Desde la debacle que generó la suspensión de las obras del nuevo hospital Carlos Cisternas, actualmente son 150 obreros y maestros constructores los que se encuentran impagos. "Ya llevamos dos años sin que siquiera se nos haya entregado una respuesta satisfactoria a nuestra precaria situación", advirtió el dirigente del Sindicato número Dos de la empresa Pilasi, Miguel Paniagua.

Según el dirigente, no han tenido apoyo en sus demandas por parte de las autoridades "ni en la secretaría regional ministerial del Trabajo ni en la de Salud hemos tenido algún apoyo, orientación o colaboración a esta situación que -insisto- padecemos desde hace dos años", reclamó Paniagua.

Principalmente por finiquitos y el pago de vacaciones, los asociados al sindicato Dos de la empresa Pilasi "no hemos recibido siquiera alguna atención del síndico de quiebras que tomó las riendas de la judicialización del caso, si no más bien sólo adujo que no cuenta con recursos para efectuar estos pagos a los 150 trabajadores que estamos tremendamente afectados por esta situación", dijo el dirigente, quien acusó esta lamentable situación.

DENUNCIAS

Pero a los dos años de estar impagos y de no contar con sus finiquitos al día, montos que Miguel Paniagua cifra "en unos mil 200 millones de pesos, sólo en deudas de finiquitos", el dirigente también denunció que durante la paralización de obras hubo desaparición de maquinaria pesada, robo de materiales de construcción y mermas en hierro y cables de cobre para la edificación del nuevo centro asistencial.

"Desde que se paralizaron las obras quedamos no sólo 150 personas sin recibir nuestros correspondientes finiquitos, sino que hubo también pérdida de maquinaria pesada, la que desapareció sin que nadie se pronunciara al respecto, el saqueo de materiales de construcción y el robo de a lo menos 70 toneladas de hierro para construcción y cables de cobre para ser utilizados en el nuevo hospital", denunció Miguel Paniagua.

"Hoy esperamos una solución, y estamos abiertos al diálogo con las autoridades y con el síndico de quiebras que asumió el control de este grave problema, que no sólo tiene la salud en Calama, sino que también el que estamos viviendo como trabajadores que fuimos parte de una obra inconclusa y que terminó de manera abrupta con nuestras fuentes laborales", sentenció Miguel Paniagua, a la espera de que las autoridades analicen sus casos y sean garantes o mediadores de posibles soluciones tras dos años de deudas impagas.

La directora de la Corporación de Cultura y Turismo, María Zuleta, aseguró que para el próximo 13 de abril, y en sesión del Concejo Municipal, se tratará el tema del informe final de costos por el show de Marc Anthony. "Nosotros ya habíamos hablado con el alcalde y el administrador municipal, quienes son los que levantan los temas para las tablas a tratar en el Concejo del día 13 de abril", dijo.

Sobre los dichos de Darío Quiroga, la directora del organismo cultural expresó que "el concejal no cuenta con la información correspondiente, y además no hay que olvidar que está querellado por la Corporación de Cultura, pero en lo relativo a lo requerido, no se gastó ningún peso desde el municipio para el pago de la presentación de Marc Anthony", comentó en alusión a lo vertido por el concejal.

ALCALDE

Quien también opinó sobre el emplazamiento hecho por Quiroga fue el propio alcalde Esteban Velásquez, quien expresó que "no ha sido mi ánimo el responderle al concejal Quiroga, porque siempre ha tenido odiosidad y generalmente sin fundamentos, buscando quizá alguna figuración pública. Acepto la diferencia de opinión, pero no la mala intención y creo que todo tiene su límite: Emite juicios de valor intentando enlodar la probidad de nuestro quehacer. El concejal debe ser más responsable, aunque entiendo que intenta sembrar dudas infundadas y malintencionadas. Y si tienen antecedentes de lo mencionado, que los coloque en las instancias para ello", dijo el jefe comunal.

Prosiguió recalcando que el concejal "abusó de la confianza del directorio de la Corporación de Cultura y Turismo al falsificar una firma del alcalde, para aumentarse el sueldo en un anexo a su contrato, situación que el equipo jurídico advirtió, estampando la querella correspondiente en el Ministerio Público", dijo Velásquez.

Hasta ayer por la tarde, el concejal Darío Quiroga no acusó recibo del informe tras su emplazamiento, y comentó que "la querella que el presidente del directorio de la Corporación de Cultura y Turismo entabló es injuriosa, y mantengo lo vertido en relación a lo mencionado en el Concejo Municipal".

En relación al evento que el año pasado trajo a Marc Anthony a una función gratuita, el detalle de los pagos y facturas sólo por esa presentación, no ha sido revisada en el Concejo Municipal, siendo analizada la generalidad del programa de aniversario de Calama del año 2014, sin profundizar el análisis del show del 09 de mayo del año pasado.

En desarrollo, este emplazamiento podría generar nuevas reacciones de las autoridades edilicias enfrascadas en esta polémica.

Tanto los senadores como diputados de la Segunda región, manifestaron su rechazo al financiamiento del empresariado a campañas políticas, dejando en claro que es necesario conocer a todos los involucrados, sancionándolos política y judicialmente, así como también de dotar de mayores facultades tanto al Servel como al Tribunal Electoral y exigir mayor fiscalización al SII.

El diputado Marcos Espinosa, fue enfático al decir que se debe terminar con la relación incestuosa del dinero y la política. "Por ello, se deben tomar decisiones categóricas y legislar normas que contribuyan a darle mayor transparencia a los procesos electorales, aumentando el estándar de requisitos para los candidatos, por lo tanto no estamos de acuerdo con ningún tipo de gestión que permita llegar a una amnistía", añadió.

De igual manera, el senador Alejandro Guillier, dijo que un perdonazo no es política ni jurídicamente viable, porque el país necesita encontrarse con la verdad. "Será saludable saber quiénes son los involucrados, porque nos permitirá abrir un espacio para reformas significativas en todo lo que tenga que ver con política y dinero"

"Estoy en contra de un perdonazo, porque cualquier acuerdo que se intente conseguir debe ser de cara a la ciudadanía y no interrumpir los procesos judiciales. Y, si es necesario, sancionar con la pérdida del cargo a los parlamentarios que llegaron con trampa", opinó el diputado UDI, Felipe Ward.

El senador Pedro Araya, en tanto, comentó que es importante que el poder judicial termine de hacer su trabajo y que se sancione a las personas que hayan cometido delito, pero con responsabilidad.

"Por ningún motivo se puede acceder a una amnistía, porque el proceso investigativo tiene que seguir caiga quien caiga, sumado a que debemos cambiar las leyes institucionales y políticas para revisar exhaustivamente el gasto electoral", comentó, la diputada Marcela Hernando.