El nuevo estadio de Calama debió estar entregado en febrero del año pasado, pero las obras se fueron retrasando, la empresa mandante no pagaba a las subcontratistas locales y de esta manera se fue dilatando un problema que nadie fue capaz de detener y corregir.

Recién el mes de noviembre pasado el Ministerio del Deporte puso término al contrato y se habrían entregados los trabajos faltantes en forma directa a las empresas subcontratista. Pero pese a todo, la obra aún no es entregada y en febrero estaría lista.

Sólo falta un dos por ciento de la obra, que deben ser detalles menores.

Inmediatamente surge la pregunta de por qué tanta burocracia, por qué cada trámite administrativo demora tanto en nuestro país, por qué siempre le pasa lo mismo a las obras que realiza el Estado y cuando uno ve obras de privados, por el contrario, terminan antes de tiempo.

El Estado requiere mejorar su eficiencia, corregir ciertas debilidades como la falta de mejores fiscalizaciones y sobre todo, tener más atribuciones cuando una empresa que se ha adjudicado la obra no está cumpliendo con los plazos y los pagos a terceros.

Calama ha tenido una mala experiencia en este aspecto, donde suma varias obras que han quedado a medio camino, aunque en el caso del Estadio está a las puertas de ser entregado.

De todos modos parece razonable la propuesta del diputado Marcos Espinosa, que presentó una indicación a la ley de presupuesto 2015 para excluir de futuras licitaciones públicas a empresas que mantengan deudas con subcontratistas.

Este será un primer paso para poner orden en los megaproyectos que realiza el Estado y que presentan retrasos, dificultades, errores, paralizaciones, modificaciones. Claramente hay una improvisación también del mandante que sobre la marcha va arreglando, como ocurrió en varias áreas del nuevo hospital, como puertas más chicas y otros errores que se iban corrigiendo mientras avanzaba la obra. Llegó el momento de ponernos serios.

En pleno desarrollo de la versión 2015 del Rally Dakar, nos encontramos nuevamente ante la pugna entre la importancia de esta actividad para el mundo del deporte extremo y la conservación de espacios y patrimonio arqueológico presente en la ruta por donde se traza el recorrido.

Y es que la competencia de motos más popular del continente, llamada también la competencia tuerca, por albergar a más de 500 vehículos motorizados que van desde motocicletas hasta camiones; más prensa y espectadores, en otras versiones ya han provocado la destrucción sistemática de un gran número de sitios arqueológicos y paleontológicos en el norte grande de nuestro país, lo que se ha evaluado en la pérdida de al menos el 25% de ellos.

No hay duda de que se trata de un evento atractivo para los sectores por donde está trazado el circuito de la muestra, pero ello no es razón para permitir que se intervenga sin ningún control ni resguardo efectivo, una de las zonas más extensas de geoglifos de todo el planeta.

A través de la Cámara de Diputados he insistido en la necesidad de que el Estado de Chile se haga cargo de esta situación, a fin de que la competencia atienda anticipadamente a los requerimientos para la protección del patrimonio histórico del país, con una línea de base completa y oportuna, que permita diseñar la competencia de una manera armónica con el medio ambiente, y que se apliquen medidas efectivas para mitigar y compensar el impacto que pudiera producirse, no vulnerando la legislación vigente.

Las eventuales medidas de mitigación y compensación deben contar con los fondos requeridos en cada una de las etapas y se debe incluir una inspección arqueológica de los desvíos que se establezcan después de la prospección trazada antes de la competencia. Además, se debe contemplar el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT, incorporando a las organizaciones indígenas para que sea considerada su postura al momento de configurar la ruta.

He de esperar que la respuesta del gobierno sea acorde con lo planteado en pro de nuestro patrimonio.