Los dirigentes de Chuquicamata: Yasna Barraza, Carlos Díaz, Rolando Milla, Héctor Milla, y Liliana Ugarte, que integran el Comando de Trabajadores Unidos (CTU); solicitaron a la nueva composición de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), que sigue siendo liderada por Raimundo Espinoza, que vele por el término de los contratos distintos en Codelco. Materia que será planteada en el próximo Congreso Nacional del 14, 15 y 16 de abril.

Desde el organismo, transversal entre los cinco sindicatos de Chuqui, aseguran que reafirman su convicción que 'si bien el diálogo constituye una herramienta legítima en las relaciones laborales y que estamos dispuestos a agotar, los mayores y más significativos logros en materia de derechos del trabajo, se han conseguido con las grandes luchas sindicales que se han dado a lo largo de la historia'.

El gremio agregó que 'consideramos que el Gobierno de Chile y las autoridades de Codelco, están en deuda con los trabajadores, pues durante el último trimestre del anterior gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, se inicia un modelo de contrataciones en Codelco, cuyo objetivo era precarizar las remuneraciones de los trabajadores de la estatal, con vistas a matar el referente salarial que representamos para la industria'.

Congreso nacional

Sobre su postura en el próximo Congreso Nacional de la FTC, en la que fue ratificado por sus 15 consejeros nacionales Raimundo Espinoza como presidente, explicaron que 'en consecuencia con los planteamientos que hemos defendido durante toda nuestra trayectoria sindical, llegaremos al Congreso de la Federación de Trabajadores del Cobre, defendiendo los derechos adquiridos para nuestros trabajadores antiguos y bregando con todo el ímpetu que nos caracteriza por la recuperación de los derechos conculcados a los trabajadores nuevos'.

En el mismo sentido, la directiva de la CTU, Liliana Ugarte agregó que 'esperamos que quienes asuman los destinos de nuestra Federación garanticen un compromiso real, responsable y permanente, con el tema de la igualdad; especialmente ahora que ha habido una renovación de gran parte de los consejeros. Ojalá de una vez y para siempre se dimensione que este daño a nuestros trabajadores tiene una proyección nacional y para toda la sociedad respecto de los derechos adquiridos; del respeto a los tratados internacionales sobre derechos laborales, a la constitución política, al código laboral, a nuestros contratos colectivos y, por sobre todo, a la dignidad de los trabajadores, nuestros representados'.

A raíz del corte masivo de agua potable provocado el 25 de febrero pasado, el cual afectó a 40 mil clientes de Calama, la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) formuló cargos e inició un procedimiento de sanción contra la empresa Aguas Antofagasta S.A; luego de concluir una investigación por incumplimiento en la calidad y continuidad de servicio, tras el corte de agua potable no programado y su prolongada reposición. La misma entidad, informó que la multa oscilará entre los 26 y los 518 millones de pesos (51 y 1.000 unidades tributarias anuales).

Aún no se ha concluido el valor exacto de la multa a cursa, sin embargo, esta será cursada si o si en las próximas semanas, ya que la interrupción al suministro afectó al 96% de los clientes de la ciudad, la cual se produjo tras una rotura de una matriz en calle Bilbao. Por ello la SISS concluyó en sus antecedentes derivados de la investigación, que existen argumentos para sancionar a la empresa por cuanto no adoptó las previsiones que aseguraran la continuidad y calidad del servicio, ya que durante el desarrollo de la emergencia la concesionaria no entregó información oportuna sobre los horarios y sectores sin servicio, como tampoco se entregó información adecuada referente al reparto de agua potable a través de camiones aljibes como medida de mitigación.

Frente a esto la empresa Aguas Antofagasta, manifestó que ellos siempre aportaron todos los antecedentes solicitados por la Superintendencia de Servicios Sanitarios, por ello están a la espera de la resolución, la cual revisarán en detalle en su debido momento.

Infracción

El jefe de la Oficina Regional en Antofagasta de la SISS, Patricio Valencia, explicó que la concesionaria 'debe asegurar la continuidad del servicio de agua potable, la que sólo puede verse afectada por razones de fuerza mayor calificadas por la SISS o debido a interrupciones, restricciones y racionamientos programados e imprescindibles para la prestación del servicio, sumado a que deben ser comunicadas con a lo menos 24 horas de anticipación. Asimismo es responsabilidad de la concesionaria la mantención de las redes públicas de agua potable, por tanto el evento descrito es de responsabilidad de la concesionaria'.

Valencia además precisó que, 'la entidad fiscalizadora dispondrá las sanciones o medidas que le correspondan, haciendo presente, que de constatarse infracción a la legislación sanitaria, las multas oscilan entre 51 a 1.000 unidades tributarias anuales, según la gravedad de la infracción'. Sin embargo, lo detectado es que Aguas Antofagasta deficiencias en la continuidad del servicio de agua potable, por lo que no cumplió con las obligaciones contempladas en la legilación vigente.

Problemática

La sanitaria regional no sólo tiene problemas y procesos de multa por mal servicio en Calama, sino que también en las ciudades de Antofagasta, Mejillones y Tatal, donde el mal manejo de sus servicios tiene a la población dela segunda región insatisfecha; demostrándolo en el último Estudio de Percepción de la Calidad de Servicio de las concesionarias efectuado por la SISS el año pasado, donde los clientes evalúan con un 4,9 los servicios de Aguas Antofagasta, una nota por debajo del al promedio del sector sanitario, que alcanzó un 5,2.

Por esta razón las ganancias que obtiene la sanitaria parecen una burla hacia los clientes, ya que el año pasado la sanitaria repartió utilidades por 40 mil millones de pesos, unos 65 millones de dólares, esto según lo decidido en la Junta Ordinaria de Accionistas de Aguas Antofagasta. Según lo informado a la Superintendencia de Valores y Seguros. A pesar de que, Diego Hernández, presidente ejecutivo de Antofagasta PLC, descartó esta lectura e incluso precisó que aún están evaluando propuestas.

Frente a esto, los senadores Alejandro Guillier y Pedro Araya recalcaron su demanda para que sea el Estado, por medio de Corfo, quien recompre la participación enajenada hace poco más de una década.

Pero Guillier fue crítico con la gestión actual apuntando que los 'beneficios para la comunidad han sido mínimos. Además, el grueso de las inversiones ya estaba hecho y no se aprecia un mayor aporte de la administración actual. Yo apelaría a que el Estado compre nuevamente porque es un muy buen negocio', explicó.

Araya, añadió además que ante la posible venta debería quedar completamente zanjado el tema de la planta desaladora actuamente en uso y la que se instalará a futuro.