Es sabido que las buenas intenciones por sí solas no son suficientes para lograr un objetivo. Son un componente básico pero que requieren sumar algunos factores externos necesarios para conseguir el éxito planteado y satisfacer las expectativas de los involucrados.

Este es el caso de lo que ocurre con la ampliación y remodelación de la Escuela D-48 "Presidente Balmaceda", obra que se inició en 2004 y que hasta el día de hoy está a medias.

Desde la primera paralización de los trabajos hubo voces críticas a la gestión y al modelo utilizado. Se acusó al municipio de ineficacia para supervisar el proyecto y se exigió una pronta reanudación de las obras bajo otras órdenes.

Por aquel entonces algunos se plantearon desafíos y aseguraron que concluirán la construcción. Intendentes, gobernadores, directores de Educación municipal, seremis de Educación y otras autoridades públicamente se comprometieron en sacar adelante tan ansiado proyecto, pero lamentablemente todo quedó en las buenas intenciones y hasta hoy, a más de 10 años, el edificio sigue a medio terminar sin que exista una solución concreta y acotada en el tiempo.

Lo último que se informó es que las autoridades regionales luego verificar en terreno el estado de la construcción, comprobaron que hay un daño importante, pero que sólo se puede determinar con un estudio de ingeniería, el que debe ser contratado a la brevedad.

Una vez concluido y ya con los recursos aprobados se iniciará la licitación para adjudicar las obras. Proceso que debe ser estricto para asegurar que la empresa adjudicataria cumplirá las exigencias y con los tiempos pactados.

El intendente Valentín Volta se fijó un plazo de dos años para completar las obras que permitirán que el establecimiento entre al régimen de Jornada Escolar Completa (JEC), respondiendo de esta manera a las actuales exigencias educativas.

La comunidad espera que esta vez los plazos se cumplan y que no todo quede en sólo buenas intenciones como otras tantas veces.

Chile es uno de los pocos países del mundo en que aún se penaliza a las mujeres cuando deciden interrumpir sus embarazos. El Vaticano, Nicaragua, El Salvador y Malta están entre ellos. Esta medida no ha impedido que cada año sean varias las mujeres que lo practiquen en condiciones que ponen en riesgos sus propias vidas. Es por ello que la presentación de un proyecto de ley que lo despenalice viene a restituir una medida que no era desconocida en nuestra sociedad.

Porque desde mediados de la década del 30 y hasta fines de los 80 del siglo pasado, las mujeres en Chile contaban con una herramienta para interrumpir el embarazo por razones terapéuticas, a fin de detener la alta mortalidad materna de aquella época. Hoy esta medida no existe y el Estado no puede continuar avalando el castigo ejercido en contra de una mujer por no perseverar en un embarazo que la sitúa en una posición extrema.

Tal proyecto, que necesita de un debate informado y libre de prejuicios en el Congreso, aborda tal interrupción sólo en tres causales: cuando la vida de la madre se vea condicionada por un embarazo complicado, en caso de inviabilidad fetal y por violación. El texto entrega amplias facultades a profesionales médicos y legales para asesorar y apoyar a las mujeres en esta difícil decisión. Por cierto que será una opción más, no una obligación, a las alternativas de poner en riesgo sus propias vidas o enfrentar la reclusión. Este proyecto incorpora además asesoramiento en cuanto a programas de apoyo social y económico disponibles.

La maternidad no sólo es un hecho fisiológico sino también una experiencia para las mujeres. Hoy en Chile su potencial reproductivo se observa e incluso se define en base a una ideología patriarcal, con lo cual su potencial reproductivo alcanza un valor cultural importante que justifica que se niegue u obstaculice su autonomía para que puedan tomar sus propias decisiones.

Como Sernam debemos hacer hincapié en la autonomía de las mujeres sobre su propio cuerpo para conseguir su pleno acceso a derechos humanos fundamentales como son los derechos sexuales y reproductivos, para seguir reconociéndolas como ciudadanas soberanas, con capacidad plena para decidir sobre sus proyectos de vida.