Amaury Sport Organization (ASO), empresa francesa organizadora del evento, estaba a la espera de la respuesta del Gobierno respecto si Chile sería parte del Rally Dakar 2016, certamen que pasaría por parte importante de la Tercera Región de Atacama, recientemente golpeada por el aluvión que hasta hoy enluta esta parte del país, con una veintena de muertos, centenar de desaparecidos y miles de damnificados.

Al respecto, el Gobierno fue enfático en señalar que los recursos anteriormente destinados para la actividad, US$6 millones el 2014 y US$4 millones el 2015, no serían desembolsados dada la magnitud de la catástrofe. "La decisión tiene que ver básicamente con la situación en el norte. Tenemos que pensar que la carrera involucra recursos fijos y de recursos de funcionarios que deben ponerse a disposición del Dakar y que ahora están dedicados a la tragedia en el norte chileno", informó la ministra del Deporte, Natalia Riffo.

La decisión gubernamental fue aplaudida desde las organizaciones patrimoniales y las especialmente creadas para que esta competencia no pise suelo chileno, pero de modo conjunto precisaron que esperan que ésta no sea una decisión coyuntural y que en el futuro el Dakar esté fuera de Chile.

Daño patrimonial y defensa

Desde el 2009 a la fecha, el Colegio de Arqueólogos de Chile ha sostenido que el paso del rally Dakar es inviable, por la destrucción que genera en el patrimonio arqueológico y natural del Desierto de Atacama. "En sus distintas versiones la competencia ha incurrido en delitos que han sido obviados y amparados por el Estado de Chile, poniendo en jaque la legalidad chilena. Prueba de ello son los documentos oficiales que hemos hecho públicos y que muestran que el propio Estado de Chile a través del Consejo de Monumentos Nacionales reconoce la afectación de al menos 209 sitios arqueológicos, cantidad que llega a los 300 sitios si consideramos la última evaluación 2015 que aún no se ha hecho pública", arguyó el organismo colegiado en declaración pública.

Al Colegio de Arqueólogos se sumaron diversas organizaciones medioambientales del país, el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) y el movimiento social de Calama "No al Rally Dakar", quienes argumentaron técnicamente y con estudios asociados, que el daño patrimonial causado en la zona es incalculable, dejando en absoluta desprotección los 12 mil años de historia que nos dan indicios sobre el conocimiento y formas cómo el ser humano habitó el Desierto de Atacama.

El movimiento social de Calama "No al Rally Dakar", contó con el apoyo de la Municipalidad de Calama a través de la Corporación de Cultura y Turismo (CCTC) y su Área de Patrimonio, entidades que el año pasado, expusieron ante el Gobierno Regional de Antofagasta para rechazar la petición de recursos al organismo colegiado, como una primera parte de la estrategia que pretendía anular el certamen.

Rene Huerta Quinsacara, director Área de Patrimonio de la CCTC, destacó el trabajo articulado entre los distintos actores sociales. "Los argumentos técnicos que respaldan la situación de daño patrimonial en la zona son contundentes, sumado a la creciente importancia del movimiento No al Rally Dakar y el respaldo del Gobierno Regional, logramos atraer el foco de atención a nivel nacional. Es importante que el Gobierno central cumpla con su agenda, respete los territorios y descentralice el poder de decisiones. En términos prácticos estamos contentos, pero nuestro desafío es que esta sea una decisión a largo plazo y no coyuntural. Para eso tenemos que empoderarnos como ciudadanos", explicó el también consejero Regional de Cultura.

Por su parte, Esteban Velásquez Nuñez, alcalde de la comuna de Calama, calificó la decisión de no realizar la competencia deportiva, como positiva. "Durante el 2014 me comprometí a respaldar el movimiento No al Rally Dakar, porque la defensa de nuestro patrimonio arqueológico y la diversidad cultural de nuestra zona es fundamental en nuestra agenda. Lo hice y lo seguiré haciendo hasta que la decisión adoptada se mantenga en el tiempo y que en el futuro el Estado responda a los verdaderos intereses y necesidades de la ciudadanía, por lo que estaremos atentos a lo que vaya ocurriendo".

A la espera del fallo

Esteban Araya Toroco, integrante del movimiento social organizado en Calama e integrante de la Mesa de Patrimonio de la ciudad, manifestó su satisfacción por la decisión de Gobierno, pero también su preocupación por el fallo pendiente de la Corte Suprema. "Por una parte nos parece bien que se haya determinado de esta forma. Necesitamos algo más concreto que nos de seguridad de que no se realizará en el futuro. Estamos a la espera del fallo de la Corte Suprema por un recurso de protección que presentamos el 2012 que tiene como objetivo que el Estado compense los daños causados y que la competencia no se realice en Chile, pero por los argumentos técnicos y no por, en este caso, una catástrofe natural".

Finalmente, Alejandra Zuleta, directora ejecutiva de la CCTC, manifestó que "el trabajo sistemático de rescate y resguardo patrimonial que hemos realizado como Corporación en conjunto con la comunidad indígena, los habitantes de la provincia El Loa y empresas privadas comprometidas con la puesta en valor del patrimonio, como minera El Abra, ha redundado en ciudadanos más informados y comprometidos con su patrimonio cultural. Es esto a lo que debemos darle fuerza para seguir trabajando de manera concreta y con frutos que hoy están a la vista, como es la definición de anular el paso del Dakar. Si bien es cierto el gobierno respondió a una contingencia, también es cierto que la presión por parte de organismos públicos y organizaciones sociales vinculadas a la protección del patrimonio, como el movimiento No al Rally Dakar, fueron de alguna u otra forma escuchados".

El pasado lunes 13 de abril la Presidenta Michelle Bachelet promulgó la ley 20.830 de Acuerdo de Unión Civil, normativa que beneficia a aquellas parejas, de distintos o igual sexo, que no opten por el matrimonio pero sí asumen beneficios y responsabilidades en su relación.

Esta nueva legislación entrará en vigencia en octubre y durante estos seis meses se regulará su funcionamiento y se implementará el Registro Especial de Acuerdos de Unión Civil.

El gobernador de El Loa, Claudio Lagos, precisó que esta ley es un gran avance para las familias que no están en el marco del matrimonio, pues "establece la posibilidad que tanto personas del mismo sexo como heterosexuales puedan realizar un acuerdo de unión civil para resguardar su patrimonio familiar, donde tienen derechos y obligaciones".

Explicó que ésta implicó que se agregara una nueva tipificación al estado civil, incluyéndose el de "conviviente civil", "estableciendo cláusulas específicas para cada tema, como por ejemplo el fallecimiento de una de las personas o para el caso que existan niños de por medio".

Ley

Dentro de los alcances que tiene esta ley, que fueron publicados en la página del Gobierno de Chile, se establece que la nueva normativa exige que esta unión se realice ante un oficial del Registro Civil, quien determinará la entrega de la libreta familiar, no es necesario tener testigos y no se obligará acreditar una convivencia previa.

Aquellas personas que realicen este trámite pasarán a cambiar su estado civil de "soltero" a "conviviente civil" y cuando se determina ponerle fin a esta decisión se vuelve a la condición anterior.

"La Unión Civil será aplicable tanto a parejas del mismo sexo como de distinto sexo, de modo que será una institución transversal. Contribuirá de esta manera al término de la discriminación de las parejas del mismo sexo, constituyéndose como un estatuto integrador y protector", detalla el documento.

En cuanto a los aspectos patrimoniales, esta ley establece la separación total de bienes, aunque se entrega la opción de adoptar un régimen de comunidad de bienes, lo que implica que el trabajo mancomunado sirve de apoyo y sustento económico de la familia.

Para poner término, la normativa establece algunas causales, entre estas están el común acuerdo, el que uno de los dos quiera, situación que implica que presente una escritura pública o un acta en el Registro Civil y la notificación a la otra persona. Se suma a esto la muerte de uno de los convivientes civiles y el matrimonio celebrado entre los mismos.

conflictos

De haber conflictos, se resolverán de la misma manera que el resto de las personas, es decir, en el Tribunal de la Familia. Esto incluye la situación de menores, que pueden ser parte o no de la unión civil.

Respecto a los matrimonios en el extranjero, esta ley los reconoce, "de esta forma se avanza en la seguridad y la estabilidad de las relaciones jurídicas, así como en el reconocimiento de la internacionalización de los derechos de las personas". Este tema también incluye los actos civiles realizados entre personas del mismo sexo, siempre que se sometan al Registro Especial del Registro Civil.

Con la AUC los convivientes civiles pueden ser cargas en el sistema de salud, los derechos laborales en caso de muerte serán los mismos que para los cónyuges, al igual que la recepción de un pensión de sobrevivencia.

Finalmente, cada conviviente civil será heredero y legitimario del otro y gozará de los mismos derechos que corresponden al cónyuge.