El miércoles pasado el municipio y la Fiscalía realizaron una sorpresiva incautación de máquinas de juegos en un local del centro de la ciudad, lo que derivó en que empresarios del rubro tomaran en consideración este hecho para iniciar una tarea "educativa con respecto a lo que realmente son los juegos de habilidad y destreza, y no minicasinos como se plantea", expresó el abogado Héctor Mella, quien representa a dos dueños de locales de ese tipo de entretención.

De acuerdo a los antecedentes expresados por el profesional "no hay ningún peritaje en Chile que constate que se trata de máquinas de azar. Por lo que la incautación del pasado miércoles adolece de estas pruebas sobre las máquinas. Por lo tanto, si al tribunal llega una prueba hecha por la PDI, esta no sirve porque esta policía está inhabilitada para ello", explicó Mella, representante de los propietarios de las salas de juegos Entretenimientos El Loa y Mundo Mágico.

CARPETAS

Como parte del proceso de sociabilización que el profesional anunció, acerca de un tema que asegura está lejos de lo que se cree, "entregaremos carpetas informativas al fiscal, al gobernador, al prefecto de la PDI y también al municipio e intendente con respecto a este tema, porque hay mucho desconocimiento. No se trata de minicasinos, si así lo fuera esta actividad estaría regida por la Ley 19.880, se trata de juegos de habilidad y destreza", precisó el abogado, acerca de la iniciativa que mañana lunes comenzarán a concretar.

Sobre la "ilegalidad "en la que operan las salas de juegos, comentó que existe un dictamen, el 83.051 de la Contraloría General de la República, que manifiesta que si se está clausurado por el artículo 58 de la Ley de Rentas Municipales, el alcalde (Esteban Velásquez) tiene la obligación de demostrar que los aparatos son de azar.

Además, en un dictamen del contralor general de la República, que es vinculante y obligatorio, a todos los municipios del país, que los contribuyentes no necesitan ampliación del giro, ni tampoco solicitarla, por lo que es el alcalde quien está en rebeldía, puesto que el municipio no ha periciado las máquinas y no ha demostrado que tiene la razón.

Sobre acciones legales a concretar, el abogado manifestó "que será defender el tema de los comerciantes que hayan sido incautados y no entregaremos las máquinas al Ministerio Público, y vamos a estudiar las acciones pertinentes".

Mella agregó, con respecto a la clausura de las patentes, que "hay jurisprudencia de la Corte Suprema que ha dicho que si una persona tienen patente se trata de un derecho adquirido por lo tanto no puede ser revocada. Y si el alcalde insiste en incumplir esta medida de la Contraloría, lo analizaremos en la materia legal que corresponda, y partiremos con acciones educativas, entregando antecedentes reales al Ministerio Público, municipio, gobernación y otros. Y no conversaremos con el municipio, eso lo veremos en tribunales y cómo defienden su postura".

En los próximos meses el municipio adquirirá un moderno sonómetro y con ello iniciará fiscalizaciones a las emisiones sonoras en el sector centro y también residenciales a fin de controlar ruidos molestos y sancionar a quienes constantemente generan contaminación acústica.

Según comentó el jefe del departamento municipal de Medio Ambiente, Gumercindo Camacho, "la adquisición de este aparato de vanguardia, que podrá realizar mediciones sonoras de todo tipo atiende a que hoy la ciudad necesita controlar las emisiones y con ello también se trabaja en mejorar la ordenanza para ello y actualizarla porque data de 1997, e incluía las emisiones de los antiguos casetes", explicó.

El encargado del departamento municipal de Medio Ambiente precisó también "que desde el año 1997 esta función que antes recaía en el ministerio de Salud, pasó a ser una potestad del ministerio de Medio Ambiente como el ente encargado de realizar las mediciones correspondientes a esta situación".

Con un costo aproximado a los seis millones de pesos, "este aparato servirá además para que los vecinos de sectores residenciales puedan solicitar las mediciones ante el impacto en emisiones de sectores industriales y otros que afecten la convivencia", expresó Camacho, sobre un servicio que en el sector privado tiene un valor aproximado de 800 mil pesos, "cifra que para el caso municipal será mucho menor a lo cobrado en el mercado", precisó el jefe del departamento de Medio Ambiente.

Una vez que estos controles comiencen a operar "el foco estará en aquellos comerciantes que coloquen parlantes fuera de sus instalaciones y locales con música a alto nivel, así también salas de cervezas, discoteques, restoranes y clubes nocturnos que emitan música en vivo o bien la que reproduzcan en sus instalaciones, incluyendo a los espectáculos callejeros", comentó Camacho sobre las futuras fiscalizaciones, las que se realizarán principalmente en el sector centro de Calama.

A la espera del sonómetro que "será esencial para el trabajo de nuestro fiscalizador, esperamos contar con esta herramienta de apoyo al trabajo de inspección de ruidos y emisiones que pueden llegar a saturar el ambiente con sonidos molestos y que generan constantes reclamos por parte de los vecinos del sector centro, y esperamos también que las denuncias sean serias y que apoyen la labor de control al trabajo que pronto comenzará el municipio para ello", agregó el funcionario municipal.