvo que, probablemente, para esa fecha tentativamente "justo vamos a estar en el Vaticano", cuando se conmemoren los 30 años del Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Argentina, junto a la Mandataria trasandina, Cristina Fernández, y el Papa Francisco.

En esa oportunidad, el canciller también se refirió a la eventual visita del Pontífice a Bolivia el próximo año, asegurando que el viaje lo debe oficializar la Santa Sede.

Chile y Bolivia se encuentran enfrentados por una demanda marítima interpuesta por La Paz en la Corte Internacional en La Haya.

El Ministerio del Interior concretó ayer la querella contra todos quienes resulten responsables de los ataques con bombas ocurridos la noche del 24 de diciembre en dos cuarteles policiales de Temuco. Así lo confirmó el titular de esa cartera, Rodrigo Peñailillo, quien enfatizó que "nadie en nuestro país se puede sentir con la libertad de colocar artefactos explosivos y atentar contra instituciones".

"Invocamos la ley antiterrorista por estos atentados condenables y que, por supuesto, tienen que ser sancionados drásticamente", manifestó el ministro, y recalcó que "esperamos que las diligencias que se están llevando a cabo a partir del primer minuto de acontecido estos hechos tengan éxito pronto, porque estas personas tienen que estar en manos de la justicia".

"Son hechos graves que nosotros damos la máxima prioridad para que sean aclarados", dijo, asegurando que actos de este tipo serán perseguidos por el Gobierno "hasta el final".

La acción judicial fue ingresada durante la mañana de ayer en el Juzgado de Garantía Local por parte de la unidad jurídica del Ministerio del Interior. La querella busca perseguir bajo la Ley Antiterrorista a quienes estén vinculados con los atentados registrados en una unidad de Carabineros y otra de la PDI.

Se trata del octavo libelo de este tipo interpuesto por el Gobierno a lo largo de 2014, uno de los cuales involucra a los tres jóvenes detenidos por su presunta participación en los ataques ocurridos en el Metro de Santiago entre julio y septiembre en la capital.

De acuerdo con los antecedentes policiales, el primer ataque del 24 de diciembre se registró a las 23.30 horas en un cuartel de Carabineros ubicado en la intersección de las calles Claro Solar y Barros Arana, en Temuco. Producto del estallido, un funcionario policial resultó con un trauma acústico.

Diez minutos después, un segundo atentado afectó a la División de Extranjería de la PDI, donde se halló un artefacto explosivo que fue detonado de manera controlada por la policía.

Indagatorias

El fiscal jefe de Temuco, Alberto Chiffelle, confirmó ayer que los bombazos serán investigados bajo la Ley Antiterrorista. "Esta fue una decisión que se tomó la madrugada del 25 de diciembre, toda vez que en la forma en que se verificaron estos hechos, tomando en cuenta que existen viviendas en el sector, que sea un sector residencial, la coordinación que existe entre ambos hechos, el horario y la forma de comisión, claramente y en nuestro concepto como Fiscalía de Chile, este tipo de atentado lo que busca es provocar temor en la población", dijo.

Lo anterior, agregó, se basa en la instrucción señalada por el jefe máximo del Ministerio Público en la Región de La Araucanía, Cristian Paredes, quien a menos de doce horas de registrados los ataques anunció que los hechos serán indagados como actos terroristas.

Sobre las diligencias para establecer la identidad de los responsables, Chiffelle comentó que el fiscal a cargo de la indagatoria, Miguel Angel Velásquez -jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad- se reunió ayer con los organismos especializados de ambas policías para verificar los pasos a seguir en la causa.

"Se está trabajando en cámaras de seguridad, entrevistas a testigos, cubriendo sectores extensos y cercanos a la Segunda Comisaría y al cuartel de la PDI en busca de antecedentes", detalló Chiffelle.

Respecto de relación que estos últimos hechos tendrían con bombazos ocurridos en los últimos años en Temuco, Chiffelle señaló que es una materia que se investiga y recordó, además, que la Fiscalía Regional es la que más condenas tiene por este tipo de causas.

"Esta Fiscalía es la que más condenas tiene en los últimos años en Chile por este tipo de delitos. Existen cuatro condenas desde 2010 hasta ahora por artefactos explosivos que se han puesto", recalcó el persecutor.