La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa, señaló ayer que el Gobierno ha retrocedido en algunos aspectos de la reforma laboral que no fueron discutidos con anterioridad y que no irán al Congreso hasta que se aclaren esos puntos.

"Hemos solicitado que se aclaren aspectos que no fueron parte del debate del periodo de reuniones que se sostuvo con el Ejecutivo y que a nuestro entender, afectan o impiden que se puedan lograr el cumplimiento pleno del derecho de huelga efectivo, del fortalecimiento sindical", afirmó la dirigente en entrevista con radio ADN.

Con respecto a cuáles fueron específicamente esos aspectos que no fueron discutidos, Figueroa señaló que tienen que ver con la "tipificación de nuevas sanciones, son temas que no fueron nunca discutidos".

"Lo que nos preocupa es que se afecta de manera sustantiva las libertades sindicales, cuando se dice vamos a fortalecer los sindicatos, voy a restituir derechos a la organización y vamos avanzar en más y mejor negociación colectiva, pero no va acompañado de un equilibrio en las libertades sindicales y ahí tenemos una dificultad", añadió.

La presidenta de la CUT indicó que espera poder aclarar esos puntos con el Gobierno antes de que comience la discusión en la Comisión de Trabajo.

Al respecto de las dudas planteadas por la CUT, la ministra de Trabajo, Javiera Blanco, señaló que le parece que son "naturales", por el tiempo que se debe tomar una organización para analizar el proyecto que ingresó al Congreso y que será analizado en la comisión.

"A mí me parece que la CUT es un actor autónomo. Ellos tienen sus procesos de deliberación. Me parece que habla de la seriedad de toda organización el quererse tomar tiempo para poder llegar con todos los antecedentes sobre la mesa", dijo la titular de la cartera.

La secretaria de Estado además indicó que "formalmente no hemos recibido todavía una invitación", lo que fue asegurado con anterioridad por la CUT.

Con respecto a las dudas por la inclusión en la Agenda Laboral de los artículos que sancionan con el desafuero sindical a quienes ejerzan fuerza física en las personas o en la empresa, Blanco dijo que "siempre dijimos desde el primer día que la huelga iba a ser definida como un proceso pacífico. Si uno define la huelga como un proceso pacífico, uno asiste el que cualquier acción que vaya en contra de esa pasividad, pueda ser considerado una práctica antisindical".

"No estamos en ningún momento, ni remotamente, generando una situación de criminalización", sentenció.

El ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, rechazó que Chile pueda cambiar de estrategia frente a la demanda marítima de Bolivia. Esto luego de que trascendiera que La Paz le habría hecho una "oferta secreta" al Gobierno para echar pie atrás en el litigio.

"Lo único que puedo afirmar es lo siguiente: Chile no va a cambiar su rumbo, en términos de la defensa de sus intereses, independientemente de las propuestas que se hayan hecho o no se hayan hecho", manifestó ayer el secretario de Estado.

Sobre la efectividad de la propuesta que habría sido realizada por Bolivia, el jefe de la diplomacia señaló que "formalmente Chile nunca recibió ninguna propuesta. No me puedo hacer cargo de un rumor, y menos de un rumor que ha sido desmentido", desestimando así las versiones.

El canciller además afirmó que le corresponde a La Paz aclarar los rumores sobre la supuesta propuesta secreta.

"Si hay confusión respecto a una propuesta que, según se ha dicho luego, no existe, le compete a Bolivia aclarar esa situación. Nosotros no nos vamos a desviar de nuestra estrategia de defensa de los intereses nacionales", agregó Heraldo Muñoz.

La autoridad de Gobierno hizo hincapié en resaltar la actual estrategia que ha asumido el país, que impugnó en julio del año pasado la competencia del tribunal de La Haya.

"Nosotros no nos vamos a desviar de nuestra estrategia, nuestra estrategia de defensa de los intereses nacionales consiste en lo siguiente: es una estrategia jurídica para sostener que la Corte Internacional de Justicia no es competente para conocer un asunto que ya fue resuelto por un tratado válido y vigente del año 1904", concluyó el ministro.

Muñoz además recordó la estrategia comunicacional que ha establecido el Gobierno, que ha incluido la participación de los ex Presidentes de la República Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Sebastián Piñera, "o de diplomacia pública y privada. Nosotros no nos vamos a desviar de esa estrategia", puntualizó.

El domingo el diario La Tercera publicó una información que aseguraba que a fines de diciembre, llegó desde La Paz una "oferta secreta" desde la Cancillería boliviana con el fin de poder negociar "un enclave soberano en Pisagua (Región de Tarapacá) a cambio de bajar la demanda".

Durante el mismo día el Gobierno boliviano desestimó esa información. "La Cancillería del Estado Plurinacional de Bolivia afirma que no hubo una comunicación informal ni formal exploratoria sobre ninguna propuesta, como tampoco ningún mensaje sobre negociación para un enclave", señaló a viceministra de Gestión Institucional y Consular de la Cancillería boliviana, Leonor Arauco.

"Bolivia no ha hecho llegar a Chile ningún mensaje ni formal ni informalmente", recalcó Arauco en declaraciones reproducidas por la Agencia Boliviana de Información (ABI).

El diputado DC Sergio Espejo, se sumó ayer a las gestiones diplomáticas para dar a conocer la postura del Gobierno frente a la demanda boliviana entre los países del Caribe y Centroamérica. Espejo se reunirá con autoridades de países como Trinidad y Tobago, Grenada y San Vicente y las Granadinas. "El sentido de esta misión es estrechar lazos de cooperación, a la vez que presentar las razones por las cuales Chile estima que la actual controversia planteada por Bolivia respecto de su demanda de acceso al mar, debe mantenerse en el plano bilateral", dijo el diputado.

Las comisiones unidas de Hacienda y Educación del Senado continuaron ayer la discusión en particular del proyecto que termina con el lucro, el copago y la selección. Durante la reunión, que se extendió todo el día, los parlamentarios resolvieron revertir un punto que había sido aprobado en la Cámara.

Se trata de la prohibición de realizar pruebas de admisión en los colegios pagados, lo que antes había sido aprobado por los diputados y ayer fue vuelto a permitir por los senadores.

En principio la primera etapa de la reforma educacional apuntaba a reestructurar principalmente la educación subvencionada, pero se agregó este punto en el trámite en el Congreso de la iniciativa de Gobierno.

Esta indicación, una de las 450 que se están discutiendo en la comisión, fue agregada por los senadores de la DC.

Así se suprimió el enunciado que decía que establecía que en los procesos de admisión de los colegios particulares pagados "que posean oferta educativa entre el primer nivel de transición y sexto año de la educación general básica, no se podrá considerar el rendimiento escolar pasado o potencial del postulante".

El presidente de la DC, Ignacio Walker, argumentó, según declaraciones citadas por Emol, que la prohibición de realizar pruebas de admisión en los colegios privados "no estaba en el proyecto inicial del Gobierno", sino que "fueron indicaciones incluidas en la Cámara de Diputados".

Por eso, señaló, los senadores de la Nueva Mayoría decidieron "respetar las normas (de admisión) de los colegios particulares pagados, considerando que ellos no reciben aportes del Estado, y por lo tanto tienen, en ese sentido, un mayor margen de acción".

Sí se mantuvo la indicación que establece que el rendimiento académico de los alumnos no sea una exigencia al momento de renovar la matrícula, lo que había sido aprobado en la Cámara.