Eliana Alfaro (63) trabajó para la Municipalidad de Calama durante 33 años, y en los cuales jamás recibió un aumento de grado y menos aún la posibilidad de proyectar una pensión tras su retiro el año pasado.

Su caso es uno de los tantos "que queremos evitar, así también el desamparo que sufren quienes por décadas han entregado esfuerzo y dedicación a una labor que no entrega ningún reconocimiento estatal ni del municipio, por el contrario pensiones que sólo llevan a los extrabajadores municipales a la extrema pobreza", explicó Ana María Díaz, presidenta de los Funcionarios Municipales de Calama.

Según comentó la dirigenta hemos trabajado en un proyecto que crea la Asociación de Pensionados Municipales, el cual fue presentado al Legislativo como proyecto en marzo del año 2013, y que fue revisado y visado en el año pasado por los entes respectivos.

El proyecto presentado por los municipios de Calama y otros de las regiones de Tarapacá más Arica y Parinacota es poder entregar pensiones especiales de zonas extremas por un valor de 70 mil pesos mensuales, "y que según nuestros cálculos y estimaciones podrían beneficiar a cerca de 600 personas en esa condición y que hoy no cuentan con rentas que les permitan vivir de manera digna", explicó Ana María Díaz.

"En mi caso recibo 112 mil pesos de pensión, y debo costear medicamentos que alcanzan un valor de 70 mil pesos y es muy complicado el poder sobrellevar ese tipo de gastos cuando se está enferma, y menos aún cundo después de 33 años de servicio al municipio jamás tuve siquiera la oportunidad de mejorar mi escalafón, siendo que tuve un perfil laboral técnico y no administrativo", relató Eliana Alfaro.

La iniciativa espera sortear las burocracias legislativas "y ojalá sea una respuesta a nuestra sentida demanda de mejoras al estatuto administrativo, el cual no protege ni garantiza mejoras al sector municipal, así tampoco la opción de recibir pensiones dignas y acordes al trabajo aportado al desarrollo del país", dijo Díaz.

Actualmente en el Cerro de La Cruz no existe un cierre perimetral que impida el paso de las personas y vehículos, por ello ha sido ocupado para diversos fines religiosos y de ocio, lo que ha provocado un grave daño arqueológico y patrimonial en el lugar, según advirtió la Fundación Desierto de Atacama, que realizó un pre-estudio del lugar.

El informe emitido detalla que en el lugar existen tres tipos de intervenciones graves, que tiene que ver con las expresiones católicas, como dibujos con piedras de cruces y pasos que se han abierto para la semana santa, cuando se congregan decenas de personas a peregrinar. Así como también está marcada las huellas que dejó el municipio de Calama cuando decidió tirar los fuegos artificiales desde allí.

"El cerro La Cruz se encuentra altamente intervenido, encontrándose gravemente afectada su integridad como valor patrimonial y paisajístico. El estado de abandono en que se está ha repercutido en que cada día se sumen nuevas afectaciones del entorno natural, dado que a la fecha no existe ninguna acción concreta tendiente a la protección y resguardo del mismo", asegura explícitamente el informe de la Fundación.

Frente a esto, el dirigente de la Comisión Resguardo Sitios Arqueológicos y Patrimoniales de Calama, Esteban Araya, comentó que ellos siempre han tendido al resguardo del lugar. "Por ello, hace un tiempo atrás nosotros conversamos con Codelco, que es el dueño del terreno, para que cercara el sitio e impidiera el libre acceso. Sin embargo, han hecho caso omiso del asunto. Ya que en una segunda oportunidad nos acercamos a la empresa, proponiendo hacer en conjunto un estudio arqueológico, pero nuevamente no se llegó a puerto", aseguró Araya.

Araya además, menciona que es urgente realizar un estudio acabado del cerro a raíz de que cada vez sufre más daños. "Para las comunidades indígenas este lugar es de carácter ceremonial que ocupaban nuestros ancestros, por lo tanto, es muy importante para nosotros y necesitamos que se nos respete", explicó.

El informe es claro el explicar que "se requiere de la elaboración de un Plan de Resguardo y Valorización a corto y largo plazo, que permita asegurar su integridad patrimonial y paisajística, como asimismo constituya un polo efectivo de recreación e integración con la ciudad de Calama".

Una ofensiva contra la ocupación ilegal y la extracción no autorizada de áridos es la que está llevando a cabo la secretaría regional ministerial de Bienes Nacionales, la que ha comenzado un duro y minucioso control, y que incluye el apoyo de la Superintendencia regional de Medio Ambiente y la Bridema de la Policía de Investigaciones.

Las fiscalizaciones han comenzado a realizarse de manera silente por parte de Bienes Nacionales y que ha centrado sus esfuerzos en llevar esta medida a sitios y emplazamientos ocupados de manera ilegal en Calama y sus alrededores.

CONTROLES

Según comentó el secretario regional ministerial de Bienes Nacionales, Arnaldo Gómez "hemos realizado un total de 160 fiscalizaciones en lo que va de este año, y triplicando lo hecho al 2014 en el mismo período, lo cual es parte de un plan nacional de controles que nos permitan identificar qué sitios están dentro de ilegalidades en la región y por supuesto en Calama", comentó.

El titular de Bienes Nacionales en la región comentó que "hemos realizado gestiones para contar con el apoyo de la Brigada de Medio Ambiente de la Policía de Investigaciones para realizar estas fiscalizaciones que atienden a la formalización de un plan que precisamente vela por el correcto uso de la propiedad de Estado, y con ello evitar irregularidades", dijo.

SECTORES

Al hermetismo por parte de la secretaría de Bienes Nacionales de entregar información acerca de los puntos donde se realizan estas fiscalizaciones, estas si han sido identificadas, al menos donde se realizan extracciones ilegales de áridos en sectores como: Yalquincha -en cuyo valle se realizaron peritajes pro parte de la PDI-, en la ruta CH23, y que une a Calama con San Pedro de Atacama, Limón Verde y al oriente de la capital de El Loa.

Arnaldo Gómez si comentó que "en caso de que constatemos extracciones ilegales de áridos o uso indebido o fuera de las concesiones y contratos regulares que existen con empresas iniciaremos acciones legales en el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado ante estas irregularidades que podríamos detectar", agregó.

"Obviamente no podemos comentar nuestro trabajo mientras no hayan resultados concretos, pero si estamos en nuestra labor de fiscalización, y que esperamos rinda resultados óptimos", sentenció.

Bienes Nacionales comenzará además controles en terrenos de propiedad fiscal "donde hayan ocupaciones irregulares en sitios y sectores que no cuentan con arriendos , cesiones o contratos establecidos entre nuestra cartera y supuestas contrapartes. Hoy existen tomas que están siendo efectuadas por particulares y empresas que no han cumplido con lo establecido por la ley, ni tampoco bajo las autorizaciones correspondientes y hacen uso de espacios y bienes que no les corresponden", comentó Arnaldo Gómez sobre esta realidad en la provincia.