Comunidades más empoderadas y con ganas de hacerse escuchar es la que hoy vemos en toda la región. Un bichito que germinó en Calama, hoy vemos que se multiplica en Taltal, Tocopilla y ahora último en Antofagasta, donde el último sábado cerca de 3 mil personas salieron a las calles a protestar por la contaminación con metales pesados que se exportan desde el puerto.

Sus organizadores, sin colores políticos, insistieron en que hay temas que por años no se han resuelto y las señales actuales van encaminadas en sentidos muy opuestos a lo que espera la ciudadanía.

Por ello creyeron justo salir a las calles y exigir respuestas a las autoridades. Primero en el plano regional, pero si sus demandas no son oídas se irán acrecentando hasta que llegue alguna respuesta del gobierno central.

En Calama se conoce acerca de estas manifestaciones ciudadanas. Más de alguna vez la ciudad se paralizó para salir a marchar por las calles en interminables columnas de gente.

Se demandaba mayor atención del nivel central. Reconocer a Calama como una zona productora y de sacrificio (contaminación) y en atención a ello entregar una justa compensación con el financiamiento de ambiciosos proyectos.

Así la gente demostró que estaba involucrada en los problemas que aquejan a la ciudad donde nacieron, se criaron o en la que hoy trabajan y viven. Se salió del letargo y empezó el período de las exigencias.

No siempre las respuestas son inmediatas. En Antofagasta hubo reacción del gobierno regional que anunció un plan de sustentabilidad que enfrentará el problema de la contaminación y que ya presenta algunos acuerdos como el transporte hermético del concentrado de cobre.

Calama aún espera. El intento de recibir recursos a través del Fondenor se diluyó en el Congreso y en casi tres año no ha avanzado. Remesas aún no han llegado y la comunidad está a la espera y con ganas de demostrar que los plazos se agotan, quizás sin necesidad de salir a las calles pero sí dejando en claro la insatisfacción y que es tiempo de hechos concretos.

El aporte familiar permanente es un derecho establecido por ley, la primera dictada por nuestra Presidenta en su gobierno, y por ende, representa una manifestación palpable del cumplimiento de la palabra empeñada por ella en su campaña.

Se trata del primer proyecto de ley de esta administración que es aprobado por las instancias legislativas, concretizando una de las promesas de la campaña presidencial. Se trata así mismo, de un derecho, y esto es relevante por una doble razón: una, porque deja de ser un simple bono que denotaba el carácter asistencial de la ayuda suministrada; y, dos, porque al ser permanente en el tiempo (establecida por ley), todos los años podrá ser exigida por las personas, y el Estado deberá pagarla, independientemente del gobierno de turno.

Pero, ¿cuál es la idea de otorgar este beneficio a las personas? El concepto detrás del aporte es la generación de bienestar, de lo que se deduce que su entrega ayuda al beneficiario a mejorar, obviamente en conjunto con todos los demás dispositivos que componen el sistema de protección social.

El reto siempre ha sido abordar con decisión el fenómeno más estructural de la desigualdad en Chile: la pobreza, de modo que todos los dispositivos (planes, proyectos y programas) impulsados por el gobierno en esta materia, no tienen otra finalidad que ayudar a todos y a todas a superar la pobreza.

Como derecho, es específico, eficaz y eficiente. Específico, por cuanto se dirige a los componentes más vulnerables de la población. Eficaz, porque es oportuno. Se paga a partir del primer día hábil del mes (este año 2015, desde el 2 de marzo).

Y, por sobre todo, es eficiente, ya que constituye un aporte concreto al ingreso real de las personas, por lo que representa un aumento de la capacidad de consumo de las mismas en aras del bienestar de la familia.

El mensaje por eso es claro y contundente: ¡nuestra Presidenta cumple la palabra empeñada, y el aporte familiar permanente es sólo una muestra nimia de aquello!