Como poco menos que preocupante calificó la situación que se presentó ayer en la última sesión del Consejo Regional Antofagasta. De acuerdo al consejero, Luis Garrido, de los 19 proyectos presentados para postular al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, sólo cinco pertenecían a la provincia El Loa y de estos, sólo dos son de Calama y ninguno fue propuesto por la municipalidad.

"Esta es una tendencia que se vive desde hace bastante tiempo en la casa consistorial dirigida por el alcalde Velásquez, creo que para todo lo que exige al gobierno central respecto a recursos para la comuna, primero debería echar mano de aquellos aportes que están a su disposición y no dejarlos pasar tan fácilmente, pienso que existe una falta de diligencia y preocupación bastante grave que perjudica mucho a la ciudadanía calameña", precisó el ex gobernador.

Respecto a los proyectos presentados para la capital de la provincia El Loa, el primero corresponde al Mejoramiento Interconexión del Eje Grau con Prat, el cual fue presentado por la Seremi de Vivienda y Urbanismo por un monto de casi 11 mil millones de pesos a ejecutarse en un plazo de cuatro años aproximadamente. La aprobación de dicho dinero quedó pendiente para la próxima sesión que será el 13 de marzo del presente año.

Igual suerte corrió la iniciativa titulada "Control Integrado y Manejo de la Maleza Mostaza Negra", que según informaron desde el Core, no llegó el representante del proyecto proveniente de INDAP, quedando relegado a una segunda instancia.

Respecto a otros municipios, Calama se quedó en el último lugar, ya que todos los demás equipos edilicios consiguieron financiamientos, dándole luz verde a seis iniciativas regionales, cinco para la comuna de Antofagasta, tres para San Pedro de Atacama, dos en Tocopilla, una en Ollagüe e incluso María Elena recogió recursos.

El consejero llamó a Esteban Velásquez a enfocarse en aprovechar el importante aporte que realizará el Estado de 70 mil millones de pesos para la puesta en marcha de nueve proyectos emblemáticos, pero sin descuidar su tarea.

Debido a la medida que elevó a 30 mil pesos el valor del ingreso a la aguna de Céjar, aludiendo motivos ambientales y de control de parte de la comunidad de Solor, resurgió el cuestionamiento sobre el cuidado que se le brinda a las zonas que son utilizadas turísticamente como ocurre en San Pedro de Atacama y Alto Loa. Junto con ello, se abrió el debate sobre la explotación económica al que se someten los turistas tanto nacionales como forasteros de parte de las comunidades y los operadores turísticos.

Esto genera distintos cuestionamientos que difícilmente se pueden responder así de fácil. Por ejemplo: ¿Por qué los chilenos tenemos que pagar para conocer un espacio que está tipificado como público? ¿Por qué no existen estudios científicos serios que determinen la capacidad de impacto que toleran los espacios ecoturísticos de alta sensibilidad? ¿Qué derechos -en el caso de Chaxa, Céjar, Valle de La Luna, Puritama, Géiseres del Tatio, entre otros- tienen las comunidades indígenas sobre estos atractivos? ¿Tienen la potestad de lucrar con ellos? Y si es así, ¿por qué no se regula por medio de una ley mucho más efectiva que la legislación actual?

Por ello, autoridades regionales evalúan el desarrollo durante el presente año de un estudio que revele cuál es la realidad de los ecosistemas presentes en los puntos más visitados de la zona y cuál es su capacidad de recepción de viajeros.

Desde el parlamento, el senador por la r egión de Antofagasta, Pedro Araya, dijo que hoy más que nunca es importante controlar y preservar el medioambiente en el territorio loíno, alarma que se encendió con Céjar y que invita a reflexionar sobre la preservación de recursos que finalmente son de todos los chilenos.

"Debemos hacer una revisión a la legislación y generar protocolos para que la explotación de estos espacios como Puritama y Céjar, pues los chilenos y extranjeros tienen el derecho de conocer, pero también debemos asegurar el resguardo de estos espacios para el futuro", expresó.

Realidad

Hoy las Termas de Puritama pertenecen al Hotel Explora, quienes disponen de sus aguas termales exclusivamente para sus clientes, reservando el derecho de acceso a sus pozas y priorizando el paso a sus pasajeros, mientras que el público general debe cancelar $15 mil si quieren bañarse todo el día y 9 mil durante la tarde.

Situación similar se presentó en Céjar, laguna salina que experimentó un aumento en el cobro por el acceso de 30 mil pesos, para luego dejarlo en 15 mil tras un acuerdo que tuvo dispares interpretaciones entre la comunidad indígena de Solor y el ministerio de Bienes Nacionales.

Se entiende por playa de río o lago según el artículo 1° N° 30 del Decreto Supremo Nº 2 de 2006 del ministerio de Defensa Nacional, la "extensión de suelo que bañan las aguas en sus crecidas normales hasta la línea de las aguas máximas". De conformidad a su calidad de "Bien Nacional de Uso Público", las playas están sujetas a un régimen especial de uso y protección que requiere de una regulación que haga efectivo dicho derecho; ésta involucra a diversos entes del Estado, los que deben garantizar que su acceso sea fluido y libre, sin estar obstaculizado por ningún tipo de barrera artificial. Es por eso que el Decreto Ley Nº 1939 de 1977, en su artículo 13, explícita que "los propietarios de terrenos colindantes con playas de mar, ríos o lagos, deberán facilitar gratuitamente el acceso a éstos para fines turísticos y de pesca cuando no existan otras vías o caminos públicos al efecto".

Según la Dirección General de Aguas, en el caso de las termas, la empresa privada cuenta con un derecho no consuntivos de explotación de sus aguas, esto quiere decir que pueden usar el recurso hídrico pero deben devolver la misma cantidad de agua al cause original.

Ante este contraste de situaciones, en que no sé puede determinar a simple vista qué derechos tiene la ciudadanía sobre estos espacios, intentamos comunicarnos con el seremi de Bienes Nacionales, Arnaldo Gómez, quien se mantiene de vacaciones hasta el próximo lunes y desde su oficina ningún personero nos quiso aclarar la situación.

Evaluación

A pesar de esta enorme maraña de antecedentes, desde el Servicio Nacional de Turismo, que en la región es dirigido por Ángela Villalobos, nos expresaron que los sistemas de explotación turística a los que se someten todos los atractivos que existen en la zona, serán sometidos a una evaluación para determinar cuál es el nivel de impacto que ha tenido la llegada explosiva en la últimas dos décadas de los visitantes desde todos los sectores del planeta, junto con determinar cuál es la capacidad que tienen los mismos de seguir soportando los niveles de arribos que registran actualmente localidades como San Pedro de Atacama.

"Es momento de tomarse esta activad de forma más seria, ante la inminente creación de un Ministerio del Turismo, estamos preparando camino para sentar las bases de un modelo, para eso existe por fin un Comité de Turismo, el cual está formado por miembros de todas las carteras involucradas como son Economía, Medio Ambiente, Bienes Nacionales, Agricultura, Cultura y nosotros como Sernatur actuamos como secretarios técnicos, pensando en cómo tenemos que aprovechar este recurso que para nosotros es bastante frágil, sobre todo en este desierto en que la naturaleza misma es la que atrae a los visitantes, por lo que evidentemente hay un impacto, pero debemos medirlo concienzudamente antes de tomar una determinación, aunque si este método de operación que se mantiene, nos podría sobrepasar en cualquier momento", explicó la autoridad.

De acuerdo a los resultados de esta investigación, se definirá qué parámetros delimitarán la explotación turística en la zona, la cual está principalmente liderada por empresas privadas y en los propios lugares por las comunidades indígenas.

En todos estos sitios que son propiedad del Estado, y por ende de todos los chilenos, se cobra por el ingreso. En consecuencia, los parámetros sobre estos lugares no están definidos sobre qué derechos tienen las comunidades, situación que los mismos comuneros reclaman por la ambigüedad. De acuerdo a Villalobos, probablemente se adopte un modelo como el de Machu Picchu, en que se restringe a un número limitado de visitantes en ciertos sectores.

"Tenemos que encontrar la fórmula para aprovechar estos atractivos turísticos, pero también asegurarnos que estos prevalezcan para las futuras generaciones".

Pedro Araya Guerrero

Senador región de Antofagasta