La Coordinadora por la Defensa del Agua del Río Loa y la Tierra, manifestó su preocupación por el manejo del tranque de relaves de Talabre, que por más de 50 años lleva recepcionando la escoria de los procesos mineros de Chuquicamata, recientemente de Ministro Hales y la futura Radomiro Tomic Sulfuro. Y actualmente tiene una extensión de 65 km2, convirtiéndose en una amenaza de contaminación para las comunidades de Calama, Chiu Chiu y Lasana.

Una de las amenazas más preocupantes del tranque es su desborde en caso de lluvias, tal como ocurrió en la Tercera región tras la catástrofe del mes pasado, ya que la Coordinadora pudo detectar que tras la lluvia caída entre el 24 y 26 de marzo en la provincia, hubo partes donde el tranque sufrió un desborde, hecho que documentaron con fotografías. "Los muros de tierra de contención son bajos, por ello estamos preocupados de que colapse si sufrimos algún problema climático, ya que es imprescindible resguardar el medio ambiente y la vida de las personas que están a pocos kilómetros de este. Además, nos preocupa de sobre manera la posible extensión del tranque con la producción de RT Sulfuros", manifestó la vocera de la Coordinadora, Andrea Vásquez.

Actualmente el tranque no tiene la capacidad de soportar un terremoto grado 8 o 9, así como tampoco existen un plan de contención en caso de afectación por fenómenos climáticos, lo que vuelve vulnerable el botadero de relaves.

Amenazas

El único estudio realizado por agentes externos a Codelco, es el elaborado por Atacama Desert Project con un informe pericial del impacto del tranque de Talabre en la comunidad de Chiu Chiu, el cual manifiesta la amenaza contaminante que es este depósito de relave para las personas.

"El informe manifiesta que efectivamente con el pasar de los años, los contaminantes se han filtrado hacia los acuíferos que están a su alrededor, contaminando el río Loa, lo que es una amenaza latente y si continúa expandiéndose las comunidades de Chiu Chiu y Lasana podrían desaparecer", argumentó Vásquez.

El tranque de Talabre está rodeado por El Loa por las zonas este y sur, en aproximadamente 5 km. y el tranque intercepta los límites de dos acuíferos protegidos. Sumado a esto, el informe expresa que de acuerdo con el análisis hidroquímico realizado por los consultores Knight Piesold para Codelco, los dos están ya contaminados por la minería industrial. El acuífero inferior en gravas se encuentra afectado por la actividad minera de Chuquicamata, a través de aguas industriales que se han infiltrado en el sustrato. El acuífero superior en calizas y areniscas se encuentra influenciado por la actividad del tranque Talabre.

Además, a través de este estudio se puede ver que la contaminación de acuíferos no es la única, ya que la dispersión del material particulado por erosión eólica del tranque Talabre es una causa de preocupación, debido a su potencial de contaminación por vía respiratoria.

Lo anterior se traduce en que se estaría expandiendo al aire partículas suspendidas como MP10 y MP2,5. Este informe concluye que, el proyecto de expansión de RT Sulfuros será muy prejudicial, ya que aumentará drásticamente los actuales niveles de contaminación, como incluso es confirmado el propio Codelco en el estudio de impacto ambiental.

El agua es un bien de mercado, hecho que con los años ha provocado que Chile se convierta en un país donde este recurso es transable y separado de la tierra, lo que como consecuencia ha llevado a una crisis hídrica a nivel nacional, obligando a las autoridades a reformular el actual "Código de Aguas", que permite la transacción comercial de este bien imprescindible para la vida humana. Sin embargo, la iniciativa legal no deja conforme a los movimientos defensores del agua.

Por esta razón la Segunda región cuenta con un coordinador de Recursos Hídricos, que busca informar a la comunidad, a las organizaciones defensoras y los agricultores, sobre las modificaciones que se realizarán al código actualmente vigente. "Queremos establecer mesas del agua y trabajar en conjunto con los organismos que tienen competencia en la materia, para promover los cambios legislativos que vienen, donde el hito fundamental de la reforma es que el agua deja de ser un derecho real de dominio y pasa a ser una concesión administrativa que tendrá causales de caducidad en caso de que no se utilice el recurso para lo cual fue solicitado. Y por ello, se priorizará el consumo humano y luego la agricultura" aseguró el coordinador regional de recursos hídricos, Miguel Araya.

Reforma

El mismo Araya ratifica que la reforma no expropiará los derechos ya adquiridos por personas y empresas hasta el día en que se haga vigente la nueva legislación. "A estos derechos, sólo se le aplicarán las causales de caducidad en caso de que no estén siendo aprovechados, teniendo un plazo de 6 meses para inscribirlo y si cumple con ello, no le será revocado porque es un derecho que ya fue obtenido. Y quiero dejar en claro, que sólo a los nuevos derechos que se adquieran, se les aplicará las reformas al código", ratificó el coordinador.

Por esta razón la reforma al código no da solución a la gran problemática del recurso hídrico, ya que los derechos que poseen los privados y en especial la minería en la región de Antofagasta, es realmente preocupante. Porque según datos estadísticos de la Dirección General de Aguas (DGA), la disponibilidad de agua al año 2009 en la región, era sólo de 52 m3, convirtiéndonos en la zona con menos disponibilidad de este recurso hídrico a nivel país.

Además, actualmente el 90% de los derechos de aprovechamiento de aguas consuntivas (no devuelven un caudal al río) se encuentra en manos de empresas mineras y agroexportadoras, mientras que prácticamente el 100% de los derechos de aprovechamiento de aguas no consuntivos (devuelven un caudal al río) se encuentra en manos de transnacionales como Endesa. Por lo tanto, ¿la reforma sólo se aplicará al 10% del agua que queda?

Y el otro concepto importantísimo que no se toca en la reforma, el cual es uno de los aspectos más nocivos del Código de Aguas actual, es que no separa la propiedad minera con el derecho a la utilización de recurso hídrico encontrado en dicho territorio.

Ya que según indican los artículos 56 y 58 del Código de Aguas, las empresas mineras pueden hacer uso del aprovechamiento del recurso en sus labores, mientras conserven el dominio de sus pertenencias y en la medida necesaria para la respectiva explotación. Lo que implica que sólo deben pedir autorización a la Dirección General de Aguas, pero no pagan derechos de aprovechamiento por la utilización de ella, aspecto que también está consignado en el artículo 110 del código minero, donde expresa que el concesionario minero, por el solo ministerio de la ley, tiene el derecho de aprovechamiento de las aguas halladas en labores de su concesión, siempre que sean utilizadas en beneficio de la explotación.

En definitiva, la reforma sólo versa su eje en los siguientes puntos: la claridad de que el aprovechamiento de aguas es esencialmente temporal (donde tendrá concesión por 30 años), la cual caducará en caso de que no se utilice, limitará el ejercicio de los derechos de aprovechamiento de aguas, prohíbe la constitución de derechos de aprovechamiento de aguas en zonas protegidas y glaciares, categoriza el uso prioritario, afectará a los derechos ya constituidos (si es que no están siendo utilizados o no están debidamente inscritos) y por último, afecta a derechos de aprovechamiento de aguas no regularizados, es decir que tendrán un año para normalizarlos y si ello no sucede, quedará en duda su status.

Preocupación

La Coordinadora por la Defensa del Agua del río Loa, manifestó su preocupación por considerar que la reforma no satisface el real problema del agua. "Tenemos serias dudas de que el Gobierno quiera preservar el agua para consumo humano, porque no existe un marco regulatorio que garantice el agua dulce para las comunidades, ni siquiera la actual reforma. Tanto así, que la Estrategia de Desarrollo Regional específica que se desalará agua para abastecer a la población. Y no es la solución, porque no sabemos cuál es la calidad de ella", argumentó la vocera de la Coordinadora, Andrea Vásquez.

Además comentó que existe negociación de las aguas a nivel inter-empresas y que además, el estado está privilegiando el uso para la minería y así no perder los proyectos que se están gestando en la región. "Porque nuestra zona demandará mucha agua, en el momento que todos los proyectos mineros comiencen a andar, quienes nos dejarán sin una gota de agua para consumo humano y agricultura. Ya que muchos se ha hablado de la desaladora para RT Súlfuros, pero sólo ocuparán este tipo de agua para un 20% de sus procesos, mientras que el agua dulce será utilizada para el 80% restante. Entonces, no existe mitigación alguna", añadió la vocera.

El consumo de agua desde la minería y las empres es el tema más crítico, el cual no resuelve la actual reforma en ninguno de sus puntos, porque todo se ha pensado para la demanda futura del recurso, pero el daño está hecho y sin expropiación será imposible revertir una escases hídrica nacional.

Por ello el director de la ONG Vertientes del Sur y reconocido defensor del agua en Chile, Cristian Villarroel, manifestó que esta reforma no es una solución concreta para salvaguardar los intereses de las comunidades. "Lo que se plantea como un gran cambio sólo mantiene la misma lógica que se ha instaurado en modificaciones al código en gobiernos anteriores, porque en el año 2005 se estableció una patente por no uso, que evitaría la expropiación de los derechos e incentivaría su liberación, pero no fue efectiva. Ya que las personas prefieren pagar la multa por la no utilización de las aguas, que ponerla a disposición del mercado, provocando que este patrón se arrastre y nuevamente nos encontremos frente a modificaciones que no solucionan el problema, ni satisfacen la demanda ciudadana de derogar el código de 1981 y hacer una reingeniería de la legislación", argumentó.

Villarroel demás, plantea que es necesario que se haga una reforma revolucionaria del agua y se proteja este bien de uso público. "Porque la crisis hídrica es latente, ya que tenemos 600 mil personas a lo largo del país que se abastecen de agua a través de camiones aljibes, porque no llega el recursos a esos lugares. Así como también existen 200 comunas con emergencia agrícola por escasez de agua, lo que es una verdadera catástrofe para nuestro país. Hechos que no requieren de medidas cosméticas como las que se están planteando, porque cuando se llevan a cabo, al poco andar no dan resultado", aclaró el defensor del recurso.

Frente a esto el diputado radical, Marcos Espinosa, comunicó que por ningún motivo permitirán que la reforma sea de soluciones cosméticas y que aprovecharán la instancia para que las aguas vuelvan a ser administradas por el estado. "Necesitamos avanzar en la construcción de un nuevo código, que asegure a través del Estado el uso del consumo humano del agua, porque en la región la distribución de las aguas tiene un uso mayoritario de la minería y las sanitarías, por ello este sobre otorgamiento de agua debe devolverse al Estado de Chile", agregó el parlamentario.

Actualmente la reforma está en manos de la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados, donde se espera que sufra las modificaciones necesarias para que Chile logre tener un manejo eficiente del recurso y que evite una posible catástrofe hídrica que afecte a todas las comunidades del país.