Es de público conocimiento que nuestro país y particularmente nuestra región atraviesan por un serio déficit habitacional, sobre todo respecto a la posibilidad de adquirir una vivienda social. Según datos del Observatorio Habitacional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a nivel país se requieren 36,7 viviendas nuevas por cada mil habitantes, cifra que aumenta a 45,2 unidades en el caso de la región de Antofagasta, debido a la alta migración poblacional producto de las actividades mineras, el elevado costo de los terrenos y de la mano de obra; y la poca factibilidad que presentan los suelos disponibles.
Teniendo presente las condiciones desfavorables que existen en nuestra zona, se dictó una circular que regula el procedimiento de transferencia de terrenos fiscales a grupos que cuenten con proyecto habitacional en desarrollo y patrocinados por Serviu, lo que se materializaría mediante la firma por parte de éste y del Ministerio de Bienes Nacionales de una promesa de compraventa a espera de la venta definitiva que se pagaría con la ejecución del subsidio.
No obstante la importancia de la circular y de los efectos de ésta, en cuanto al compromiso de venta, en la práctica la protección no puede materializarse debido a que el valor de los terrenos fiscales sobrepasa considerablemente el valor del subsidio otorgado, lo que implica que las personas beneficiadas deben hacer un altísimo copago para poder ejecutar el proyecto.
En base a todo lo dicho es que durante la última semana del mes de enero presenté un proyecto de ley que tiene por objeto modificar el Decreto Ley sobre adquisición, administración y disposición de los bienes del Estado, de modo que si el terreno se enajena para la construcción de viviendas sociales, el avalúo que se considere será el avalúo fiscal y no el avalúo comercial como señala actualmente la norma.
Estoy consciente que la disminución del criterio para establecer el valor de venta de los terrenos a cargo de Bienes Nacionales, será en desmedro de las arcas fiscales, no obstante y en consideración de las altas cifras de déficit habitacional, creo necesario priorizar la política habitacional, particularmente aquella referente a viviendas sociales, lo que beneficia directamente a nuestra región y su gente.