La Dirección General de Aguas (DGA) ha confirmado nuestras sospechas que hay un abuso generalizado para la extracción de agua en nuestra provincia, ya sea de quienes tienen derechos adquiridos como personas que no teniéndolos sustraen ilegalmente este vital elemento en nuestra región.

Como las aguas superficiales ya se encuentran agotadas, ha existido una sobreexplotación de napas subterráneas, donde los principales consumidores son las empresas mineras.

Lamentablemente la utilización de estos afluentes subterráneos no tienen prohibición, pero afecta a sectores que son humedecidos por estas aguas. Es así como numerosos bofedales y vegas se han secado, eliminando al mismo tiempo a numerosa fauna de la zona.

En nuestra región sólo existen tres áreas de restricción que son Aguas Blancas y Rosario, Sierra Gorda y Salar de Llamara.

Aún así, la DGA ha detectado diversas extracciones ilegales por, quienes no poseen derechos constituidos y quienes teniéndolo extraen mayor cantidad de la autorizada, desde lugares no permitidos o por caudales distintos a los que acreditaron.

Y en este aspecto, es que creemos que falta mayor fiscalización para ubicar a los infractores y llevarlos delante de la justicia y denunciar públicamente a quienes cometen esta grave falta, porque surge el riesgo de terminar agotando todos los recursos hídricos y al mismo tiempo acabando con toda especie vegetal y animal que vive en esta zona.

Esperamos que la mayor fiscalización que aplicará la DGA dé sus frutos y pueda de una vez por todas terminar con esta extracción ilegal de agua.

Lo más preocupante que las empresas o personas naturales que realizan esta extracción sobre la permitido, no dimensionan el tremendo daño ambiental que están realizando a nuestra provincia, exponiéndole a un grave daño, del que podría ser irreparable si siguen robando indiscriminadamente.

Creemos que una solución práctica es que se legisle para exigir a todas las mineras usar agua desalada para su producción.

Durante estos días hemos visto en la prensa como la Corte de Apelaciones de Antofagasta ha ratificado la sentencia dictada por el Tercer Juzgado de Policía Local contra la Clínica Antofagasta, luego de que se negara a hospitalizar a un paciente, porque supuestamente mantenía una deuda con el recinto, lo cual no era efectivo.

Es inaceptable que un centro asistencial ponga en riesgo la vida de una persona ante una prestación negligente del servicio. Los hospitales y clínicas no pueden exponer la integridad física de las personas.

Y peor aún luego que el consumidor puso el reclamo en el Sernac no obtuvo ni siquiera unas disculpas por parte de la clínica, lo que agrava aún más los hechos.

El fallo ratifica que los consumidores tienen derecho a recibir información sobre las características relevantes, esto es, costos, restricciones, cobertura y a su vez, la empresa debe otorgar cuentas claras según lo acordado.

Cuando los derechos de los consumidores son vulnerados, en especial en materia de salud, tienen derecho a exigir una respuesta por parte de las propias empresas que están otorgando el servicio de salud, y en caso de no responder, los consumidores pueden recurrir a la Justicia si es necesario. De esta manera se buscará una respuesta que muchas veces no llega en las primeras instancias.

Una vez más los Tribunales han dado la razón a los consumidores que han sufrido cobros indebidos, incumplimiento de los presupuestos acordados o negativa a la prestación del servicio médico como fue en este caso.

En casos como estos, el proyecto de ley de fortalecimiento del Sernac toma mayor importancia, ya que podríamos evitar este tipo de episodios si contáramos con facultades que hoy no tenemos, como fiscalizar, sancionar y normar.