El 19 de enero de 2015 el Tercer Juzgado de Letras Civil de Antofagasta dejó en evidencia una realidad que los calameños no querían oír, pues, a pesar de los auspiciosos discursos de las actuales autoridades respecto al reinicio de las obras del nuevo hospital, decretó la prohibición de celebrar actos y contratos sobre bienes determinados "en este caso, específicamente, decretándose que la Contraloría General de la República deberá abstenerse de emitir pronunciamiento o dictar cualquier acto administrativo que contenga la liquidación del contrato de construcción del hospital Carlos Cisternas de Calama", hasta que no se resuelva el litigio existente.
Esta traba judicial se inició cuando el consorcio decidió demandar al Servicio de Salud de Antofagasta (SSA), organismo que es representado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), por la resolución 2026 del 24 de mayo de 2013 que puso término anticipado al contrato, por el pago de prestaciones de obras ejecutadas, obras exentas y diferencia por reajuste por más de cuatro mil millones de pesos, más los daños y perjuicios que esperan cuantificar una vez que termine el proceso judicial.
En tanto y según explicó Jaime Pilasi, "en agosto del año pasado el consorcio ofreció al CDE una propuesta de avenimiento, renunciando a parte importante de la demanda y liberando al SSA para licitar la obra. Lamentablemente, el SSA rechazó de plano esta oferta".
Historia
La demanda de los calameños por un hospital nuevo se arrastra por varios años, ya en 2008 se comentaba que en 2009 se pondría la primera piedra en el lugar que sería en definitiva el del nuevo recinto, porque ya habían existido problemas anteriores para su ubicación.
"Se acordará la gente que se pusieron tres primeras piedras en diferentes sectores de Calama, donde supuestamente se construiría el hospital. Uno fue camino al aeropuerto, se hizo la ceremonia de primera piedra y al poco ir caminando se dan cuenta que era privado, posterior a esto se hace una segunda ceremonia en el sector poniente, pero se dijo que el terreno no era apto. Estas dos se efectuaron durante el primer mandato de la Presidenta Michelle Bachelet. Al final se llegó al terreno que tenemos hoy", recordó el actual consejero regional, quien en 2010 era el gobernador de El Loa, Luis Garrido.
El 30 de diciembre de 2009 se publicó la licitación, el 15 de abril de 2010 la comisión evaluadora integrada por los arquitectos Valeria González y Hans Christiansen, junto a la jefe del departamento de Finanzas del SSA, Juana Opazo, adjudicaron el proyecto al consorcio Comsa Pilasi por un monto que superaba los 25.950 millones de pesos, en desmedro de RVC Ingeniería y Construcción, empresa que cobraba cerca de 28 mil millones de pesos; una tercera propuesta fuera rechazada.
La cifra final fue de $30.880 millones incluyendo los impuestos y 657 días de plazo, a pesar que el gobierno había dispuesto 34.500 millones de pesos y 730 días de ejecución. El contrato comenzó el 22 de abril de 2010, pero el consorcio recién recibió el terreno el 18 de agosto de ese año, porque la Contraloría informó el día 13 al SSA de la toma de razón de la adjudicación de las obras.
El proyecto comenzó su marcha y a pesar que los ciudadanos veían como avanzada esta magna obra, el consorcio con el SSA debían sortear una serie de inconvenientes. Según explicó el gerente de Operaciones de Pilasi, Jaime Pilasi, el proyecto tuvo cuatro retrasos, los que en total sumaron 512 días.
El primero fue por 64 días y se relacionó con permisos de obras, pues no habrían estado las aprobaciones municipales y la definición exacta del edificio, ya que el plano del proyecto habría venido con líneas que no se condecían a la realidad. El segundo fue por 35 días y demandó modificación en la estructura, debido a que en los extremos del sector de hospitalización iban los ductos de clima, pero estos no entraban en la construcción, por lo que hubo que demoler.
El tercer retraso se habría debido a que existió una diferencia en el diseño de alimentación eléctrico, ya que eran necesarias dos líneas y sólo había una. El consorcio le habría informado al SSA, organismo que les ordenó continuar de acuerdo a las obras, pero según la empresa mandaron a hacer un nuevo proyecto eléctrico sin comentarles la medida. Mientras que el cuarto implicó modificar 30 metros cuadrados de cielos de todo el hospital. A esto se suma que no se habría realizado la gestión para el empalme eléctrico.
A parte de todos los inconvenientes estructurales, había problemas económicos. El 21 de diciembre de 2012 se realizó la postulación para el presupuesto 2013, en esta se especificó que al 31 de ese mismo mes ya se habían pagado 30.684 millones de pesos en obras civiles, por lo que se solicitaban 4.031 para ejecutar durante 2013.
La respuesta llegó el 12 de junio por parte del departamento de Inversión del ministerio de Desarrollo Social, haciendo la recomendación favorable. Sin embargo, a esa fecha, ya se había cortado el contrato. En las observaciones, se dejó en evidencia que el SSA había solicitado una ampliación de plazo y por ende mayor cantidad de recursos, pues según detalló Pilasi, entre enero y febrero ya se habían gastado 3.805 millones de pesos en obras regulares.
En este contexto, el SSA emitió dos resoluciones, una fue la 2026 en la que detalló porqué estaba cesando el contrato, entre los puntos mencionados se dijo que desde mayo de 2012 a mayo de 2013 hubo un avance de 32.98% siendo que debió ser de un 53.98% para llegar el 95% del total de las obras. En obra gruesa se alcanzó el 99%, en instalaciones un 66% y en terminaciones un 67%.
A esto agregaron que había una insuficiente cantidad de trabajadores, existieron episodios judiciales que implicaron retención de bienes, atraso en el pago de los trabajadores que redundaron en paralizaciones, que el representante de Pilasi estaba inhabilitado para contratar con el Estado y que existían cerca de 30 demandas en juzgados civiles de Santiago por atrasos en los pagos a los subcontratistas.
El 31 de mayo, bajo la resolución exenta 2133, se da a conocer el último estado de pago que emitió el Consorcio. En este documento se evidencia que tanto el Servicio de Salud, como el ministerio revisaron y aprobaron el pago de más de 774 millones de pesos referente a la factura 131. Sin embargo, a través de correos electrónicos entre el SSA y la subsecretaría de Redes Asistenciales enviados entre el 2 y el 29 de mayo se aseveró que no existían recursos para pagar este monto y que la única solución viable era utilizar las boletas de garantía entregadas por el consorcio. Se pagó una fracción a la espera de provisión de más recursos.
A esta altura, Pilasi enfrentaba sólo la construcción de las obras, porque en marzo de ese mismo año la española Comsa se declaró en quiebra.
En tanto, Pilasi comentó que el 8 de mayo de 2013 habían llegado a un acuerdo económico con Salud, para terminar las obras el 30 de octubre de ese año con una inyección de recursos frescos de 6.800 millones de pesos.
El 13 de junio de 2013 el SSA informó a Pilasi que debían hacer abandono de la construcción sin posibilidad de retorno. A fines de julio el consorcio informa su quiebra por no tener recursos y la continuidad la toma el síndico Ricardo Hoffmann.
En ese mismo período el SSA debió haber realizado el finiquito de las obras, pero a más de un año y medio este trámite todavía no se concreta, lo que imposibilita generar una nueva licitación, pesar que esta nueva administración destinó cerca de 200 millones de pesos para hacer el estudio de cómo están las obras y hacer el finiquito correspondiente.
Cerca de 400 anexos contiene el historial que existe de este proyecto en Mercado Público, dentro de estos están las resoluciones de modificación de contrato, de ampliaciones de giro, de adquisiciones, planos y maquetas, entre otros, incluyendo multas y sanciones.
Lo último que fue incluido tiene fecha de publicación 6 de enero de 2015 y corresponde a la resolución exenta 5413 en la que se aprobaba el acta de recepción única anticipada de obras.
Para el exgobernador, Luis Garrido, "siempre existió la convicción que era necesario el hospital, pero se engañó a la comunidad dando fechas, cuando esto está judicializado". Agregó que "este proyecto fue un compromiso con Calama, pero fue un caballito de batalla para las elecciones de 2009, dejando el cacho para el que viniera".
En tanto, el diputado Marcos Espinosa planteó que "a mi juicio los temas legales son subalternos a uno mayor que es atender adecuadamente las demandas de salud de los usuarios del servicio público, que en Calama es cerca del 80%, lo que tiene que estar a la vista antes de tomar cualquier decisión".
