Tras semanas en que Renovación Nacional optó por un estricto bajo perfil para reaccionar ante el caso Penta, en el que se han visto involucrados personeros de la UDI, ayer parlamentarios de esa tienda exigieron "medidas concretas" a sus socios, luego del golpe que significó en la Alianza el 78% de desaprobación en la encuesta Adimark.

El senador (RN) Alberto Espina dijo a La Segunda que la UDI "debe tomar decisiones de condena absoluta y categórica a estos hechos y tiene que iniciar los procesos disciplinarios internos para ver las responsabilidades de quienes se ven involucrados. Si no hacemos nada el resultado va a ser devastador. Nuestra oposición a la reforma educacional se fue por la borda, el caso Penta fue un tsunami que ayudó al Gobierno a ocultar su desastre de leyes".

En la misma línea, el senador de ese partido Manuel José Ossandón agregó que "esto no es una crisis más, es un tsunami, y si la UDI no reacciona institucionalmente reconociendo sus responsabilidades va a desaparecer".

Para Ossandón, "es impresentable que miembros (de la directiva de la UDI) que están involucrados no den un paso al costado, al menos mientras dura la investigación, ya que lo único que están haciendo es hundir al sector".

Desde la UDI, el diputado y secretario general, Javier Macaya, dijo a radio Cooperativa que esperar un resultado distinto en la encuesta Adimark, que le otorgó un inédito 11% de aprobación ciudadana a la Alianza con 78% de rechazo, "era iluso" después del caso Penta.

"La contingencia de Penta -para nadie es un misterio- ha tenido un efecto y esperar un resultado diferente en la encuesta por parte de nuestro sector era iluso. Esto se veía venir, sabíamos que podía venir un mal resultado en la encuesta Adimark, no asumíamos que podíamos tener una realidad diferente", dijo Macaya.

Para el parlamentario, "hemos empezado ya hace algunos días atrás a tratar de levantarnos de una situación difícil y creemos que la unidad es parte importante de los escalones, de los cimientos que se tienen que ir construyendo para salir de esta situación. Esta es una situación reversible y se revierte con unidad", afirmó el diputado gremialista.

El ministro (s) secretario general de Gobierno, José Antonio Gómez, descartó ayer que el caso Penta pueda incidir en una posible inhabilidad del titular del MOP, Alberto Undurraga, cuya cartera mantiene negociaciones con 13 concesionarias, cuatro de las cuales están ligadas a Penta. "De los antecedentes que tenemos el trabajo que está haciendo en el MOP no tiene ninguna condición de incapacidad", dijo Gómez.

En su "debut" en la polémica que mantiene el oficialismo con el rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, la ministra de Salud, Carmen Castillo, puso paños fríos a la discusión y recalcó que la objeción de conciencia es parte de la iniciativa que impulsa el Ejecutivo.

"Existe dentro del proyecto de ley precisamente una objeción de conciencia, que es uno de los componentes para poder trabajar. Las posturas personales aquí tenemos que trabajarlas de alguna manera con un trabajo serio, de equipo y ojalá llegar a un consenso", dijo la titular del Minsal, en medio de la polémica con el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, quien aseguró que la red de salud de esa casa de estudios no practicará abortos, aún cuando se apruebe la ley que despenaliza la interrupción del embarazo.

Respecto de la posibilidad de que la totalidad de los facultativos de un determinado centro de salud decida negarse a practicar abortos dentro de las causales que se abrirían con el proyecto, Castillo aseguró que es algo que "tenemos que discutirlo".

"Hay mucho que conversar. La objeción de conciencia está instalada en el documento, pero tenemos que trabajar en un análisis ya legal, con abogados constitucionalistas y ver todo lo que corresponde para poder tener una información definitiva", agregó.

La secretaria de Estado añadió que este es un trabajo que "tenemos que hacer todos juntos", ya que el país "necesita hacer una presentación seria para todos los habitantes como una política pública".

Según la jefa del Minsal, el Gobierno estará "muy atento" a las posturas que se han manifestado públicamente sobre esta materia, ya que a su juicio "toda opinión, sea una de una autoridad universitaria, sea de cualquier persona que quisiera aportar a un debate maduro en este país, es bienvenida y eso va a ser a nivel del Parlamento".

Castillo hizo hincapié en que "somos un país bastante grandecito como para poder hacer un debate serio y responsable, en todos los niveles que corresponda".

En cuanto a las dudas sobre la cobertura de atención en centros de atención de salud en las regiones del país, la ministra Castillo comentó que "tenemos que asegurar que en todas las regiones y en todos los lugares va a haber la posibilidad de acceder a una atención cuando sea necesaria".

"Tenemos la seguridad que contamos con un sector público fortalecido y que podrá dar respuesta a los requerimientos y a lo que se defina en este proyecto de ley cuando salga del Congreso", destacó.

confidencialidad

Desde la Democracia Cristiana y la UDI expresaron preocupación porque los médicos puedan mantener una relación de confidencialidad con los pacientes en torno a este tipo de intervenciones.

El diputado (DC) Gabriel Silber dijo a radio Cooperativa que se debe mejorar la redacción del proyecto para que no exista ambigüedad.

"Vía indicaciones vamos a ser taxativos y despejar cualquier duda de que esta exoneración de responsabilidades respecto de la denuncia o privilegiar la confidencialidad se va a aplicar solo en los tres casos planteados por el Ejecutivo", dijo el parlamentario.

Desde la Alianza, la senadora (UDI) Jacqueline van Rysselberghe advirtió que lo anterior puede abrir la puerta, a su juicio, a todo tipo de aborto.

"Creo que no debería ser (autorizado el aborto) de ninguna manera, partiendo desde esa premisa. Pero en este caso, así como está planteado, uno puede decir que fue violación sin tener que explicar nada más, porque el derecho a confidencialidad está por sobre el costo de los derechos", dijo la parlamentaria. La senadora agregó que "como no tienen la obligación de decir quién es el violador ni cómo se produjo, cualquier embarazo no deseado podría exponerse como fruto de una violación", afirmó.

A propósito de las declaraciones del rector de la PUC, Ignacio Sánchez, la ex ministra de Salud, Helia Molina, dijo que los centros de la red UC-Christus deberán tomar todas las medidas necesarias para derivar a una paciente que tome la decisión de realizarse un aborto. La ex titular del Minsal agregó que la discusión que se abre en este tema abrirá la vía para "buscar la solución que armonice tanto la visión institucional, global, como la conciencia individual para que se garantice la atención oportuna a las personas".