En medio de la crisis económica, de las protestas masivas contra su Gobierno y de la fuerte caída de su popularidad, la Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, se enfrenta hoy a un problema más: el deterioro de las relaciones con el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).

Según los analistas, Rousseff estudia realizar un cambio de gabinete para ampliar la presencia en su Gobierno del PMDB, que es el principal socio de su Partido de los Trabajadores (PT) en la coalición gubernamental y así intentar recuperar el apoyo de la agrupación centrista.

La posibilidad de un cambio de Gobierno sólo tres meses después de la investidura de Rousseff en su segundo mandato fue admitida por primera vez el miércoles por el vicepresidente Michel Temer -también del PMDB-, en una entrevista a GloboNews.

No obstante, la propia Rousseff desmintió ayer a su vicepresidente, al asegurar que una reforma de Gobierno no está en sus planes inmediatos. "No hay reforma de Gobierno. Es inútil decir que la hay, porque no la hay", sostuvo la Mandataria.

Los "problemas" de Rousseff se agudizaron este miércoles, cuando el nuevo ministro de Educación, Cid Gomes, debió renunciar al cargo poco después de protagonizar roces con el poderoso presidente de la Cámara Baja, Eduardo Cunha, uno de los principales exponentes del PMDB.

En declaraciones ante los diputados, Gomes sostuvo que parte de los legisladores oficialistas "extorsionan" al Gobierno para obtener más cargos y recursos. Minutos después de los roces en la Cámara, Gomes presentó su renuncia a Rousseff, que la aceptó de inmediato.

La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, alertó ayer a la OEA que las sanciones impuestas la semana pasada a siete funcionarios venezolanos son un preludio de una "intervención militar" destinada a apoderarse de las reservas petroleras del país sudamericano.

"La historia ha demostrado que la aplicación de decretos de esta naturaleza suelen preceder a intervenciones militares. Y por eso hemos venido a esta organización a alertar", dijo Rodríguez en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington.

"Alertamos de que ésa es la amenaza real que se siente hoy contra Venezuela, contra su Gobierno legítimo y contra su pueblo (...) y de que intereses hegemónicos pretenden apoderarse de la mayor reserva de petróleo del mundo", afirmó la canciller.

Rodríguez dijo que, bajo la declaración de "emergencia nacional" emitida por el Presidente estadounidense, Barack Obama, "es muy amplia la potestad para que el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro de EE.UU. imponga sanciones a no importa quién".

"Otros organismos, como Unasur y ALBA han alertado (...) de la violación (por parte de estas sanciones) del principio fundamental de independencia y que violenta nuestra sagrada soberanía", indicó.

"El pueblo de Venezuela no va a permitir que se violente ni su soberanía política, ni económica, ni cultural", advirtió la canciller, y aseguró que las sanciones no afectan sólo a los siete funcionarios afectados, como ha defendido EE.UU.

En respuesta a las declaraciones de Rodríguez, el representante interino de EE.UU. ante la OEA, Michael Fitzpatrick, negó que planee una "invasión militar" en Venezuela y defendió su derecho "soberano" a imponer sanciones a ese país, al tiempo que instó a la OEA a "pronunciarse" ante las "violaciones" de derechos humanos en la nación sudamericana.

"Mi Gobierno quiere dejar claro aquí: no estamos preparando una invasión militar. No buscamos desestabilizar o derrocar al Gobierno venezolano con un golpe de Estado, dijo.