El próximo martes de 2 de junio, "Iniciativas por Calama" y los participantes del Cabildo por la Salud realizarán la segunda de sus manifestaciones públicas, protestas que buscan sensibilizar a la comunidad y a las autoridades respecto a las falencias que existen en esta materia y la necesidad de buscarles solución.

Si bien los ciudadanos que integran el colectivo y el cabildo se reunieron con las autoridades, en una asamblea que consideraron beneficiosa, precisaron que eso no condicionará el hecho de efectuar movilizaciones "con un carácter testimonial, pacífico y familiar, buscando sensibilizar a la población con esta realidad", argumentó el concejal Darío Quiroga.

Reunión

La semana pasada se juntaron con el intendente, Valentín Volta, el director del Servicio de Salud de Antofagasta, Zamir Nayar, la seremi de esta cartera, Lila Vergara y el director del Carlos Cisternas, Patricio Toro. Para la dirigente, Gioconda Viveros, "fue una muy buena jornada de trabajo, porque hicimos entrega del documento con las conclusiones del cabildo, como una forma de iniciar un trabajo permanente entre autoridades y ciudadanos".

Uno de los primeros pasos es que la comisión técnica de salud, que se conformó en el cabildo, iniciará un diálogo con la autoridad para hacer un seguimiento a los plazos comprometidos para, por ejemplo, el término de las obras del hospital, además de construir una amplia agenda con variados aspectos de los servicios de salud de la comuna que aparecen como deficitarios y que no se solucionan sólo con la edificación de este recinto, como lo son la falta de especialistas y los déficit en la atención primaria.

Tres días, a contar del 2 de junio, estarán en paro los trabajadores adheridos a la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipal (Confusam), implicando que los cuatro consultorios que operan en Calama sólo atiendan bajo turnos éticos.

La presidenta regional del gremio, Liliana Araya, precisó que lamentablemente deben asumir nuevas movilizaciones, pero el Gobierno no ha manifestado ninguna intención de abordar las demandas que tienen planteadas desde octubre de 2014, las que quedaron plasmadas en un protocolo de acuerdo que tendría solución en marzo de este año.

"Solamente pudimos zanjar el bono de satisfacción usuaria, todos los demás puntos están en el Congreso, pero sin orden de urgencia en su tramitación. Ante este evento, no nos queda más que movilizarnos, hicimos un paro en abril y no obtuvimos resultados", comentó Araya.

Aunque estas paralizaciones, generalmente, molestan a los usuarios, la dirigente llamó a entender la situación, ya que dentro de las demandas está precisamente aumentar el monto mensual que el Estado entrega por paciente inscrito.

"El aporte actual es de 4.372 pesos mensuales y lo mínimo que debiera ser hoy es sobre los seis mil pesos, según el último estudio de la Asociación Chilena de Municipalidades, considerando toda la atención que se les entrega a los pacientes", agregó.

A esta demanda se suma, la contratación indefinida del 80% de los funcionarios y que el 20% restante esté como plazo fijo. De acuerdo a Araya, en Calama esta situación está prácticamente resulta, pero "donde sí tenemos el problema es en San Pedro de Atacama, existiendo una planta muy pequeña. Al trabajar a honorarios las personas quedan desprotegidas en caso de accidente o de cualquier peligro, no recibe bonos ni los beneficios de la salud primaria. No son parte de la dotación, pero tienen que trabajar como si lo fueran".

En los puntos pendientes también están las normativas que regulan la salud rural, la estabilidad laboral y el bono al incentivo al retiro. "Nuestra ley expiró porque estaba negociada hasta 2014".

El próximo 29 de mayo vence el primer llamado 2015 para postular a los subsidios que entrega el Gobierno para la clase media y emergente. En Calama no más de una veintena de personas ha realizado el trámite, número bastante bajo en comparación a otras comunas del país, pero que ya es una constante en El Loa.

El delegado provincial del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu), Marcelo Gajardo, explicó que las condiciones de la ciudad hacen poco atractivos estos beneficios, ya que es muy difícil encontrar oferta privada. En tanto, dijo que como ministerio están trabajando en no sólo dar solución a la clase vulnerable, sino también a estos otros grupos.

"Lo que estamos tratando de hacer es invitar a las inmobiliarias privadas y decirle que les vendemos un terreno propio a un valor mucho más bajo del mercado, pero si quiere hacer este negocio le vamos a pedir que no construya cualquier cosa, sino que las viviendas que nosotros queremos, que serían para grupos emergentes, es decir, que no cuesten más allá de 1.600 UF y para clase media que no sean más de $55 millones ".

Detalló que por el momento están redactando las bases de la invitación a los privados, en donde detallarán el valor del terreno, su ubicación, cuántas viviendas se requieren y de qué características. Con las respuestas que reciban sabrán efectivamente si esta propuesta es atractiva, pero "nuestros datos nos dicen que sí hay empresas interesadas".

Por el momento, se vislumbran que en Topáter y la exfinca San Juan se puedan desarrollar proyectos en que se incluyan a estos sectores, bajo las condiciones que expuso el delegado del Serviu y así revertir el escenario.

¿Quiénes postulan?

Gajardo explicó que para postular a los grupos emergentes y medios las personas deben saber, primero, a cuál sector pertenecen y esto lo dicta el nivel de ingreso mensual. En el caso de los primeros, no pueden percibir un sueldo individual o de todos los que aportan en la familia de más de un millón 200 mil pesos, mientras que los medios el tope es de un millón 800 mil pesos, aproximadamente.

En base a esto, los que pertenecen a la clase emergente necesitan una ficha de protección social que no supere los 11.734. "La ficha de protección social entrega puntajes, uno es el general, pero nosotros como ministerio aplicamos un polinomio especial en las carencias habitacionales, dando un resultado igual o un poco más bajo al general, entonces invitamos a las personas que tienen más puntos que los solicitados a que vengan al Serviu y consulten".

Una vez tenida la estratificación, hay que considerar los ahorros que se requieren para cada segmento. Gajardo comentó que como este año están entrando en vigencia algunas modificaciones no se está pidiendo antigüedad, pero a partir de enero de 2016 se exigirán 12 meses desde la apertura de la cuenta.

En la clase emergente hay dos tipos de subsidios, el primero es para optar a viviendas usadas de no más de mil Unidades de Fomento, para lo que necesitan un ahorro mínimo de 30 UF. El segundo grupo, "que es el tramo 2 del título 1 permite comprar viviendas de hasta 1.600 UF y el ahorro requerido es de 40 UF, mientras que la clase media puede optar a una casa o departamento de 2.200 UF con un ahorro de 80 UF", explicó Gajardo.

El subsidio tiene una duración de 21 meses siendo renovado automáticamente si en ese período no se hace efectivo. "Después se anula y hay que volver a postular. El monto que se entrega varía, por parte alta estamos en las 600 UF y por lo más bajo, alrededor de 140 UF".

El último requisito es tener capacidad de endeudamiento para optar a un crédito hipotecario. Los postulantes deben presentar una preaprobación del banco que prestará el dinero y no existe aval por parte del ministerio.