Dos años paralizadas sumaron ayer las obras del nuevo hospital Doctor Carlos Cisternas de Calama, trabajos que eran liderados hasta el 31 de mayo de 2013 por el consorcio de capitales españoles y chilenos Comsa-Pilasi, cuyo contrato fue terminado por el Servicio de Salud de Antofagasta (SSA), argumentando faltas en las obligaciones contractuales de la empresa, que desde ese mismo día ha negado tales incumplimientos.

La discrepancia, que terminó con la judicialización del proceso por parte de la empresa que exige el pago de una deuda de $5 mil millones, más una indemnización por el término unilateral del contrato; podría destrabarse esta semana con un acuerdo extrajudicial entre las partes, representadas por el síndico de quiebras Ricardo Hoffman, por el consorcio, y del departamento jurídico del ministerio de Salud, por el SSA.

"es posible"

El actual gerente de Operaciones de la constructora, Jaime Pilasi detalló que el SSA y el ministerio han tomado contacto con Hoffman y "efectivamente" se puede llegar a una solución para destrabar el juicio que mantiene entablado el consorcio y de esa manera poder continuar con la obra que hoy presenta un estado de avance de un 62%.

Consultado el empresario sobre si este acuerdo involucra necesariamente renunciar a la indemnización que pide el consorcio, dijo que es efectivo, pero que aún resta cancelar una deuda por $5 mil millones, los que reajustados alcanzarían "sobre los $7 mil millones".

Pilasi agregó que ambas opciones requieren de un acuerdo para terminal el juicio y no llevarlo a su proceso completo, pues la segunda opción sería llamar a una nueva propuesta, "pero eso sería, por el juicio, más complejo y más largo. Hay que ser claros, una nueva propuesta demoraría fácilmente seis meses más, además nadie conoce el proyecto mejor que nosotros", advirtió.

Sobre la factibilidad de retomar las obras el segundo semestre, Pilasi dijo que es "absolutamente posible". Mientras que sobre los costos que eso involucraría explicó que "en febrero de 2014 la administración anterior hizo un intento de propuesta, que finalmente fracasó por los temas judiciales, y en esa oportunidad una empresa se presentó por $36 mil millones, unos $40, 42 mil millones de hoy".

En este punto, recalcó, son importantes los resultados que arroje el presupuesto que elabora una empresa externa, liderados por el síndico Hoffman y apoyados por la empresa y el SSA que han entregado todos los antecedentes técnicos disponibles. "Ojalá que tengamos rápido ese presupuesto y coincidamos con los que tiene el ministerio de Salud para esto", dijo sobre el estudio que estaría terminado a mediados de este mes.

Acuerdo inminente

A dos años de la detención de los trabajos, el director del servicio de Salud de Antofagasta (SSA), Zamir Nayar subrayó que existe un compromiso de destrabar durante el primer semestre de este año la situación con Comsa-Pilasi, "cosa que se está conversando con el síndico de quiebra que los representa", y agregó que existe un segundo compromiso: "reiniciar las obras el segundo semestre, lo que también puedo asegurar".

Sobre este mismo punto, el intendente regional, Valentín Volta fue aún más específico al adelantar que "hay buenas posibilidades de llegar a un acuerdo durante los próximos días, hay muy buena disposición y si eso se concreta en un buen acuerdo, extrajudicial en rigor, implicaría que efectivamente en algún minuto del segundo semestre, aunque lo más seguro es que sea el último trimestre del año, se retomen las obras", informó.

La máxima autoridad regional estimó en 18 meses el proceso de construcción de las obras restantes. "Estamos hablando que el primer semestre del año 2017 tendríamos listo el hospital de Calama (…) Lo hemos señalado en reiteradas ocasiones: es imposible tener ese edificio abandonado con un alto porcentaje de obras realizadas y una alta inversión pública, sin ser terminado. Calama, la provincia El Loa y la región, necesita el hospital y la determinación de la Presidenta Michelle Bachelet ha sido siempre terminarlo".

Nayar, por su parte, subrayó que el SSA no ha parado de trabajar, "porque venga la respuesta que venga, tenemos que tener antecedentes formales al ministerio de Desarrollo Social, que nos tiene que dar el visto bueno a todas las modificaciones presupuestarias a través de RS (recomendación favorable) (…) Estamos muy cerca de presentar la solución final y retomar obras el segundo semestre yo estoy convencido de eso", aseguró.

La Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), en su estudio del consumo de agua en la industria del cobre 2014-2025, estima que de aquí al 2025 la gran minería utilizará un 36% de agua de mar en sus procesos y que sólo la región de Antofagasta, consumirá el 40% del agua que se utiliza en minería en Chile. Escenario que un proyecto de ley presentado por los diputados Paulina Núñez y Felipe Ward, junto a otros parlamentarios, esperan revertir.

Núñez detalla que la iniciativa apunta a tres objetivos: el primero es limitar la adquisición de derechos de agua, de conformidad al artículo 110 del Código de Minería, cuando en la zona donde se extienda la respectiva concesión minera de exploración o explotación exista escasez de agua para consumo humano.

El segundo, especifica la congresista, es la obligación para las empresas de la gran minería de usar agua desalada u otros medios equivalentes en los proyectos que se presenten a tramitación ambiental desde la entrada en vigencia de la ley.

El tercero, es una obligación al Estado para que tome las medidas que sean necesarias para que a 2025 las empresas privadas usen al menos un 35% de agua de mar y las públicas un 40%, entre ellas por supuesto Codelco, además de que promueva y facilite el uso de agua de mar para actividades industriales.

Esta nueva moción parlamentaria es respaldada además por los diputados Karol Cariola (PC), Yasna Provoste (DC), Karla Rubilar (IND) y José Manuel Edwards (RN).