La posibilidad de exigir y aumentar requisitos para la entrega de patentes de alcohol en Calama, "es una posibilidad que buscamos entablar debido a que esta normativa presenta debilidades que no protegen a la comunidad y sólo regulan la venta y patentes de expendio", comentó el alcalde Esteban Velásquez sobre esta posibilidad.

Ayer y ante el debate instaurado por el edil, los miembros del Concejo Municipal acordaron agendar una sesión extraordinaria para tratar el tema, "que al igual que en caso de los minicasinos es una buena idea que regule y que sensata y progresivamente vaya eliminando puntos de expendios de alcoholes, o bien los restrinja", comentó el concejal Darío Quiroga.

"Es un tema que se debe analizar en profundidad, que tienen muchas aristas pero que debe atender a todos los puntos de vista que necesita un tema tan delicado como este, y que insisto debe ser analizado exhaustivamente", agregó José Astudillo.

"Me parece una oportunidad de atender a aspectos importantes y relevantes que hoy se necesitan debatir, y donde además vecinos, ciudadanos y la comunidad también debe tener una opinión, y que se sume a este debate que se hace necesario para el funcionamiento de locales, salas de cerveza y otros puntos de venta de alcoholes", dijo el concejal José Mardones.

Aún sin fecha para su debate y análisis esta posibilidad generó el interés del cuerpo colegiado por tratarlo a la brevedad posible.

El Juzgado de Garantía de Calama, dentro del proceso legal que lleva el municipio contra la actividad de los llamados minicasinos, formalizó ayer al primer contribuyente imputado por la rotura de sellos municipales, luego de que fueran clausurados por el consistorio y quedará prohibido su funcionamiento en la ciudad.

"El Ministerio Público solicitó al juez de Garantía una audiencia para la formalización de contribuyentes que tenían patentes de video juegos, y que tras no renovárseles, se les citó para ello ante lo cual sólo asistió uno, mientras que los otros dos quedaron en apercibimiento al no presentarse a la audiencia", informó el abogado del municipio Franklin Muñoz.

Dentro de esta formalización el juez notificó al contribuyente imputado que se "le investiga por el delito de rotura de sello, y para lo cual se establecieron 80 días de investigación, tiempo en el cual se podrían o no determinar sanciones", agregó el profesional del municipio.

PROCESO

Esta formalización, más las otras dos que quedaron para el próximo 5 de marzo tras la ausencia a la audiencia, "son las primeras tras la querella interpuesta en febrero del año pasado por el municipio y que está dando los primeros avances tras el proceso legal que lleva a cabo", explicó el abogado.

Franklin Muñoz adelantó además, "que pronto habrá más formalizaciones, pero estas aún no cuentan con fechas definidas, y que están dentro de los casos que el municipio identificó dentro de los 25 contribuyentes que desacataron la ordenanza y decidieron abrir pese a que es una actividad ilegal".

En los próximos 80 días deberá ser el municipio quien entregue las pruebas al Juzgado de Garantía, como querellantes, que corroboren la ocurrencia del delito imputado, "y que son varios, como fotografías, partes, informes, memorándum y otros documentos del Juzgado de Policía Local, y que pretenden argumentar el ilícito", puntualizó Franklin Muñoz.

El abogado insistió en que "desde el año 2013 a la fecha no se han renovado patentes a ningún contribuyente que haya tenido este tipo de locales en la ciudad y que hoy son ilegales", cerró.

Una de las primeras polémicas, tras el regreso de vacaciones, fue la vivida ayer en sesión del Concejo Municipal, luego de que el concejal José Astudillo denunciara "once sumarios que al interior del municipio no han tenido avances, pronunciamientos y menos aún sanciones o resultados", dijo.

Tras escuchar los argumentos del concejal, el secretario municipal Óscar Marín, designado como fiscal que asumirá la investigación acerca del sumario por el caso que afectó a la dirección municipal de Tránsito, y que reveló la falta de espacio para archivar y perpetuar documentación de ese servicio, explicó "que en muchos de los casos no se actúa de forma rápida porque los procesos son largos, con apelaciones defensas y otras figuras legales que los afectados asumen, presentan y como en todo proceso ajustado a derecho buscan aplicar", dijo sobre los conductos regulares y legales que retrasan o lentifican procesos adminitrativos y sujetos a los procedimientos al interior del municipio como parte de los conductos regulares.