El Sindicato Profesional de Choferes de la Movilización colectiva del Departamento El Loa envió una comunicación al Ministro del Interior, Hernán del Canto, en la que denuncia la inoperancia de la Inspección del Trabajo e incumplimientos, según ellos, por parte de sus patrones a las leyes vigentes.
El riesgo de un accidente siempre está presente, pero en el caso del consumo, la Ley establece que las empresas están obligadas a ser profesionales y tomar todas las medidas para garantizar que las compras sean seguras. Si bien los consumidores no deben exponerse al riesgo, las empresas deben responder por las condiciones de seguridad tanto de los productos, como de los locales de venta que están bajo su responsabilidad, de manera que no se cause daño a quienes compren o contraten sus bienes o servicios. Esto aplica también para los centros comerciales.
Por ejemplo, los locales deben contar con pisos antideslizantes; las instalaciones no deben representar riesgos para quienes circulan; tienen que existir salidas de emergencia; los productos deben estar fijos y que no caigan sobre los consumidores; en el caso de las escaleras mecánicas, deben estar en buen estado.
Si un consumidor sufre un accidente dentro de un local comercial, es recomendable que ponga constancia en Carabineros, pues esto le servirá como prueba de que los hechos ocurrieron en caso de un eventual juicio si la empresa no responde.
En caso de sufrir un accidente en un local comercial, es recomendable que el consumidor se comunique con el jefe de local para que le indique cómo la empresa responderá por su responsabilidad y pídale su identificación completa para registrar esos antecedentes en caso de que más tarde sean necesarios.
Es importante guardar los diagnósticos médicos en caso de lesiones y todos los antecedentes que puedan servir para acreditar el daño en el tribunal.
Recuerde que los consumidores pueden exigir las sanciones e indemnizaciones por los daños que el incumplimiento de la empresa les causó en un Juzgado de Policía Local, sin necesidad de abogado.
El derecho a la seguridad también aplica a los bienes del consumidor. Por ejemplo, en el caso de los estacionamientos, ya sean pagados o gratuitos, las empresas deben responder por el resguardo de los vehículos y no pueden desentenderse de su responsabilidad con carteles que digan "no se responde por robos o daños".
Cuesta entender lo que ocurre con los denominados minicasinos en Calama. Las autoridades comunales han reiterado que se encuentran al margen de la ley y por ende deben ser clausurados y sus máquinas requisadas, situación a la que los empresarios se resisten provocando que las clausuras no se respeten.
No se trata de estar a favor o en contra de estas salas de juegos sino que enmarcarse dentro de la ley. Y si ésta, como lo ha reiterado el municipio avala sus cierres deberían respetarse y no seguir en algo que se convierte en ilegal.
Precisamente esto último es lo preocupante, porque las actividades ilegales se hacen en las sombras y a espaldas de las autoridades. En este caso la ilegalidad es a vista y paciencia de autoridades y ciudadanos, estos últimos confundidos respecto al estado de derecho y al respeto de nuestra legislación.
La realidad es que los minicasinos siguen proliferando y hay algo que permite que esta situación de rebeldía se mantenga.
Una opción es que no creen que están al margen de la ley o simplemente tienen los recursos para abrir una y otra vez, sin temor a multas y clausuras.
Las autoridades comunales convencidas de su correcto actuar se han limitado en reconocer que faltan fiscalizadores para concretar los cierres correspondientes. Y advierten que llegará el momento en que el tema quede resuelto bajo el amparo del derecho.
Mientras llega queda la sensación que no todos somos iguales ante la ley. Que si hay quienes pueden resistirse a acatarla y hacer respetar sus propias conveniencias, sin importar qué derechos se vulneren.
Hoy que está en boga la transparencia y que el brazo de la ley llega a quienes antes se creían intocables, nos encontramos con situaciones como la de los minicasinos que pueden posicionarse en una vereda de desacato amparados en una ley a su juicio ambigua y que les permite la desobediencia.
Se añora una resolución final que respalde las clausuras o que nos haga comprender los recovecos de las leyes que permiten estas anomalías.