Es paradójico que la norma que rige el financiamiento de las campañas políticas en Chile lleve por nombre "Ley sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral". La ley, publicada el 5 de agosto de 2003, es el fruto de la negociación entre la Alianza y la Concertación en plena crisis política del caso Mop-Gate. En un principio, el proyecto fijaba que el límite a los montos de aportes reservados sería muy inferior (20 UF) y la idea era que, por ejemplo, trabajadores pudieran donar montos a sus candidatos sin el riesgo de sufrir acoso laboral si es que apoyaban a un político de la tienda contraria a la de su patrón.
De una iniciativa que apelaba principalmente a la transparencia, se derivó a una que privilegia la donación anónima bajo un aparataje que hace imposible conocer a quiénes están entregando dinero, incluyendo a las empresas que pueden justamente estar tratando de influir en el trabajo legislativo de los futuros parlamentarios.
La Región de Antofagasta es un ejemplo de cómo los aportes de carácter reservado o anónimos se han vuelto la fuente principal de financiamiento para los candidatos a la cámara baja y el Senado. En la última elección el 44,47% de los montos gastados por los 6 parlamentarios electos fue donado por estas vías.
Estos actuales congresistas (Pedro Araya, Alejandro Guillier, Paulina Núñez, Marcela Hernando, Felipe Ward y Marcos Espinosa) sumaron un gasto en sus campañas de $407.725.032 y los aportes reservados y anónimos recibidos por ellos, ascienden a $181.324.000. Pero sumando los montos declarados por candidatos ganadores y perdedores, la suma de aportes reservados y anónimos en esta región en la última campaña parlamentaria (2013) fue de $480 millones.
Ránking
El candidato que más aportes de este tipo recibió, fue uno que no logró un escaño. Se trata del UDI Manuel Rojas, quien obtuvo $219 millones de pesos por esa vía. En el ránking de dinero recibido como aporte reservado en la región, lo sigue el también gremialista y actual diputado por El Loa Felipe Ward ($52.874.000). El tercer lugar es ocupado por el senador independiente, apoyado por el Partido Radical, Alejandro Guillier, a quien le depositaron $51.000.000 sin que se conozca el origen del dinero.
La única candidata electa que no recibió aportes reservados o anónimos según la declaración efectuada en el Servicio Electoral, es la diputada PRSD Marcela Hernando.
Empresas financistas
En octubre de 2014 el Servicio de Impuestos Internos liberó, por solicitud del Diario La Tercera, la lista de empresas chilenas que se acogieron en 2013, año de la campaña electoral presidencial y parlamentaria, a los beneficios impositivos que establece la ley para las donaciones a la actividad política.
En la lista figuran los principales grupos económicos del país. Por ejemplo, entre las empresas del grupo Luksic están el Banco de Chile, Minera Los Pelambres (que mantiene un conflicto con la comunidad de Caimanes en la Cuarta Región) y la antofagastina Minera Esperanza (actualmente se llama Minera Centinela, después de fusionarse con Minera El Tesoro). De hecho, en su reporte anual, Antofagasta Plc, brazo minero del grupo, transparenta que donó 2,3 millones de dólares para las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2013. En las municipales del año anterior también efectuó una donación de 1,2 millones de dólares.
Otros grandes grupos que aparecen con donaciones políticas, son el Angelini con algunas de sus firmas del holding Copec; el grupo Solari (Falabella); el grupo Yarur (BCI); Latam (controlada por la familia Cueto) y el consorcio empresarial Cencosud (de Horst Paulmann).
También figuran los investigados grupos Penta (con seis de sus firmas) y la Sociedad Química y Minera de Chile con SQM Industrial, Exploraciones Mineras S. A. y SQM Nitratos.
Entre las empresas con presencia en la región que solicitaron beneficios impositivos por donaciones políticas durante el 2013, se cuentan Enjoy (concesionaria del casino de Antofagasta), Sitrans, KDM S.A., Transelec Norte S.A., el Puerto de Mejillones y la Sociedad Avícola Pollos Kutulas Limitada. Esta última entregó un aporte público al candidato a diputado por el distrito 4 Álvaro Férnandez, de $10 millones. De hecho, la mayoría de las donaciones de empresas efectuadas a este postulante fueron públicas y pueden revisarse en la declaración electoral que se mantiene en la página web del Servel.
Anónimos y reservados
La mayor diferencia entre un aporte anónimo y uno reservado, es que el primero se entrega directamente al candidato o partido, sin pasar por la fiscalización del Servicio Electoral, tal como lo explica el jefe regional de ese organismo, Abel Castillo: "Por ejemplo lo reunido después de "pasar el tarro" es un aporte anónimo. El monto por este tipo de donaciones no puede superar el 20% del total que se recibe y en teoría cada ciudadano no puede aportar más de 20 UF". En teoría, ya que como el dinero no pasa por el Servicio Electoral, es muy difícil fiscalizar esto.
En cuanto al aporte reservado, este puede llegar hasta las 2.000 UF en el caso de los candidatos a presidente y 1.250 UF en el caso de los candidatos al parlamento. El aporte se efectúa a través del BandoEstado que mantiene una cuenta para estos efectos. "Todo se hace vía computacional, desde el banco se transfiere al Servel y desde el Servel hacia los candidatos", explica Castillo.
La ley protege tan bien a quienes entregan aportes reservados, que el directorio de una empresa debe omitir el nombre del candidato o partido beneficiado de su acta de sesión en que se decidió efectuar el donativo.
Los límites
Para María Jaraquemada, directora de Investigación e Incidencias de la ONG Ciudadano Inteligente, la actual legislación es deficiente y las investigaciones por los casos Penta y SQM "nos demuestran que efectivamente la ley no funciona bien. No hay controles efectivos ni sanciones para evitar que la ley se incumpla".
La abogada agrega que "esta ley fue publicada el 2003 entre los acuerdos que se hicieron por el caso Coimas y el Mop-Gate. En ese minuto vino a regular una institución que estaba absolutamente desregulada. Antes del 2003 no había nada, por lo que esto fue un primer paso, pero hoy está desactualizada y efectivamente no contribuye a la transparencia de la política".
"La mayoría de las donaciones de privados son reservadas, son de empresas y no podemos saber quiénes están donando, a quiénes les donan y si los políticos que reciben estas donaciones luego actúan en favor de los intereses de quienes les dieron plata o de toda la ciudadanía", afirma Jaraquemada.
¿Cuál es la mejor forma de financiar la política desde el punto de vista de Ciudadano Inteligente?
-Creemos que tiene que haber un sistema mixto, donde el Estado ponga parte del dinero y los privados también puedan contribuir, pero que sean las personas, no las empresas. Creemos que las empresas no debieran donar a la política y lo que estamos viendo hoy justifica esta visión. Está bien que el Estado se ponga con dinero para las campañas, pero también creemos que el límite de gasto es muy alto. Es necesario bajarlo. No es necesario gastar tanto dinero en campañas, porque se termina fomentando la búsqueda de recursos y que termine mandando el dinero.
Uno de los argumentos para mantener los aportes anónimos en montos bajos, es que trabajadores puedan hacer aportes sin sufrir riesgo de persecución política de parte de su empresa o patrón.
-Ese argumento lo compartimos y se debiera mantener el monto bajo las 20 UF de manera reservada, pero no anónima. Las anónimas se hacen directamente al partido o al candidato sin pasar por la fiscalización del Servel. Creemos que estos montos pequeños de personas deben mantenerse, pero deben pasar por el Servel. Así se evita que una persona dé varias donaciones de 20 UF. Además se asegura que los candidatos y partidos realmente no se enteren de quién es la donación.
Está bastante claro que la mayoría de la ciudadanía quiere más límites y transparencia al financiamiento actual. ¿Cree que en el mundo político, que es donde finalmente se tomará la decisión, puede haber un acuerdo para llevar a cabo los cambios necesarios?
-Creo que sí, en cuanto a las donaciones de las empresas, absolutamente. Tenemos una propuesta en nuestra página quientefinancia.cl. Antes de que estallara el caso Penta, estuvimos conversando con parlamentarios y efectivamente en ese momento habían varios que no querían eliminar la posibilidad de que las empresas donaran, pero hoy hasta la UDI está de acuerdo con que las empresas no puedan donar. Estamos en un escenario en que se abre una excelente oportunidad para modificar las normas que tenemos, porque tanto el gobierno como los parlamentarios se han dado cuenta que es necesario intentar recuperar las confianzas que se están perdiendo.
