Exsenador por Antofagasta, exprecandidato presidencial y actual ministro de Justicia, son solo algunos de los hitos en el extenso curriculum del abogado José Antonio Gómez, quien además esta semana ofició como vocero subrogante de Gobierno. Entre otras cosas, tuvo que salir al paso de lo vivido en Bolivia por el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, quien dijo sentirse agredido por la entonación del "Himno al mar Boliviano" en la ceremonia de asunción del Mandatario Evo Morales.

Pero ya hablando del trabajo de su cartera, el secretario de Estado actualmente posee varios proyectos que tienen directa relación con la región que lo escogió como senador en el periodo 2006-2014. Gómez habló sobre nuevos tribunales, jueces para Mejillones, Calama y Antofagasta, junto con destacar la creación de notarías para localidades alejadas como Sierra Gorda o San Pedro de Atacama.

¿Qué noticias hay sobre la creación de un juzgado en Mejillones, más jueces y notarias para la región?

-El proyecto de ley está en el parlamento y contempla un juzgado de competencia común (Letras y Garantía), con dos jueces, lo que permitirá a las personas resolver las causas en su comuna y no tener que trasladarse a Antofagasta.

El mismo proyecto incluye una redistribución de jueces, para incorporar más magistrados en Calama, lo que era una necesidad. Hablamos de un juez para Garantía, otro para el Tribunal Oral en lo Penal de Antofagasta y un juez para el juzgado de Letras del Trabajo. También está la creación de una segunda sala en esa ciudad y la posibilidad de crear un juzgado de Garantía, para mejorar la relación entre el número de causas y la población que allí vive.

En cuanto a las notarías, ya dictamos la resolución en septiembre de 2014 y en Sierra Gorda habrá una notaría. Lo mismo para San Pedro de Atacama y Mejillones, ya que como conozco la zona, sé lo difícil que es el traslado. Ya tengo las ternas para estos cargos.

CÁRCEL

La cárcel concesionada de Antofagasta terminó con el hacinamiento, pero a un año de su puesta en marcha ya está operando al máximo de su capacidad al recibir internos de toda la región. ¿Está la necesidad de construir otro penal en Calama?

-El Ministerio de Bienes Nacionales nos entregó un terreno para construir una cárcel fuera de la ciudad. Estamos haciendo los análisis técnicos, ya que esto requiere detallar los usos de suelo o capacidad. Pero adicionalmente vamos a mejorar el recinto de Antofagasta, a través del plan de seguridad que lanzamos con la presidencia, para generar ampliaciones, de manera de mejorar la situación anómala de los imputados que hoy deberían estar en una zona especial.

Respecto al mismo tema, la asociación de gendarmes siempre tiene quejas por el bajo número de funcionarios para la región y lo difícil que es vivir aquí teniendo en cuenta los sueldos que perciben…

-En la discusión parlamentaria del presupuesto se estableció la idea de ver cómo podemos construir casas para los gendarmes tanto en Calama como en Antofagasta, esto es algo que resolverá un tema que todos sabemos, que la vida es más cara en la región que en el resto del país. En el mismo proceso de construcción de la cárcel y de las ampliaciones, nos vamos a preocupar de las casas para los funcionarios. Lo segundo es que el plan de seguridad está definido incorporar 4.500 nuevos gendarmes en un plazo de tres años y con esto podremos resolver el problema con que toda razón señalan los gendarmes de la zona, de que tienen poco personal para trabajar.

¿Cómo ve la nueva "tendencia" de las detenciones ciudadanas?

-La ciudadanía tiene el derecho de protegerse y de realizar detenciones cuando ocurren delitos flagrantes. Pero lo que no puede ser, es que esto termine en otro delito, porque es algo grave y complejo de resolver. Si una persona termina muerta, quienes participaron de esto tendrán que ser enjuiciados, por lo que llamaría, sin perjuicio del derecho a protegerse, a hacer esto en la medida y los niveles que la ley lo permite. Se puede detener, pero hay que comunicar a la policía para que continúe con el procedimiento.

El año pasado problemas en el sistema del Registro Civil generaron dolores de cabeza a los usuarios y movilizaciones de los trabajadores. ¿Está subsanado el problema?

-Cuando llegamos la situación era caótica y teníamos grandes atrasos con un sistema que no funcionaba de buena manera. Pero con algunas medidas y el trabajo de los funcionarios, que son el motor del servicio, corregimos esto. Ahora tenemos peticiones de horas por internet y una mayor cantidad de maletas móviles para atender en lugares públicos. La crisis que tuvimos la corregimos y el Registro Civil avanza en recuperar el prestigio que siempre tuvo.

homicidios

Como exsenador por Antofagasta, sabrá que en la región hay casos de crímenes como el Bazar Glorita o los de La Portada que son complejos. ¿Por dónde pasa la competencia para resolver estos delitos?

-La definición de la ley en relación a la investigación criminal se la entrega a la Fiscalía, la policía es solo un órgano colaborador en estas materias. Casos complejos como estos en general son asumidos por fiscalías especializadas, que tienen las capacidades, los elementos y los tiempos para ello. Tal vez es tanta la carga de trabajo que cuesta focalizarse en casos de alta connotación. En esta lógica, el Ministerio Público señaló que tiene dificultades por escasez de personal y exceso de causas, pero tenemos un proyecto de ley en el parlamento para incorporar más de 600 funcionarios, más fiscales y abogados ayudantes. Son más de $42 mil millones que incorporaremos al Ministerio Público.

Y otra iniciativa en esta línea de mayor investigación..

-También trabajamos en la creación de una fiscalía de alta especialidad para pesquisar delitos complejos. En el caso del ajusticiamiento (homicidio de 2013 en La Portada), probablemente sea una organización criminal y estaría en la lógica de la fiscalía de alta especialidad. No son soluciones inmediatas, pero en un plazo tendremos los recursos para resolver estos problemas.