La entrega del nuevo estadio de fútbol de Calama era una noticia largamente esperada por la comunidad, especialmente la deportiva. Con este recinto se dio un gran paso en cuanto a infraestructura, pero sigue siendo insuficiente principalmente para otras actividades que no sean sólo fútbol y sus derivaciones.

Ese concepto pareciera que el alcalde Esteban Velásquez, lo tiene claro, porque durante la visita de la ministra Natalia Riffo, aprovechó de plantearle que tienen varios proyectos en carpeta que esperan respalde para que puedan ejecutarse.

En la ocasión habló de una piscina temperada y con medidas del nivel olímpico, un nuevo estadio techado y otro polideportivo. A ellos se podría sumar el anhelado velódromo que serviría para que Calama pudiera convertirse en la cuna del ciclismo nacional.

En tanto, el intendente Valentín Volta, comentó que ya hay disponibles 2 mil millones de pesos los que servirían para mejorar la infraestructura existente y también para la construcción de canchas de pasto.

Sin duda que estos recursos no son suficientes para la envergadura de los proyectos planteados por el alcalde, los que requerirán de un mayor apoyo desde el gobierno regional y de los sectorialistas, en este caso del Ministerio del Deporte. Y aquí lo importante será subsanar todos los detalles, previo a la presentación de los proyectos a las distintas vías de financiamiento.

Es decir, quien tiene que hacer un esfuerzo importante es el municipio para que su equipo de profesionales, que en la actualidad lidera Roberto Miños, pueda confeccionar los proyectos a satisfacción y que éstos puedan materializarse en los plazos normales.

De este modo no repetir antiguas prácticas en las que se contaban con muy buenas y justificadas intenciones en distintas áreas, pero que no se ejecutaban bien a nivel de diseños y por ello se iban postergando eternamente.

Hoy el municipio tiene la oportunidad, porque recursos hay para lograr la ejecución de los proyectos planteados y otros. Por lo tanto, ya no hay justificación para quedarse atrás.

Este martes comenzará la discusión particular del Proyecto de Reforma Laboral enviado al Congreso por la Presidenta Bachelet, el que se encuentra en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados. La tramitación de la iniciativa no ha estado exenta de observaciones tanto por la Central Unitaria de Trabajadores como por los propios parlamentarios, lo que no quita el mérito del gobierno en cuanto a la presentación del proyecto y la intención de equilibrar las reglas del juego para los trabajadores; generar mayor empleo y de mejor calidad; y fortalecer el rol de las organizaciones sindicales, el proceso de negociación colectiva y el derecho a huelga.

En este sentido el proyecto contempla particularmente la ampliación de la negociación colectiva a trabajadores que hoy están limitados, como por ejemplo los trabajadores por obra o faena transitoria; establecer piso de negociación y restringir el reemplazo de trabajadores en huelga, dando garantía y respeto a los trabajadores, a sus representantes y sus derechos.

La iniciativa también hace referencia a la necesidad de que las organizaciones sindicales puedan otorgar servicios mínimos a la empresa, como contrapartida del ejercicio de la huelga efectiva y con el objeto de evitar un daño actual e irreparable a los bienes materiales, instalaciones o infraestructura del empleador. El concepto de servicios mínimos fue especificado con mayor certeza dentro de las indicaciones que el Ejecutivo presentó al proyecto durante la semana pasada, al igual que la reincorporación de la negociación colectiva por parte de federaciones y confederaciones y la eliminación del término de huelga pacífica, temas que habían sido requeridos por la CUT.

En materia de indicaciones junto con otros parlamentarios presentamos más de 100 modificaciones al proyecto, que buscan fortalecer en mayor medida la iniciativa y respaldar las observaciones que los propios trabajadores han planteado a la reforma.

De esta manera, aún cuando la discusión está recién comenzando, tengo la convicción de que significará un gran avance para la relación trabajador, organizaciones sindicales y empleador, así como también para el desarrollo de una economía sólida basada en la equitación de fuerzas y oportunidades para todos.