Tras el anuncio de querellas por la intervención no permitida ni evaluada en el sector de Yalquincha, la secretaría regional ministerial de Agricultura más la Asociación de Agricultores de Calama y el apoyo de la gobernación provincial de El Loa, no tardaron en anunciar y formalizar querellas por impacto medio ambiental nocivo en ese punto del río Loa, lo que desde hace algunos días generó reacciones por parte del dueño del terreno en cuestión.

Ante el descubrimiento en la alteración de la ribera del Loa en Yalquincha, fueron los propios agricultores quienes denunciaron el hecho, y "pese a que el dueño del terreno trató de resolver de manera amigable no aceptamos, porque situaciones como esta no se pueden repetir, y quienes tengan la más mínima intención de hacerlo se arriesgan a graves sanciones y acciones legales", dijo Esteban Araya, presidente de la Asociación de Agricultores (Asac).

En un espacio de media hectárea aproximadamente, y desde hace algunos días se comenzó a retirar el relleno, los neumáticos y el estabilizado que se había construido en el bofedal y la vega del sector oriente de Yalquincha, "y que no contaba con permisos medio ambientales, estudios de impacto y más aún transgrediendo la ley que los protege", agregó el abogado de Asac, Rodrigo Ríos.

QUERELLA

Pese a que el propietario, quien no contesto al llamado de este medio de comunicación, comenzó a retirar neumáticos y el estabilizado de tierra del sector, "esto no da para que se retiren las querellas y las denuncias a lo que afectó el cauce del río Loa, porque ya se actuó por oficio y existe un monitoreo por parte de la gobernación provincial de El Loa con respecto al daño hecho", comentó el secretario regional ministerial de Agricultura, Jaime Pinto.

El titular del Agro destacó además "que este es un precedente y también una muestra de que estamos preocupados por proteger el patrimonio natural de El Loa, su agricultura y su entorno, y que en alianza con los agricultores y la comunidad podemos salvaguardar con el apoyo e interés de todos los actores", dijo.

Pese a que los trabajos de mitigación al daño hecho y que puede servir como una atenuante ante los tribunales correspondientes, "la denuncia ya fue cursada ante la Brigada de Delitos Medio Ambientales de la PDI, y la investigación, que también está siendo analizada por la Dirección General de Agua, al haber una alteración al lecho del río, esta no variará y busca medidas contra quienes resulten responsables por este daño medio ambiental en el sector", comentó Jaime Pinto.

Una vez que termine la investigación por parte de las autoridades competentes, los responsables podrían recibir multas en dinero, como también sanciones que los obliguen a realizar inversiones de mitigación al daño, "aun cuando demore tiempo en recuperar vega y bofedal en este sector", cerró la autoridad del Agro.

Ante el alto costo que significa la mantención de espacios públicos, y sobre todo el riego de plazas y parques, "el municipio está abierto a la posibilidad e generar alianzas y también la posibilidad de concretar el uso de aguas tratadas para el riego de los espacios bajo su administración", comentó Eliecer Chamorro, administrador municipal.

"Para implementar una medida como esa se deben abordar consideraciones importantes. Una de ellas por ejemplo es que se debe contar con la logística para ello: contar con equipo que traslade y almacene el líquido, que cuente con certificación técnica y los permisos medio ambientales para ello", argumentó el profesional.

COSTOS

Del total del presupuesto municipal, el 30 por ciento de este (unos 800 millones mensuales) son destinados a la mantención de parques y plazas en Calama, "lo que aproximadamente significa unos 7 mil millones o más -en promedio- destinados anualmente para el pago de riego principalmente y energía eléctrica para estos espacios", detalló Eliecer Chamorro.

Otro de los ejemplos detallados por el administrador municipal dan cuenta del costo que tienen la mantención del parque Granaderos "que con su extensión de 1,2 kilómetros le significa unos 300 millones de pesos en costo a la municipalidad", explicó Chamorro.

Sobre la "exploración" de riego y uso de aguas tratadas , Chamorro explicó "que es sin dudas una gran posibilidad, y para ello debemos trabajar en una mesa amplia que nos permita abordarla de manera seria y responsable, con integrantes del gobierno, instituciones medio ambientales y que entreguen las aristas para aplicarla y hacer uso de este tipo de recursos que en otros municipios se aplica y que en nuestro contexto y realidad sean aplicables, entendiendo que Calama es una ciudad que debe valorar y hacer un uso responsable y sustentable del agua".

"Esperamos iniciar un trabajo que proyecte el uso de aguas tratadas y que amortigüe los altos costos de mantención de nuestros espacios públicos, esa es una posibilidad que entregaría sustentabilidad a nuestra carencia de agua, como también una innovación que tenga a la vez un impacto positivo en el bien común de Calama y sus parques", dijo.

Ayer y en una reunión que convocó al municipio, la gobernación provincial de El Loa y a Carabineros, se analizó la ordenanza que regula el trabajo de cuidadores de vehículos "y cómo ha operado esta regulación y si se puede mejorar en algunos aspectos", comentó Arturo Bruna, jefe del departamento municipal de Seguridad Pública.

Uno de los aspectos que tuvo especial tratamiento por parte de las autoridades fue lo planteado por la dirección municipal de Tránsito, sobre la posibilidad de "multar a conductores que propicien el lavado de vehículos en la vía pública, lo que está penado por ley", explicó Bruna.

"Aun cuando es una posibilidad, podría ser una medida aplicable en ciertos puntos donde se generan reclamos y problemas debido a que los cuidadores se empeñan en realizar, situación que está prohibida. Esto es sólo una alternativa y que se puede analizar para una posible aplicación", agregó el profesional del municipio.

Dentro de las exposiciones vertidas en la reunión de ayer al mediodía, los participantes dejaron claro que en el sector de calle Sotomayor, "no existe autorización para el estacionamiento de vehículos en el tramo que comprende avenida Granaderos y calle Abaroa, por lo que la actividad de los cuidadores en esos puntos es ilegal y no corresponde", informó Arturo Bruna.

Actualmente son 80 los cuidadores de vehículos que trabajan con aprobación del municipio para hacerlo en puntos específicos y previo pago y tramitación de los permisos correspondientes a lo establecido en la ordenanza que lo regula. "Aún así tenemos unas 40 solicitudes más que están siendo revisadas y que tendremos que evaluar", argumentó el encargado de la Seguridad Pública del consistorio.

En los próximos días y una vez que se haga formal, o no, lo propuesto por la dirección de Tránsito del municipio se podría aplicar sanciones a quienes acepten o entreguen facilidades para la limpieza de vehículos en distintos puntos del centro de Calama.