Hasta el Tribunal Constitucional y organismos internacionales, si fuese necesario, llegará la Conacep para plantear su descontento frente al proyecto de ley que elimina el copago, la selección y el lucro en la educación, pues consideran que es una reforma que no garantiza calidad, sino que más problemas.

El coordinador en Calama de este organismo, que agrupa a colegios particulares subvencionados y particulares pagados, Rodrigo Vega, argumentó que existe un escenario muy confuso en cuanto a cómo será la venta de los establecimiento y la continuidad de los proyectos educativos de los confesionales, especialmente los evangélicos.

"El que tenga esa visión ¿tendrá que renunciar a la ley 19.638 que es la que da la libertad de culto y la libertad de enseñanza, simplemente porque todo el alumnado será sorteado y pasará a segundo plano la misión evangelista? Eso no lo sabemos…", agregó.

Dijo que si bien el proyecto fue aprobado por el Senado, deberá retornar a la Cámara de Diputados, pero lo más probable es que tenga la misma suerte, "porque la Nueva Mayoría tiene los votos para ellos".

Tiempos

Vega criticó los tiempos en que se llevará a cabo la aplicación de esta ley, pues de acuerdo a lo aprobado por el Senado el 1 de marzo de 2016 comienza la eliminación gradual del copago, el que será reemplazado UF a UF, estimando que en 2017 alrededor del 90% de los alumnos estudiará gratis, mismo año que se iniciará el fin a la selección por regiones, primero será una, al período escolar siguiente cuatro y en 2019 las que restan.

Mientras que con los establecimientos, en 2017 deberán decidir si pasan a corporación, de lo contrario se acordó pagar el valor comercial, con cargo a la subvención, con garantía Corfo y a 25 años.

"Vemos que esto se adelantó más de la cuenta. Creo que este año será de decisiones, como se dijo la campaña del terror, pero realmente se verá lo que cada establecimiento asuma. Algunos podrán vender sus colegios al Estado, pero bajo qué precio y qué condiciones. El planteamiento desde un comienzo fue cerrar, no convertirse en privados", argumentó.

Vega dijo que es necesario un cambio, pero esta ley va en contra de un sistema que nació por la deficiencia que existía en el público, donde los municipios no hicieron bien su trabajo. Enfatizó que los principales perjudicados serán los apoderados y alumnos de clase media.

A pesar que las autoridades regionales habían pronosticado que durante los primeros meses de 2015 habría luz verde para retomar las obras del hospital Carlos Cisternas, debido a que la Contraloría haría la toma de razón del finiquito, el Tercer Juzgado de Letras Civil de Antofagasta decretó que este organismo debe abstenerse de emitir pronunciamiento o dictar cualquier acto administrativo que contenga la liquidación del contrato de este proyecto.

El tribunal basó esta decisión en que no se puede asumir un proceso mientras no se resuelva el litigio trabado entre el Consorcio Comsa-Pilasi y el Servicio de Salud Antofagasta (SSA), organismo que es representado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

El director del SSA, Zamir Nayar, argumentó que tomaron conocimiento de esta resolución, pero aún no tienen los alcances jurídicos y declinó en hacer más comentarios al precisar que "no me puedo pronunciar porque los caminos legales están en el CDE".

Pilasi

La semana pasada, la empresa Pilasi hizo una presentación ante la Contraloría exponiendo sus antecedentes y postura respecto a cómo se hizo el término de contrato y el tiempo que ha transcurrido para el finiquito, solicitando se abstuviera en este proceso.

"Lo pedimos porque una liquidación no puede hacerse a 20 meses de haber dejado las obras, siendo que las bases dicen que debió hacerse de manera inmediata y una hecha ahora, cuando ha entrado mucha gente, se han robado cables y una serie de cosas que no sabemos por qué no hemos podido acceder, pero que han sido de conocimiento público, es imposible", planteó el gerente de Operaciones, Jaime Pilasi.

Frente a la resolución, el profesional aseveró que creen en la justicia, pues "tenemos que hacer valer nuestros derechos, porque hemos sido muy perjudicados con estas medidas que han recurrido, porque cuando no tenían recursos dijeron que había sido el consorcio el que estaba con problemas financieros. Nos han causado mucho daño, pero esto no es una revancha".

Pilasi planteó que de haber una reacción de los organismos gubernamentales sería en la Corte de Apelaciones, lo que generaría más prolongación y una demostración que la autoridad prefiere extender los plazos que buscar una solución más efectiva.

"Sigue sin importarle lo más relevante, que es que la ciudad tenga su hospital nuevo. La solución es ponerse a trabajar para buscar una salida y que la obra se reanude, no a costa de mentiras y maniobras, como fue cobrarnos las boletas de garantías para pagarnos una parte de una factura", manifestó Pilasi.

En tanto, enfatizó que las autoridades del Gobierno central deben informarse de todo este proceso antes de emitir una decisión, pues argumentó que existe mucho desconocimiento respecto a lo que ocurrió con el proyecto y las acciones que llevaron a que las obras estén paralizadas desde el 13 de junio de 2013, día en que fue notificada la empresa para desalojar el recinto.